La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad general de ocho años a Walter Antonio Bustamante Minotta, exedil de la Junta Administradora Local de la Comuna 9 del distrito de Cali, que ocupó el cargo entre 2020 y 2023.
“En fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad general de ocho años al exedil de la Junta Administradora Local, Comuna 9 del distrito de Cali, Walter Antonio Bustamante Minotta (2020 - 2023), por celebrar un negocio jurídico adicional al del cargo para el que resultó elegido”, señaló el Ministerio Público.
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El ente de control detalló que Bustamante Minotta firmó un contrato de prestación de servicios profesionales para apoyar la gestión distrital en la Secretaría de Infraestructura.
Este acuerdo, según la Procuraduría, tenía un plazo de ejecución entre el 3 de agosto y el 31 de diciembre de 2023, hecho que ocurrió mientras desempeñaba funciones públicas como edil.
La Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Cali indicó que el disciplinado cometió una falta disciplinaria al omitir la incompatibilidad legal que impide recibir dos remuneraciones estatales en simultáneo para quienes ejercen cargos públicos.
“La Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Cali confirmó que el servidor celebró un contrato de prestación de servicios profesionales para apoyar la gestión del distrito en la Secretaría de Infraestructura, con un plazo de ejecución comprendido entre el 03 de agosto y el 31 de agosto de diciembre de 2023, sin tener en cuenta el cargo que desempeñaba”, indicó la Procuraduría.
La decisión sostuvo que Bustamante Minotta vulneró los principios de moralidad e imparcialidad exigidos en la administración de recursos públicos. La falta fue calificada como gravísima y le fue atribuida a título de dolo, lo que determinó la sanción impuesta.
“El Ministerio Público resaltó que Bustamante Minotta vulneró con su comportamiento el principio de moralidad e imparcialidad, y quebrantó la confianza que tiene la comunidad puesta en quienes como él se encargan de la administración de los recursos, por lo que de manera definitiva calificó la falta como gravísima a título de dolo”, puntualizó la Procuraduría.
Otras sanciones
La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad por nueve años a Bernardo Orobio Riascos, exrector de la Institución Educativa Francisco José de Caldas, en Buenaventura, tras hallarlo responsable de acoso laboral contra una docente. La entidad comunicó que Orobio Riascos no podrá ocupar cargos públicos durante el tiempo establecido por la sanción.
La investigación disciplinaria concluyó que Orobio Riascos retiró de la carga académica a una profesora desde 2021 y continuó durante todo el ciclo escolar de 2022, afectando sus funciones. El exrector ignoró instrucciones claras dadas por la Secretaría de Educación y desacató disposiciones emitidas por instancias judiciales en relación con la docente, quien ocupa un cargo amparado por carrera administrativa.
El fallo, emitido por la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Cali, reconoció que las acciones del funcionario representaron una decisión arbitraria que obstaculizó el trabajo de la afectada.
Las autoridades judiciales también documentaron que Orobio Riascos negó a la maestra la oportunidad de ocupar una vacante existente en primaria, contrariando órdenes superiores.
La Procuraduría clasificó la conducta como una falta disciplinaria calificada de gravísima, atribuyendo al exrector una responsabilidad grave en los hechos investigados.
Asimismo, el Ministerio Público indicó que este comportamiento constituye desacato a las autoridades y abuso de la función administrativa que ejercía.
La decisión puede ser apelada dentro de los términos que fija la ley. Mientras tanto, Orobio Riascos queda impedido para ejercer cargos en el sector público colombiano durante el plazo de sanción establecido en la resolución.
De manera paralela, la Procuraduría General de la Nación informó que tan Banqueth Rojas, exrector de la Institución Educativa El Purnio, en La Dorada, Caldas, tras identificar irregularidades financieras durante su administración.
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