El caso de María Teresa Suárez, una exfiscal reconocida por su labor en la lucha contra el narcotráfico en Colombia, dio un giro inesperado tras la emisión de una sentencia condenatoria en su contra por prevaricato.
La funcionaria, que durante más de veinte años formó parte de la Fiscalía General de la Nación y llegó a recibir el prestigioso premio Enrique Low Murtra, se encuentra actualmente prófuga de la justicia, según informaron fuentes del proceso.
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La investigación judicial reveló que Suárez, que ocupó cargos de alta responsabilidad en la dirección contra el narcotráfico, utilizó su posición para favorecer a miembros de organizaciones criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes.
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De acuerdo con la acusación presentada por la Fiscalía, la exfiscal intervino en procesos relacionados con el camuflaje de drogas en furgones y camionetas, adoptando decisiones que beneficiaron directamente a los procesados.
La gravedad de sus actuaciones fue tal que varios jueces alertaron sobre las irregularidades detectadas en los procedimientos.
En el escrito de acusación, la Fiscalía detalló que Suárez no solo omitió fundamentos jurídicos sólidos para justificar la participación de los procesados en los hechos investigados, sino que actuó de manera dolosa para favorecerlos.
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El documento señala que “la Fiscalía no ofreció ningún sustento jurídico para explicar el grado de participación de cada uno de los procesados en las conductas puntuales aquí investigadas y únicamente se limitó a indicar que dicha adecuación típica fue producto de un concienzudo análisis de los elementos materiales probatorios”.
El fallo emitido el miércoles 19 de noviembre por un magistrado del Tribunal de Bogotá concluyó que Suárez era penalmente responsable de los delitos de prevaricato por acción agravada y continuada.
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La sentencia subraya que la exfuncionaria ejerció sus funciones de manera irregular y a cambio de beneficios económicos. La acusación advierte.
“En los hechos presentados es evidente que pretendieron conocer las posturas judiciales y los principios constitucionales que consultar, obviamente doloso, pretendió favorecer a los procesados en el acto de imputación, pues es claro que con base en que los medios de conocimiento advirtieron la existencia de una organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes”, dice en la sentencia.
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Tras conocerse la primera condena y luego de haberse pensionado, Suárez optó por huir de la justicia. Diversas versiones apuntan a que se encontraría fuera del país, específicamente en Estados Unidos. Ante esta situación, la Fiscalía anunció que solicitará órdenes de captura internacional con el objetivo de lograr su detención y que responda en Colombia por los delitos que se le imputan.
Corte Suprema impone pena a exmagistrado por cancelar orden de captura
La Corte Suprema de Justicia condenó a Tailor Ivaldy Londoño Herrera, exmagistrado del Tribunal Superior de Cartagena, a cuatro años y tres meses de prisión domiciliaria por el delito de prevaricato por acción, tras cancelar la orden de captura contra un exmilitar sentenciado por secuestro y homicidio.
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La decisión judicial subrayó la gravedad de la conducta del exmagistrado, al afirmar que “la conducta desplegada por el acusado reviste superlativa gravedad porque con ella desconoció de manera palmaria el propósito de las medidas provisionales conforme el artículo 7° del Decreto 2591 de 1991, cuya teleología no es otra que servir de herramienta para proteger derechos fundamentales vulnerados o bajo amenaza de afrenta mientras se dicta fallo en la acción constitucional de tutela”, según la sentencia de la Corte Suprema de Justicia.
Además de la pena privativa de la libertad, Londoño Herrera deberá pagar una multa de 70,83 salarios mínimos y estará inhabilitado durante 85 meses para ejercer funciones públicas. Para acceder al beneficio de prisión domiciliaria, el exmagistrado tendrá que consignar una garantía equivalente a cinco salarios mínimos.
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La investigación se originó después de que Londoño Herrera anulara, el 7 de octubre de 2015, las medidas de captura contra Alexander Moreno Carvajal, exintegrante del Ejército Nacional condenado a 33 años de prisión por secuestro y homicidio. El proceso también determinó que el exmagistrado modificó documentos y retrasó trámites para que vencieran los plazos de una tutela relacionada con el caso.
En la misma sentencia, la Corte Suprema absolvió a Londoño Herrera de los cargos de falsedad ideológica y material en documento público, y declaró prescrita la acusación por prevaricato por omisión.
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El tribunal justificó la prisión domiciliaria al considerar que “la patología ostenta la condición de grave e incompatible con la vida en reclusión formal”, según el diagnóstico médico legal presentado por la defensa.
La decisión es de primera instancia y admite recurso de apelación, aunque hasta el momento no se ha informado si Londoño Herrera lo presentará.
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