El general (r) José Henry Pinto Rodríguez presentó su renuncia al cargo de director de la Aeronáutica Civil, según confirmó el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), en un momento crítico para la infraestructura aeroportuaria del país, marcado por retrasos y paralizaciones en proyectos estratégicos.
Pinto Rodríguez, quien asumió la dirección de la entidad en mayo de 2025, había sido designado por su experiencia en la Fuerza Aeroespacial Colombiana y su gestión reciente al frente del Club Militar.
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Durante su gestión, se destacó por su perfil: más de nueve mil horas de vuelo, formación en Ingeniería Civil y Administración Aeronáutica, Maestría en Seguridad y Defensa Nacional, y estudios en alta dirección empresarial y liderazgo digital en el Inalde Business School.
Controversia con su nombramiento
Sin embargo, su nombramiento se produjo pese a cuestionamientos previos relacionados con su participación en la firma Transpacíficos desde 2015.
De acuerdo con El Colombiano, Pinto Rodríguez compartió sociedad en esa empresa con Danilo Chávez, quien fue denunciado por la DEA y se declaró culpable en Estados Unidos por realizar transferencias de dinero desde Panamá, Venezuela y Rusia sin la debida licencia.
Las actas de Transpacíficos revelan que junto a Pinto figuraban como socios los hermanos Mateo, Danilo y Juan Sebastián Chávez Lozano, así como su madre, María Isabel Lozano González, quien presidía la compañía.
El entorno familiar de los Chávez también ha sido objeto de investigaciones. El “patriarca” del grupo, Danilo Alfonso Chávez, fue capturado en 2000 como integrante de la banda Los Niches, vinculada al narcotraficante Jorge Eliécer Asprilla. El Tribunal Superior de Bogotá informó que Chávez fue condenado a diez años de prisión.
En 2022, cuando el presidente Gustavo Petro intentó nombrar a Pinto en un cargo público, los abogados del general en retiro aseguraron que este “no tiene ninguna relación o injerencia” en las investigaciones contra Danilo Chávez ni en otros procesos internacionales, lo que impidió que aquel nombramiento prosperara.
El problema del aeropuerto de Tolú
Entre los proyectos más relevantes durante su gestión se encuentra la modernización del Aeropuerto Internacional Golfo de Morrosquillo en Tolú, Sucre.
Según el informe del medio Las2orillas, el contrato fue adjudicado por la Aeronáutica Civil al Consorcio Aeropuerto Tolú SC, conformado por KMA Construcciones —de Aníbal Ojeda Carriazo y la familia Amin— y el Grupo Empresarial LHS —de Luis Héctor Solarte y su hijo Luis Fernando Solarte—, a través de Sonacol SAS y Constructora LHS.
La obra contempla la ampliación de la pista, la calle de rodaje y la plataforma, construcción de franjas de seguridad, instalación de sistemas de ayudas visuales, señalización y demarcación, y un sistema hidráulico para la pista.
El aeropuerto fue cerrado el 25 de agosto para permitir las obras. Aunque la reapertura estaba prevista inicialmente para el 25 de octubre, la fecha fue postergada al 25 de noviembre sin explicación clara, mientras las autoridades aseguraban que todo estaba “bajo control”.
Sin embargo, una comunicación oficial de la Aeronáutica Civil del 29 de octubre advirtió que solo estaría habilitada una pista de 1.300 metros, insuficiente para recibir aeronaves Jet A-320, incumpliendo así el objetivo presidencial de fortalecer la conectividad aérea y el turismo en la región, de acuerdo con el medio citado.
Esta situación ha provocado cancelaciones de reservas, caída de paquetes turísticos, operadores sin itinerarios, turistas redirigidos a Cartagena, Montería y Barranquilla, hoteles semivacíos y pérdidas millonarias para comerciantes locales.
La preocupación por el estado de la obra se profundizó tras una carta enviada al procurador Gregorio Ejach por Emiro Arrazola, empresario considerado el principal impulsor del aeropuerto durante más de 45 años.
Arrazola advirtió sobre graves deficiencias y solicitó intervención urgente del Estado, señalando que de abrirse la terminal en las condiciones actuales, los pasajeros despegarían y aterrizarían en una pista sin cerramiento reglamentario, con franjas de seguridad incompletas y obras críticas aún inconclusas.
En su misiva, responsabiliza directamente a Pinto Rodríguez de un manejo “caótico, improvisado y perjudicial” del proyecto, exigiendo inspección técnica presencial de la Procuraduría antes de cualquier reapertura.
Aunque Pinto Rodríguez buscó impulsar la seguridad aérea como un principio “intangible no negociable” y fortalecer la infraestructura aeroportuaria, la crisis en Tolú deja en evidencia falencias en la supervisión de obras estratégicas y compromete la percepción sobre su gestión.
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