
Las violencias basadas en género en contextos digitales se han vuelto cotidianas para quienes trabajan y emprenden en Colombia, y afectan mayoritariamente a las mujeres. Las cifras son alarmantes con al menos el 53% de las mujeres que utilizan Internet en sus trabajos, en actividades como atender reuniones virtuales, enviar correos electrónicos o responder chats, ha sufrido algún tipo de violencia de género a través de plataformas digitales.
La cifra surge de una investigación del Observatorio para la Equidad de las Mujeres (de la Universidad Icesi y la Fundación WWB Colombia), para la cual se encuestó a 470 mujeres empresarias o trabajadoras en Bogotá, Medellín y Cali. El porcentaje de aquellas que reconoció haber sufrido violencia digital es muy superior a los comparativos internacionales.
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“Las estimaciones de la ONU para Europa dicen que el 23% de las mujeres han experimentado violencia de género en el ámbito digital. Sin embargo, nuestra encuesta revela que, en las ciudades tenidas en cuenta, este porcentaje asciende al 53%. Las agresiones más frecuentes son el envío de contenido sexual u ofensivo sin autorización, el acoso o seguimiento en redes y las amenazas en línea”, dijo Natalia Escobar, investigadora del Observatorio para la Equidad de las Mujeres.
Las violencias que acontecen en lo digital no son fenómenos aislados del mundo real, un informe de la Organización de los Estados Americanos (OEA) señala cómo el 77% de las víctimas de ciberacoso son a su vez víctimas de otras formas de violencia por parte de sus parejas, cómo las mujeres que han sufrido algún hostigamiento digital habían tenido encuentros previos en el mundo real y cómo las tecnologías pueden usarse en escenarios de violencia doméstica para ejercer mayor control sobre las parejas hasta llegar a situaciones de abuso.

Las historias
De acuerdo con testimonios recogidos por el Observatorio, Marcela, directiva de una fundación en Colombia y víctima de violencia digital, recordó el calvario que tuvo que atravesar: “Me hackearon la cuenta, crearon una cuenta falsa con mis fotos y me crearon una cuenta de OnlyFans. Escribí mil veces a Instagram, nunca respondieron… Instagram era mi plataforma de trabajo, como lo es para muchas otras mujeres”.
La investigación tipificó tres tipos de agresores anónimos: aquellos que envían contenido audiovisual sexual no solicitado, los que hacen propuestas inapropiadas con un “síndrome de proveedor” buscando que las mujeres sean sus parejas permanentes a cambio de mantenerlas económicamente, y los que invalidan sus conocimientos debido a su género, además de ejercer violencia estética criticando su apariencia física.
Otro de los hallazgos más alarmantes es que, en muchos casos, los agresores son superiores jerárquicos, compañeros de trabajo o incluso seguidores en redes sociales que aprovechan el anonimato o su posición de poder para desacreditar a las víctimas. Además, el 72% de las agresiones digitales se extienden al ámbito físico o laboral, generando un ambiente hostil e inseguro.
El relato de Juana, diseñadora gráfica, es un ejemplo de esto último: “Un colega que tiene autoridad dentro de la organización me empezó a llamar ‘bonita’, ‘hermosa’... y aunque me sentía incómoda, no lo veía raro en ese momento. Cuando le dije que tenía novio empezó a cambiar, se enojaba, me hacía pataletas y me reclamaba atención”, cuenta.
Las consecuencias van mucho más allá de un momento incómodo. El 5,5% de las encuestadas por el Observatorio para la Equidad de las Mujeres reportó altos niveles de ansiedad y estrés, y el 4,8% dijo haber tenido que salir de las redes sociales. Estas acciones limitan su presencia en el espacio público digital y afectan directamente su autonomía económica y sus oportunidades de negocio.
“Los testimonios que recogimos en esta investigación nos mostraron que hay mujeres que reducen su vida social, delegan el manejo de redes o evitan ciertos temas por miedo a ataques. Esto impacta su bienestar y desempeño profesional, puesto que el acoso en contextos laborales deteriora la productividad y la confianza”, añadió la investigadora Escobar.

¿Qué pueden hacer las empresas?
De todas las mujeres participantes en la investigación que reconocieron haber sufrido violencias de género en entornos digitales, solo el 7,2% optó por denunciar con alguna autoridad, lo que indica la necesidad de mejorar la accesibilidad, efectividad y confidencialidad de estos mecanismos. La falta de confianza en los sistemas de denuncia refuerza el ciclo de violencia y dificulta la recuperación de las víctimas.
“Muchas mujeres creen que las denuncias por violencia digital no dan resultados. En este contexto, las empresas tienen un rol clave. Aunque la mayoría de nuestras encuestadas afirmó que percibía su lugar de trabajo como un lugar libre de violencias, tres de cada diez identificaron agresiones en su entorno laboral, incluyendo acoso de empleados, socios, proveedores o clientes, y menos de la cuarta parte afirmó que su empresa tenía rutas de atención o personas designadas para atender violencias basadas en género”, indicó Natalia Cortina, investigadora del Observatorio para la Equidad de las Mujeres.
Por esto, el Observatorio recomienda crear protocolos internos, líneas de atención y mecanismos confidenciales de denuncia en cada organización. También es pertinente desarrollar módulos de formación específicos para el mundo empresarial, dirigidos tanto a empleados como a mujeres emprendedoras, para gestionar redes sociales de forma segura y proteger su identidad digital.
Todas estas acciones deben estar enmarcadas en políticas y estrategias integrales que permitan a las organizaciones incorporar el enfoque de género como parte del ADN empresarial y así transformarlo en un lugar digno, equitativo y seguro.
Además, estas acciones deben complementarse con campañas masivas de sensibilización sobre las violencias basadas en género en entornos digitales y su denuncia. En Colombia se han dado avances importantes en materia legislativa: la Sentencia T-280 de 2022 de la Corte Constitucional reconoció la violencia digital de género como una forma grave de violencia, ordenó al Congreso legislar sobre el tema y exhortó a la Fiscalía y al Consejo Superior de la Judicatura a adoptar medidas para evitar la revictimización.
En 2024, la Ley 2365 amplió el marco sancionatorio laboral para incluir el acoso y la violencia basada en género en entornos digitales, lo que obligó a los empleadores a crear mecanismos internos efectivos de denuncia y establecer medidas de protección para las víctimas. A esto se suman iniciativas legislativas como el Proyecto de Ley 247 de 2024, orientado a una protección integral frente a la violencia digital de género, y la Ley 2453 de 2025, que reconoce explícitamente la violencia digital y simbólica contra las mujeres en la política.

“Sin embargo, como ocurre con los feminicidios (donde el aumento de las penas no ha detenido los asesinatos de mujeres), la existencia de normas no se traduce automáticamente en protección real. Las víctimas siguen enfrentando rutas de denuncia confusas, institucionalidad desbordada o sin capacidades técnicas en ciberinvestigación, y plataformas digitales que no siempre cooperan ni responden con oportunidad” puntualizó Escobar.
Asimismo, afirmó que es “por eso, el desafío ya no es solo normativo: es garantizar acceso efectivo a la justicia, fortalecer las capacidades forenses digitales, asegurar respuestas oportunas de la Fiscalía, articular rutas con enfoque de género y exigir mayor responsabilidad a las plataformas tecnológicas. Solo así, la normativa existente dejará de ser un enunciado y empezará a transformar la experiencia de las mujeres en los entornos digitales”.
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