Por medio de un comunicado, el Colectivo Justicia Racial denunció la presunta “retención ilegal” de un menor de edad por parte del Estado colombiano. La organización está representando a la familia Vilches y al menor afectado, así como también está acompañando a niños y niñas y a sus familias víctimas de operaciones militares llevadas a cabo en Leticia, Guaviare, Cauca y Arauca.
“La organización se ve en la obligación de sacar este comunicado porque hay menores heridos y retenidos por la Fuerza Pública”, indicó el CEO del colectivo y candidato al Senado por el Pacto Histórico Alí Bantú Ashanti.
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De acuerdo con la comunicación emitida, el menor de edad en cuestión (L.C.A.V.) permanecería retenido ilegalmente por el Estado colombiano desde el 1 de octubre de 2025. El joven fue capturado por las autoridades en medio de una operación militar adelantada entre Puerto Santander (Norte de Santander) y Mirití-Paraná (Amazonas).
La familia del menor desconoce el paradero del menor y en qué condiciones se encuentra. Por ahora se tiene certeza de que no está bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf).
“A la fecha, no se ha informado sobre su estado de salud, ubicación o instancia jurídica. Asimismo, no ha sido puesto a disposición del Icbf, como exige la ley para la protección inmediata de niños, niñas y adolescentes”, precisó el colectivo.
Aunado a ello, la organización denunció que funcionarios de Naciones Unidas han ingresado a territorios rurales buscando a familiares de los menores víctimas de un bombardeo. Al parecer, los allegados de los niños, niñas y adolescentes fueron revictimizados, y ahora enfrentan presiones y temor, mientras viven el duelo.
“Estas intervenciones ocurren justo después de las acciones judiciales interpuestas y de la admisión para que el Estado entregue la información pertinente sobre el menor sobreviviente, cuyo paradero es desconocido”, aclaró.
En consecuencia, el colectivo interpuso una acción de Habeas Corpus, solicitando la liberación inmediata del menor de edad. Esta petición fue admitida por un juez de la República, quien emitió una orden dirigida a las autoridades, indicando que deben revelar información sobre las condiciones en las que se encuentra el menor.
Ante esta situación, la organización hizo tres exigencias dirigidas al Estado colombiano y a la Organización de las Naciones Unidas (ONU):
- Que Naciones Unidas suspenda las acciones que se están adelantando en los territorios afectados por los bombardeos, con las que estarían ejerciendo presión y revictimización sobre las familias. Pidió que se respeten las decisiones judiciales colombianas.
- Garantías de protección inmediata para los familiares, por el riesgo que corren actualmente.
- Que el Estado colombiano cumpla la orden impartida por el juez y entregue un informe detallado de la situación real del menor de edad presuntamente retenido. De igual manera, solicitó que se garantice la protección de su integridad y su liberación.
Bombardeos han dejado varios menores de edad muertos
La denuncia del colectivo surge en medio de la polémica que se ha generado por la decisión del Gobierno del presidente Gustavo de ejecutar bombardeos para combatir grupos armados. En los ataques han muerto varios menores de edad; el más reciente se registró el 10 de noviembre de 2025 en Guaviare y derivó en la muerte de siete adolescentes.
De acuerdo con el primer mandatario, la operación militar fue necesaria para evitar que 20 uniformados del Ejército Nacional fueran atacados por las disidencias de las Farc. Y, en una alocución presidencial, aseguró que los menores de edad que murieron hacían parte de las filas armadas de la organización criminal.
“No estamos hablando de niños que pasaban por ahí o de niños que estaban en un caserío o en una ciudad y fueron bombardeados. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de niños menores de edad que han sido incorporados”, detalló.
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