El viernes 21 de noviembre se conoció el borrador de decreto de la Función Pública en el que se proponen modificaciones a los requisitos para ocupar los cargos de embajador extraordinario y plenipotenciario y cónsul general central.
De acuerdo con dicho borrador, ya no será obligatorio contar con un título profesional ni de posgrado para acceder a estos cargos diplomáticos; será suficiente con ser ciudadano colombiano por nacimiento y tener más de 25 años.
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“En excepción a lo previsto en este artículo, para el desempeño de los empleos de libre nombramiento y remoción de embajador extraordinario y plenipotenciario y de cónsul general central no serán exigibles los requisitos generales de formación académica, experiencia profesional o equivalencias establecidos en el presente decreto. En estos casos, bastará con ser nacional colombiano por nacimiento en ejercicio de su ciudadanía y tener más de veinticinco (25) años”, indica el documento puntualmente.
Ante este cambio normativo, la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular de Colombia (Unidiplo) y la Asociación Diplomática y Consular de Colombia (Asodiplo) expresaron su preocupación por la eventual entrada en vigor de la propuesta.
Ambas organizaciones indicaron en un comunicado su “profunda consternación y enérgico rechazo” por la publicación del proyecto de decreto.
Según la declaración, consideran que la medida eliminaría los requisitos exigidos actualmente en materia de formación académica, experiencia profesional, conocimiento de idiomas y otros criterios mínimos necesarios para los nombramientos en estos cargos.
Las organizaciones señalaron que la iniciativa, contenida en el borrador titulado “por el cual se modifica el parágrafo 2 del Artículo 2.2.2.4.10 del Capítulo 4 del Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública”, elimina los requisitos generales de formación académica y experiencia profesional.
Advirtieron que la medida, sumada a la reciente modificación del manual de funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores (Resolución 10142 del 19 de agosto de 2025), constituye un retroceso institucional.
Criticaron que ambas decisiones “socavan la profesionalización del servicio exterior, desconocen el valor del mérito y rompen el equilibrio entre la carrera diplomática y los cargos de libre nombramiento”, equilibrio que, según sus organizaciones, ha representado una garantía para la adecuada representación del país en el exterior durante décadas.
El comunicado destaca la eliminación de requisitos para los cónsules generales centrales, que, según las asociaciones, tienen bajo su responsabilidad asuntos sensibles como la protección y asistencia consular, trámites migratorios, notarías, repatriaciones y la atención jurídica y social a millones de colombianos en el extranjero.
Sostienen que el desempeño eficiente de estas funciones requiere un conocimiento técnico y normativo especializado, y que la supresión de criterios mínimos de idoneidad puede traducirse en afectaciones directas a los derechos de los ciudadanos colombianos que residen fuera del país.
De igual modo, indicaron que los embajadores no cumplen roles solo simbólicos, pues de su gestión dependen decisiones clave en materia de acuerdos internacionales, visas, cooperación en seguridad y salud, y la defensa de la imagen e intereses de Colombia ante el mundo.
Para las asociaciones, permitir que estas posiciones puedan ser ocupadas por personas carentes de formación profesional, experiencia y méritos atenta contra el servicio diplomático y compromete los intereses nacionales.
Como respuesta, Unidiplo y Asodiplo anunciaron su disposición a iniciar acciones legales para la defensa de la Carrera Diplomática y Consular. Ambas entidades reiteraron su llamado para que el Ministerio de Relaciones Exteriores fortalezca, y no debilite, la misión institucional del servicio exterior.
“Reiteramos que Colombia requiere y merece una diplomacia ejercida bajo estándares profesionales altos, que garanticen que quienes representen al país y quienes atiendan a nuestros connacionales cuentan con las competencias mínimas para hacerlo. No se trata solo de institucionalidad: se trata de proteger a los colombianos y a los intereses del país”, indicó el comunicado.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro se refirió a las críticas surgidas principalmente desde sectores políticos y sindicatos diplomáticos, recordando que la dirección de la política exterior corresponde al jefe de Estado. “El presidente de la República dirige las relaciones exteriores por orden constitucional, y tal facultad se ejerce a través de la canciller y sus embajadores”, afirmó el mandatario.
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