La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes adelantará el martes 18 de noviembre una diligencia en el despacho de la fiscal Lucy Laborde, en Barranquilla, con el fin de obtener material relevante dentro de la investigación por presunta financiación irregular de la campaña Petro Presidente en 2022.
La actuación se suma a otras inspecciones recientes en entidades clave que manejaron información del proceso electoral.
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De acuerdo con la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla, la Comisión de Acusación solicitó a la fiscal Lucy Laborde copia de la información relacionada con la campaña Petro Presidente, que reposa en los procesos contra Nicolás Petro. El tribunal indicó que la funcionaria deberá tener disponibles los expedientes objeto de inspección, acompañados de copias físicas o enlaces digitales para facilitar el acceso a la información.
El auto, conocido por Caracol Radio, señala: “En especial, conforme al despacho comisorio enviado a este despacho, se solicita que ponga a disposición del Despacho la siguiente información: 1) Las actividades del señor Nicolás Petro Burgos respecto de la campaña presidencial de Gustavo Petro Urrego del año 2022. 2.) La presunta recepción de dineros con destino a la campaña presidencial de Gustavo Petro Urrego del año 2022. 3.) Los testimonios de cada persona que fue indagada en relación con los numerales anteriores .4.) Los documentos en que esté plasmada información respecto de los numerales 1 y 2. 5.) La grabación de las audiencias celebradas en el marco de cada proceso“.
Cabe recordar que, hace menos de dos semanas, integrantes de la misma célula legislativa realizaron otra diligencia judicial en el Consejo Nacional Electoral (CNE).
El 6 de noviembre, los congresistas Alirio Uribe y Gloria Arizabaleta, del Pacto Histórico, y Wilmer Carrillo, del Partido de la U, llevaron a cabo una inspección en el CNE dentro del proceso que adelanta la Comisión de Acusación contra el jefe de Estado. Esta actuación ocurrió 12 días después de otra inspección judicial realizada por la Fiscalía General de la Nación a la sede del movimiento Colombia Humana en Bogotá, el 29 de octubre.
Durante ese procedimiento, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación ingresaron a las instalaciones para obtener “soportes financieros, contables, contractuales, comerciales y de servicios” relacionados con la campaña presidencial de 2022.
De manera paralela, el CNE adelanta su propia investigación sobre la financiación de la campaña Petro Presidente. En una ponencia conjunta, los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada concluyeron que se habrían superado los topes de gasto en más de 5.300 millones de pesos y que no se reportaron aportes de organizaciones como Fecode y la USO, además de ciertos gastos asociados a la Sociedad Área de Ibagué (Sadi).
Sin embargo, la definición de este expediente volvió a quedar en suspenso tras la más reciente sesión del CNE, en la que no se alcanzaron los votos necesarios para decidir si se imponía una sanción o si se archivaba el caso. La falta de consenso entre los magistrados impidió adoptar una decisión de fondo y activó, de manera automática, el mecanismo de integración de conjueces, previsto para resolver empates o bloqueos internos en el tribunal electoral.
Según la defensa de la campaña Petro Presidente, los términos de la investigación ya se encuentran vencidos y, por tanto, no habría otro escenario posible diferente al archivo del proceso. El equipo jurídico sostiene que la etapa probatoria ya superó sus límites legales y que cualquier decisión sancionatoria sería extemporánea. No obstante, los magistrados investigadores han reiterado que el proceso aún está dentro de los tiempos permitidos debido a las suspensiones que se decretaron mientras las altas cortes resolvían acciones de nulidad y precisaban las competencias del propio CNE, especialmente en lo relacionado con la posibilidad de investigar a un presidente en ejercicio.
En esta oportunidad fueron llamados Jorge Iván Acuña, Majer Nayi Abushihab y Fernando Guzmán, tres abogados posesionados en 2023 como parte del grupo de 17 conjueces del organismo. Su función consiste en revisar nuevamente el expediente, analizar las pruebas recaudadas y definir si procede una sanción o si debe ordenarse el archivo de la investigación. La nueva votación quedó programada para el 20 de noviembre, fecha en la que se espera que el tribunal, con la intervención de los conjueces, pueda finalmente adoptar una decisión.
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