La Fiscalía Quinta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia reconoció al presidente Gustavo Petro como potencial víctima en el proceso que se adelanta contra el fiscal Mario Burgos, investigado por presunto fraude procesal.
La información fue revelada por Caracol Radio, donde el ente acusador precisó que “por lo anterior se accederá a que el doctor Gustavo Francisco Petro Urrego intervenga como potencial víctima en la fase de indagación, conforme a lo dispuesto en el artículo 11 y 137 de la Ley 906 de 2004 y en la sentencia C-454 de 2006″.
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A través de un documento de 19 páginas, la Fiscalía Quinta Delegada ante la Corte Suprema accedió a reconocer al mandatario colombiano como potencial víctima por las presuntas irregularidades que se presentaron en la investigación contra Nicolás Petro.
El fiscal Mario Burgos fue el primero en investigar y llevar a juicio al hijo mayor del presidente.
Según el documento revelado por Caracol Radio, la defensa del jefe de Estado, Alejandro Carranza, presentó la solicitud a través de seis puntos, de los cuales el ente acusador solo aceptó uno, en donde se plantea un supuesto abuso de función pública por parte de Mario Burgos.
El 2 de agosto de 2023, durante el interrogatorio a Nicolás Petro realizado en el Búnker de la Fiscalía, el fiscal Mario Burgos formuló preguntas relacionadas con el presidente colombiano.
Señalan que las preguntas planteadas a Nicolás Petro buscaban determinar si el presidente Gustavo Petro tenía conocimiento o participación en el ingreso de fondos presuntamente irregulares, lo que podría constituir una vulneración del fuero presidencial y afectar su dignidad e investidura.
Según la legislación colombiana, la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes es la única entidad facultada para indagar sobre posibles delitos atribuidos al presidente de la República.
En el documento revelado por Caracol Radio, la Fiscalía Quinta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia “se satisfacen los requisitos mínimos para inferir la existencia de un posible daño inmaterial, consistente en la afectación del buen nombre y la legitimidad del cargo del Presidente, cuando se indagó por el conocimiento que el mandatario tenía sobre las actividades ilícitas ligadas al parecer con su elección, preguntas y respuestas divulgadas a la opinión pública por diferentes medios de comunicación”.
Declaraciones de Gustavo Petro
El presidente colombiano Gustavo Petro emitió una aclaración en respuesta a una orden judicial que le exigía rectificar declaraciones previas sobre el fiscal Mario Andrés Burgos Patiño.
Petro había insinuado que el fiscal mantenía vínculos con el narcotráfico y que, mediante la figura del principio de oportunidad, habría beneficiado a personas relacionadas con redes criminales en el proceso “La Perla”.
A raíz de estos señalamientos, el fiscal Burgos acudió a la justicia para solicitar la rectificación, argumentando que tales afirmaciones afectaban su honor.
El presidente Petro publicó un mensaje en el que reconoció la inexistencia de “un acto formal de archivo” dictado por Burgos. Sin embargo, el presidente persistió en sus críticas al uso del principio de oportunidad, enfatizando que, en su opinión, se ha transformado en una práctica que deteriora la confianza ciudadana en el sistema judicial.
Gustavo Petro precisó que su intención no era atacar personalmente al fiscal ni a la institución, sino llamar la atención sobre una práctica que considera perjudicial para el Estado.
Según el mandatario, el principio de oportunidad nació como un mecanismo para facilitar la colaboración con la justicia, permitiendo suspender procesos penales a cambio de información relevante o cooperación.
No obstante, el presidente Petro sostuvo que esta herramienta, con el tiempo, se ha desvirtuado, resultando en acuerdos que no benefician a las víctimas ni a la verdad judicial. Advirtió que este sistema otorga inmunidad a responsables de delitos graves, sin reparar adecuadamente a las víctimas ni garantizar la transparencia en los procesos judiciales.
Gustavo Petro concluyó que el problema es de carácter estructural y no se limita a un funcionario, destacando que la debilidad en la aplicación del principio de oportunidad compromete la efectividad de la política criminal estatal.
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