Las recientes declaraciones de Nicolás Maduro, dictador de Venezuela, sobre el posible envío de gas hacia Colombia han generado preocupación y alertas desde varios sectores políticos y empresariales.
Maduro anunció: “Ya está el gas en la frontera para pasar a Colombia. Faltan algunos elementos técnicos, económicos, y listo, pasa el gas, primer envío de gas y ahí no vamos a parar”, afirmando su propósito de reforzar la integración económica binacional.
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Tras lo anterior, el político y abogado Enrique Gómez cuestionó la política energética de la administración de Gustavo Petro a través de una publicación en X, señalando serias preocupaciones económicas e institucionales para el país.
“Petro decidió hundir a Colombia en el lodazal de las dictaduras plataneras”, afirmó Gómez.
Según el dirigente político, la potencial importación de gas venezolano representa riesgos para el sector comercial colombiano.
Gómez advirtió que “las consecuencias comerciales para el país, de darse esta entrega de gas, representa una seria amenaza para nuestro comercio exterior”.
El opositor hizo referencia al carácter autoritario del régimen de Nicolás Maduro y sostuvo que estas decisiones pueden alejar a Colombia de relaciones estratégicas y confiables.
En su pronunciamiento, Enrique Gómez tildó de “demencia, ahora sí, dictatorial” el enfoque del gobierno, acusándolo de no tener reparos para avanzar en sus acuerdos con Venezuela.
“Venezuela, entiéndanlo, @petrogustavo, es una dictadura”, enfatizó en la publicación realizada en su cuenta oficial de X.
Juan Espinal y María Fernanda Cabal también se despacharon en contra de esta idea: “No vamos a permitir que Ecopetrol termine como Pdvsa”
Desde el Congreso de la República, el representante del Centro Democrático Juan Espinal advirtió sobre los riesgos vinculados a la compra de gas venezolano. Espinal sostuvo que esta operación “podría configurarse como una amenaza directa para nuestro comercio exterior”, señalando la posibilidad de sanciones y nuevas barreras comerciales.
Respaldó su argumento con cifras obtenidas en un derecho de petición al Ministerio de Comercio, donde se advierte que depender de Pdvsa, estatal petrolera venezolana, pondría en riesgo a unas 3.200 empresas y más de 600.000 empleos ligados al mercado estadounidense.
Según Espinal, “se impondrían aranceles, automáticamente, hasta del 25%”.
El representante mencionó un posible acuerdo entre los mandatarios Gustavo Petro y Maduro, citando acercamientos previos y añadiendo que “Colombia no puede depender energéticamente de la dictadura”.
Semana precisó que Espinal llamó a retomar los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos en el país, advirtiendo sobre la vulnerabilidad energética: las reservas probadas de gas en Colombia solo alcanzarían para 5,8 años si no se desarrollan nuevas fuentes, mientras se mantienen en suspenso los pilotos de fracking.
Por último, la senadora María Fernanda Cabal manifestó su rechazo a la posible compra de gas por parte del Gobierno de Gustavo Petro al régimen de Nicolás Maduro. A través de su cuenta de X, la congresista advirtió sobre graves riesgos para la empresa estatal colombiana.
“En Colombia las ramas del poder público, Legislativo y Justicia se deben unir urgentemente para evitar que Petro lleve a Ecopetrol a la lista Clinton como está él y su amigo socio el narcodictador Nicolás Maduro”, publicó Cabal.
La integrante del Congreso argumentó que la decisión oficial pondría en peligro la estabilidad y reputación internacional de Ecopetrol, la mayor compañía petrolera del país.
Según la senadora, establecer vínculos comerciales con Venezuela podría derivar en fuertes sanciones financieras y aislamiento de mercados extranjeros.
Cabal insistió en que “no vamos a permitir que Ecopetrol termine en la misma situación de Pdvsa”, la empresa pública venezolana que fue objeto de sanciones y restricciones internacionales.
Estas declaraciones surgen en medio del debate nacional sobre la conveniencia de importar gas venezolano y las consecuencias para la economía local.
Sectores políticos opositores consideran que cualquier acuerdo de este tipo podría acarrear repercusiones legales y comerciales, por lo que han solicitado a las instituciones del Estado intervenir para evitar posibles daños a intereses estratégicos del país.
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