Por supuesta infiltración de las disidencias Procuraduría anunció investigación contra el director del Comando de Personal del Ejército y el director de Inteligencia

La Unidad Investigativa de Noticias Caracol llevó a cabo una revisión de archivos clasificados durante aproximadamente un año.

Según la información publicada, estos documentos contienen datos que posibilitan el mapeo de una estructura de relaciones entre líderes de las disidencias de las Farc, identificados bajo el mando de Alexander Mendoza Díaz, alias Calarcá, y altos funcionarios del Estado colombiano.

Debido a las revelaciones difundidas, la Procuraduría General de la Nación iniciará una investigación disciplinaria contra dos personas implicadas en la presunta relación con las disidencias de las Farc, según informó W Radio. Las personas investigadas son el general Juan Miguel Huertas, actual comandante del Comando de Personal del Ejército, y Wilmar Mejía, responsable de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

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Entre los elementos revisados durante la investigación se encuentran conversaciones, mensajes de correo electrónico, correspondencia escrita, fotografías y numerosos documentos.

El análisis de este material apunta a una relación directa entre miembros de las disidencias y el general Juan Miguel Huertas, encargado del Comando de Personal del Ejército Nacional, así como con Wilmar Mejía, funcionario de alto rango en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Ambos aparecen como figuras clave en la información presentada públicamente.

El informe de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol vinculó a estas dos personas con supuestos nexos con las disidencias de las Farc, señalando su participación en el asesoramiento para la creación de empresas de seguridad fachada, al estilo de las Convivir en los años noventa.

La Procuraduría llevará a cabo diligencias para verificar las funciones que desempeñan los investigados y precisar posibles irregularidades disciplinarias. Existe la posibilidad de que sean citados a versión libre.

Las indagaciones podrían extenderse a otros individuos mencionados en el informe del medio antes citado, quienes también habrían estado relacionados con estos hechos.

La Procuraduría de igual manera pedirá a la Fiscalía General de la Nación información sobre posibles investigaciones relacionadas con los hechos en cuestión y si tiene bajo custodia la evidencia incautada durante un operativo realizado el 23 de julio de 2024, en el que fue detenida una caravana vinculada a jefes de las disidencias de las Farc.

Si se confirma la existencia de estos procesos, se solicitará permiso para revisar los expedientes y acceder a la documentación. La Procuraduría expresó: “Se solicitará autorización para adelantar inspección disciplinaria a esas investigaciones y la obtención de copias de la información incautada”.

También explicaron que se iniciará “indagación en este asunto, a la que serán vinculados el brigadier general JUAN MIGUEL HUERTAS HERRERA y el señor WILMAR MEJÍA, por los hechos denunciados en el reporte de Noticias Caracol titulado «Los archivos secretos de Calarcá». Lo anterior, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 208 del CGD y de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de este proveído".

Por su parte, el procurador Gregorio Eljach se refirió públicamente a la investigación y subrayó la importancia de actuar con imparcialidad, evaluando cada caso de acuerdo con la evidencia disponible y reconociendo tanto las irregularidades como la ausencia de ellas.

“Tenemos que vernos en la línea del medio para hacer justicia, para repartir lo que corresponda a quien se salió del carril de la legalidad o reconocer cuando hay que reconocer que no hubo tal transgresión”, aseguró.

Y es que, el reportaje indicó que la autenticidad de los documentos fue verificada con miembros de las disidencias, quienes solicitaron anonimato. Un integrante del Estado Mayor Central (EMC) dijo que existieron vínculos de su organización con el general Huertas y con el director de la DNI para el establecimiento de empresas de seguridad fachada.

El integrante consultado por Noticias Caracol señaló que las disidencias de Antioquia, Catatumbo y sur de Bolívar accedieron a información reservada de las fuerzas militares para evitar operativos y otros asuntos gracias a estos contactos: “Gracias a ellos, las disidencias de Antioquia, Catatumbo y sur de Bolívar obtuvieron información clasificada de las fuerzas militares para esquivar operativos, entre otros temas”.

Los archivos analizados contienen registros de múltiples intercambios, incluyendo una carta fechada el 8 de febrero de 2024. Según Noticias Caracol, en ese documento un representante de las disidencias informó a Calarcá sobre un encuentro realizado en Bogotá con el general Huertas, quien, conforme a la investigación citada, no tenía un cargo formal en el Ejército durante ese periodo, aunque se desempeñaba como asesor en el Ministerio de Defensa, el Ejército y la Dirección Nacional de Inteligencia.

En una de las conversaciones conocidas a través de ese medio, se encontró el siguiente mensaje: “El hombre me dio buena confianza y nos propuso montar una empresa de seguridad legal (…) el general dice que la montemos mitad y mitad, que él se consigue los permisos y que nosotros pongamos los muchachos y las armas. Él dice que eso es una buena inversión porque llegado el momento en que todos estos procesos fallen, quedamos con hombres legales”.

En esa misma carta, se incluyó la siguiente frase: “El general dice que una compañía de máximo veinte hombres, que él primero consigue los permisos para pistolas y después para que nos permitan la circulación con fusiles”.

Sobre los intereses particulares del general, los guerrilleros expresaron en el documento: “Al hombre le están ofreciendo puestos altos en el Gobierno de ahora y él dice que no le quitará la demanda al general (Eduardo) Zapateiro (excomandante del Ejército Nacional), que fue quien lo destituyó y lo sacó, que él prefiere ser una púa más en el zapato para Zapateiro y lograr que pague”.

Respecto a Wilmer Mejía, el reportaje incluyó el testimonio de un mando disidente que dijo que le tenían de apodo “El Chulo” y lo señaló como responsable de establecer contactos entre grupos criminales y miembros de la fuerza pública.