
El reciente operativo realizado por las Fuerzas Militares de Colombia contra las disidencias de las Farc en el departamento de Guaviare, que dejó 26 muertos, entre ellos, siete menores de edad, ha generado rechazo en diferentes sectores políticos del país.
La indignación, expresada principalmente por los sectores de oposición e independientes, ha ocasionado que estos mismos grupos políticos anunciaron que citarán a un debate de moción de censura contra el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, al ser catalogado como el responsable de la operación militar contra el grupo armado.
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La representante a la Cámara Katherine Miranda comunicó que llevará esta iniciativa al Congreso, argumentando que su responsabilidad como legisladora es ejercer control político, incluso cuando las consecuencias sean inciertas.
“Presentaré el día martes (18 de noviembre de 2025) moción de censura contra el Ministro de Defensa Pedro Sánchez (...) Hago control político. Es mi deber, así nunca pase nada“, escribió la congresista de Alianza Verde en su cuenta de X.

Esta no será la primera vez que el titular de la cartera de Defensa se enfrente a esta situación. En septiembre de 2025, Pedro Sánchez había sido citado por los partidos de oposición, específicamente el Centro Democrático, por la situación de seguridad en el país, recordando los atentados registrados en Amalfi (Antioquia) y Cali.
Incluso, Juan Espinal, representante a la Cámara del Centro Democrático, lideró los cuestionamientos al ministro, señalando que la situación de seguridad en el país se ha deteriorado bajo su administración, en el periodo de Sánchez, más de 80 soldados han sido asesinados y se han producido 13 voladuras de oleoductos.
Sin embargo, la votación final de la plenaria fue de 102 votos por el NO y 20 por el SÍ, por lo que Pedro Sánchez continuó en el cargo ministerial.
Funcionarios citados a moción de censura
La moción de censura, contemplada en el artículo 135 de la Constitución Política de Colombia (numeral 9) y en la Ley 5 de 1992 (Reglamento del Congreso), es un mecanismo de control político que permite al Congreso exigir la renuncia de ministros o directores de departamentos administrativos cuando se considere que han cometido irregularidades o han manejado inadecuadamente sus funciones.
Desde su entrada en vigor, se han realizado 40 mociones de censura en el país, de los cuales, los gobiernos que tuvo la mayoría de debates fueron los expresidentes Iván Duque y Álvaro Uribe Vélez, con 10 cada uno.
No obstante, en el Gobierno del presidente Gustavo Petro, se ha citado en ocho oportunidades a aquellos funcionarios que, para los congresistas citantes, no han cumplido con sus funciones en el cargo.

Inicialmente, la primera funcionaria que fue citada por este mecanismo fue la entonces ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, siendo citada en dos ocasiones por el legislativo.
En su momento, los congresistas de oposición cuestionaban a la encargada de la cartera por la detención de los procesos en materia de exploración y explotación de petróleo, con miras a avanzar en la transición energética.
No obstante, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, ambas plenarias negaron su salida del ministerio por esta vía, cargo en el que estuvo hasta julio de 2023.

Posteriormente, el entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez, también fue citado a moción de censura en tres oportunidades en el legislativo.
En todas, el entonces titular de la cartera había sido señalado por los partidos de oposición y sectores independientes de diversas problemáticas, entre ellas, el deterioro de la seguridad en regiones como el suroccidente del país, así como las falencias en la política de Paz Total y la intensificación de acciones violentas por parte de las disidencias de las Farc en Cauca y Valle, así como las denuncias sobre amenazas que han obligado a varios alcaldes a abandonar sus municipios.
No obstante, en los tres debates contó con el respaldo de las mayorías en las plenarias de Senado y Cámara, por lo que continuó en el cargo hasta febrero de 2025, siendo reemplazado por Pedro Sánchez, respectivamente.

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, ha sido otro de los funcionarios del Gobierno Petro que ha estado bajo vigilancia en el Congreso.
Durante el periodo legislativo, el jefe de cartera ha sido criticado principalmente debido al desabastecimiento de medicamentos y a cuestionamientos sobre el financiamiento y la gestión del sistema de salud.
Los congresistas lo han responsabilizado de algunas fallas en la política pública que generaron dificultades para garantizar la entrega oportuna de medicamentos a los pacientes y también criticaron presuntas deficiencias en la asignación de recursos al sector salud. También, apuntaron a la responsabilidad del ministro en la crisis de insumos y atención, así como a la preocupación sobre el impacto de las medidas adoptadas por el ministerio en la sostenibilidad del sistema sanitario colombiano.
Sin embargo, en las mociones que ha sido citado ha recibido el respaldo de la mayoría parlamentaria, por lo que continúa vigente en el ministerio mencionado.
Finalmente, se destaca la vicepresidenta Francia Márquez, que fungía como ministra de la Igualdad hasta febrero de 2025, donde los congresistas sostuvieron que no ha demostrado capacidad para cumplir los objetivos de la cartera que nació en el Gobierno Petro.
Esta cartera tenía el mandato de desarrollar proyectos para reducir brechas sociales entre mujeres, jóvenes, comunidades afrodescendientes, indígenas y otros grupos vulnerables. La situación se agrava por una ejecución presupuestal que, en la fecha del debate, era inferior al 1%. Sin embargo, la propuesta tampoco prosperó en el legislativo.
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