Expareja del abogado Miguel Ángel del Río lo acusó de violencia física, entrampamiento en el caso Uribe y tráfico de influencias

Ximena Bustamante, abogada y socia fundadora de la firma Miguel Ángel del Río Abogados, denunció haber sido víctima de un presunto entrampamiento y una campaña de desprestigio, que atribuye a su expareja, el abogado Miguel Ángel del Río (con quien duró 8 años), y a Manuel Castañeda, cliente de la firma que ambos compartían.

Según lo expresado por Bustamante en entrevista con Semana, estas acciones no solo habrían buscado perjudicarla en el ámbito personal y profesional, sino también influir en el proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe.

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Bustamante sostiene que la maniobra en su contra incluyó la fabricación de pruebas y la difusión de información falsa para vincularla con figuras como el abogado Diego Cadena, todo en un contexto de violencia, manipulación y tráfico de influencias.

Según relató al medio, su relación con Del Río, iniciada cuando ella tenía 23 años, estuvo marcada por episodios de violencia física y psicológica, así como por dinámicas de control y exclusión en el ámbito profesional.

Tras decidir separarse debido a los constantes conflictos y maltratos, Del Río habría emprendido una serie de acciones destinadas a aislarla de la firma que ambos fundaron y a dañar su reputación. “He sido testigo de la red de tráfico de influencias que él maneja y de cómo la ha utilizado para perjudicarme a mí y a mi familia”, afirmó Bustamante. Relató que, luego de su salida, fue excluida de los escenarios con clientes y enfrentó una estrategia que buscaba dejarla con deudas y problemas legales.

En el centro de las acusaciones está el presunto montaje que, según Bustamante, Del Río y Castañeda habrían ejecutado como agentes provocadores. Bustamante detalló que fue citada a una reunión en su propia oficina, consciente de la presencia de cámaras, y que posteriormente Castañeda intentó contactarla para encuentros fuera del entorno laboral, aparentemente con la intención de grabarla o tomarle fotografías comprometedoras.

Al negarse a estos encuentros, comenzó a recibir amenazas directas, incluso de Wadith Velásquez, investigador y mano derecha de Del Río, quien le advirtió sobre riesgos para su vida y la de su familia. “Miguel Ángel y Manuel Castañeda tenían planeado actuar como agentes provocadores en el entrampamiento, inicialmente conmigo, y luego con repercusiones en el proceso de Álvaro Uribe”, afirmó.

Bustamante negó cualquier vínculo con Diego Cadena y subrayó que su único interés al buscar asesoría legal con Abelardo de la Espriella era proteger sus derechos tras la ruptura con Del Río. Según su versión, la supuesta relación con Cadena fue fabricada para perjudicarla y vincularla a un contexto político y mediático que nunca buscó. “Jamás he sido seguidora de Uribe ni he tenido ningún vínculo político”, enfatizó.

Además, aseguró ante Semana que, tras la separación, Del Río continuó realizando poderes de representación y gestiones jurídicas en favor de Castañeda, mientras simultáneamente la acusaba de traición y de filtrar información. En medio de este conflicto, recibió llamadas y mensajes intimidatorios, y su familia fue objeto de hostigamiento y seguimientos, lo que la llevó a temer por su seguridad.

En el plano personal, Bustamante describió una relación marcada por el aislamiento, la degradación y la violencia. Narró que Del Río la acusaba de infidelidad, la descalificaba y llegó a agredirla físicamente. “Una de esas veces me golpeó en la cara y, en ese momento, él se arrodilló y me lloró y me dijo: ‘Perdón, fue sin culpa, fue sin culpa, yo no quería hacerlo’”, recordó. Explicó que la decisión de separarse se consolidó tras descubrir infidelidades y manipulación, así como por el poder que Del Río ejercía sobre su familia y entorno profesional.

La situación se agravó con la aparición de Railin Elizabeth Yepes, actual pareja de Del Río, quien, según Bustamante, también participó en episodios de intimidación y amenazas. En una diligencia en la comisaría, relató que fue confrontada por Del Río, Yepes y el esquema de seguridad del abogado, y que recibió amenazas directas tanto de Yepes como de Velásquez.

“Una de las amenazas que me hacía Miguel Ángel era que si yo me atrevía a denunciar o me atrevía a ir en contra de él, los que tenían que perder eran mis familiares y eso nunca se me va a olvidar”, relató.

En el ámbito institucional, Bustamante denunció ante Semana la existencia de una red de tráfico de influencias que, según ella, Del Río habría utilizado para obtener favores y contratos en entidades públicas como la Sociedad de Activos Especiales (SAE), la Contraloría y el Ministerio de Minas.

Afirmó haber presenciado gestiones para la entrega de vehículos y la obtención de cargos, así como la intermediación en licitaciones y la recepción de dinero de figuras como Euclides Torres. “Conocí a Nicolás Petro y a Germán Londoño porque trabajé en la campaña para la cual había sido invitado Miguel Ángel del Río. Él se la pasaba todo el tiempo con Nicolás”, explicó, añadiendo que fue testigo de conversaciones sobre contratos y favores en entidades estatales.

Bustamante también mencionó la relación de Del Río con el vicecontralor Carlos Mario Zuluaga y con Sebastián Caballero, expresidente de la SAE, señalando que existen pruebas de solicitudes de vehículos y de prórrogas en auditorías a cambio de favores. “Las pruebas hablan solas, no tengo mucho más que decir”, sostuvo.

En cuanto a la relación de Del Río con la fiscal general Luz Adriana Camargo, Bustamante expresó su preocupación por la cercanía entre ambos y por la supuesta influencia que el abogado tendría sobre fiscales y funcionarios judiciales. “Eso mismo presencié con muchas personas, incluyendo fiscales, pero lo más grave es que una de sus apreciaciones y de lo que él decía era que él tenía a los fiscales en su bolsillo”, declaró, cuestionando las garantías de seguridad y transparencia en los procesos que la involucran.

Finalmente, Bustamante denunció irregularidades en la solicitud de protección ante la Unidad Nacional de Protección (UNP) por parte de Del Río, señalando que el abogado habría presentado información falsa sobre la duración de su relación y sobre supuestas amenazas para justificar medidas de seguridad. “¿A quién le mintió?, ¿a la comisaría?, ¿a la UNP?, ¿a mí?”, se preguntó.