Reforma tributaria: por error administrativo se frenó la discusión del articulado en el Congreso

El inesperado aplazamiento del debate sobre la reforma tributaria en el Congreso puso en evidencia las tensiones y la falta de coordinación que rodean el trámite de esta iniciativa, considerada prioritaria para el gobierno de Gustavo Petro.

La sesión conjunta de las Comisiones Económicas de Senado y Cámara, prevista para este miércoles 19 de noviembre, no pudo instalarse debido a un error administrativo: la mesa directiva de la Cámara de Representantes no expidió a tiempo la resolución que autorizaba la reunión conjunta, un requisito indispensable según el reglamento legislativo.

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La ausencia de este documento, que requería las firmas de los vicepresidentes de la Cámara, Juan Sebastián Gómez y Daniel Carvalho, impidió que la sesión se considerara formal.

Aunque los congresistas estaban citados desde las 8 a. m., la falta de la resolución bloqueó cualquier avance y, tras una hora de espera y revisión de la Ley 5a., se concluyó que no era posible continuar sin incurrir en vicios de procedimiento.

La resolución llegó finalmente, pero de manera extemporánea, lo que llevó a levantar el encuentro legislativo en el que se esperaba la presentación del ministro de Hacienda, Germán Ávila, sobre los detalles del proyecto.

El senador Carlos Meisel calificó la situación como un vicio administrativo que impide iniciar la discusión formal, y expresó su inconformidad: “Hay que cumplir con los trámites, la Cámara no firma una resolución para autorizar las conjuntas y la presentación del ministro hace parte del debate”, dijo.

Además, criticó la actitud del Gobierno, señalando: “Los debates tienen unas horas, cronogramas y procedimientos que el Gobierno insiste en querer pasárselos por la faja y ya este actuar ilegal del Gobierno ya se vuelve paisaje nacional”.

Desde la Cámara de Representantes, Óscar Darío Pérez anticipó un panorama adverso para la reforma, al afirmar que la ley de financiamiento no cuenta con los votos suficientes en varias comisiones.

Según Pérez, “Yo le veo muy pocas posibilidades, ya que al menos dos comisiones de las cuatro, tienen las mayorías para negar este proyecto. La Comisión Tercera del Senado la veo muy decidida, igualmente en la Cuarta de Senado y tampoco le veo mayorías en la Tercera de Cámara”.

El representante también criticó que, pese a las promesas del Gobierno, la reforma no excluyó los impuestos a la cerveza, sino que “lo agravaron subiendo todavía más las tasas”, y añadió: “Dijeron que le iban a quitar el impuesto a la gasolina y al Acpm, pero lo mantuvieron para el carbono y todos estos insumos que pegan contra el precio de la gasolina y los combustibles”.

El ambiente en el Congreso es de escepticismo y tensión. Muchos parlamentarios consideran inviable aprobar una iniciativa que introduce $16 billones en nuevos impuestos, suma que ya está contemplada como fuente de financiación en el Presupuesto General de 2026.

La postergación del debate se produce en un contexto político complejo, con mayorías que ya habían manifestado su intención de rechazar la reforma incluso antes de la fallida sesión.

Mientras se intentaba resolver el impasse administrativo, algunos legisladores expresaron su indignación. Olga Lucía Velásquez fue enfática al exigir que la Procuraduría General investigue la actuación de los vicepresidentes de la Cámara, al considerar que obstruyeron un trámite legislativo reglado.

Velásquez argumentó: “Mi rechazo rotundo a la mesa directiva de la Cámara. No está bien que los dos vicepresidentes obstruyan un trámite legislativo reglado. Están incumpliendo la ley 5a. No es un tema de si quiero o no quiero. Es una obligación de ley, una función administrativa, autorizar las sesiones de las comisiones conjuntas. Me parece el colmo que la mesa directiva de esta Cámara no cumpla con sus funciones. Claramente, es una falta disciplinaria”.

Desde la oposición, Juan Felipe Lemus anunció su retiro del recinto mientras se resolvía la situación, y Carlos Meisel reiteró su disposición a debatir, aunque calificó la propuesta de Ley de Financiamiento como “nefasta”.

El Gobierno, consciente de la posibilidad de que la reforma no prospere, ha reconocido que trabaja en alternativas para asegurar los ingresos de 2026, enfocándose en una estrategia de reactivación económica que permita dinamizar sectores productivos sin depender exclusivamente del aumento de tarifas o la creación de nuevos tributos.

Este plan busca mitigar el impacto fiscal en caso de que la reforma se hunda, un escenario que varias bancadas consideran probable, especialmente porque el período de sesiones está a menos de un mes de concluir y los coordinadores ponentes disponen de apenas quince días calendario desde el 30 de octubre para entregar el texto consolidado.

El cronograma legislativo, ya ajustado, enfrenta la presión de múltiples proyectos rezagados y profundas fracturas políticas. Si la ponencia no se presenta a tiempo, el trámite podría extenderse hasta diciembre, lo que reduciría aún más las posibilidades de aprobación y reabriría el debate sobre la viabilidad de la ley de financiamiento.

En caso de que la reforma no avance, el Ministerio de Hacienda tendría que recurrir a aplazamientos, recortes o endeudamiento adicional para equilibrar las cuentas, una perspectiva que genera preocupación entre analistas y legisladores, dado que el déficit fiscal ya se encuentra en niveles elevados.

Por el momento, las Comisiones Económicas fueron convocadas nuevamente para el martes 25 de noviembre, con el objetivo de escuchar la exposición del ministro de Hacienda sobre el proyecto. El Gobierno Nacional anunció que continuará trabajando directamente con los coordinadores ponentes y los responsables de la Ley de Financiamiento, con la intención de ajustar los detalles finales de la iniciativa y buscar su aprobación antes del 20 de diciembre.