
El Gobierno nacional anunció una nueva línea de crédito dirigida a asociados de cooperativas de ahorro y crédito, así como a fondos de empleados, con el objetivo de facilitar el mejoramiento de viviendas y reducir el déficit cualitativo habitacional en Colombia.
La iniciativa, articulada entre el Ministerio de Vivienda, la Superintendencia de Economía Solidaria, Findeter y el Fondo Nacional de Garantías, busca ofrecer nuevas herramientas que permitan a los sectores populares acceder a recursos sin necesidad de garantía hipotecaria.
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La ministra de Vivienda, Helga María Rivas Ardila, recalcó la prioridad de impulsar tanto al sector asociativo como al cooperativo.
Según explicó, estos sectores cuentan con presencia en las regiones y conocen de primera mano las necesidades de las familias.

“Como Gobierno del Cambio, reconocemos y valoramos el aporte y la iniciativa de los hogares para autogestionar sus soluciones de habitacionales. Por eso hemos desarrollado instrumentos para que hacer mejoramiento de vivienda a través de herramientas normativas, financieras y técnicas que contribuyan a disminuir el déficit cualitativo”, afirmó la funcionaria.
El Gobierno ha promulgado 17 decretos para transformar la política integral de hábitat en el país.
Rivas Ardila detalló que estas disposiciones sientan las bases para que los hogares accedan a nuevos mecanismos de financiamiento y gestión, dirigidos a facilitar intervenciones que eleven la calidad de vida en barrios y comunidades.
La superintendenta de Economía Solidaria, María José Navarro Muñoz, explicó que la nueva línea de crédito no requerirá garantía hipotecaria, lo que eliminó una de las principales barreras de acceso al financiamiento para miles de familias de los estratos 1 y 2.
“Esto permitirá a miles de familias de estratos 1 y 2 acceder a recursos para mejorar las condiciones de su vivienda, elevando su calidad de vida”, dijo la ejecutiva, quien también añadió que desde la Supersolidaria se trabaja en el desarrollo de instrumentos normativos que fortalezcan a cooperativas y fondos de empleados.

Un año atrás, el sector solidario suscribió el “Pacto por la Democratización del Crédito Asociativo, Solidario y Popular”, promovido por el Gobierno del Cambio, que busca abrir el acceso a crédito en condiciones más equitativas para sectores históricamente excluidos.
De acuerdo con Claudia Alzate Jaramillo, vicepresidenta Comercial de Findeter, para operar la nueva línea de crédito se amplió la cobertura de redescuento a las cooperativas.
“Habilitamos mejoramientos sin garantía hipotecaria y vinculamos a 13 nuevos intermediarios financieros de la economía solidaria. Además, estamos gestionando una adición de recursos por $1 billón para esta línea, con el propósito de ampliar aún más su alcance y garantizar que las familias en los distintos territorios accedan a mejores oportunidades de financiación”, detalló Alzate Jaramillo.
El fortalecimiento del Fondo Nacional de Garantías (FNG) es otro de los ejes del programa. Jorge Enrique Arévalo Cáceres, vicepresidente del FNG, señaló el papel de la entidad como facilitador del acceso al crédito para afiliados a cooperativas y fondos de empleados.
Según Arévalo “estamos comprometidos con facilitar recursos de crédito para el mejoramiento de vivienda, que hace parte de la transformación social del país. En esta línea de crédito subimos el techo del crédito a 36 salarios mínimos mensuales legales vigentes”.
El lanzamiento de esta línea de crédito refuerza el compromiso del Gobierno nacional de dinamizar el Pacto por el Crédito Solidario y robustecer la economía popular. El programa está dirigido a familias de estratos bajos que, por sus condiciones, se encuentran excluidas de la oferta tradicional de la banca comercial y necesitan soluciones inmediatas para modificar o mejorar sus viviendas.
La articulación interinstitucional en la que convergen el Ministerio de Vivienda, la Superintendencia de Economía Solidaria, Findeter y el Fondo Nacional de Garantías apunta a incrementar la capacidad de los territorios para gestionar recursos y atender las brechas habitacionales.
Con la integración de nuevas entidades intermediarias y el incremento de los fondos disponibles, el Ejecutivo avanza en la meta de transformar la calidad de vida para miles de colombianos que buscan mejores condiciones en su entorno habitacional.
Las declaraciones oficiales difundidas en el lanzamiento subrayaron que el nuevo instrumento permitirá a los hogares autogestionar las mejoras y reformas necesarias en sus viviendas, aprovechando instrumentos normativos y financieros sin las restricciones tradicionales de la banca. “Por eso hemos desarrollado instrumentos para que hacer mejoramiento de vivienda a través de herramientas normativas, financieras y técnicas que contribuyan a disminuir el déficit cualitativo”, reiteró la ministra Rivas Ardila.
La posibilidad de obtener créditos sin garantía hipotecaria facilita la ejecución de obras y reparaciones destinadas a mejorar factores estructurales, de habitabilidad o servicios básicos, que suelen representar el mayor reto para los estratos populares.
El incremento del monto máximo a 36 salarios mínimos busca ampliar el alcance del programa y permitir intervenciones más significativas en viviendas de sectores vulnerables.
Con este anuncio, el Gobierno nacional introduce un nuevo mecanismo para apoyar la economía popular y fomentar acciones concretas en el mejoramiento del entorno urbano y rural.

Las entidades involucradas coincidieron en que la medida fortalecerá las acciones territoriales y contribuirá a la meta de reducción del déficit habitacional.
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