La mañana del viernes 14 de noviembre de 2025 se confirmó que el presidente de Colombia Gustavo Petro renovó por tres meses la designación de 16 gestores de paz, una decisión que reactivó el debate sobre el futuro judicial de antiguos miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) acogidos a la Ley 975 de 2005.
Dichos exjefes paramilitares ahora enfrentan procesos de exclusión al sistema de Justicia y Paz.
Entre ellos se destacan Arnubio Triana Mahecha, conocido como alias Botalón, y Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, cuyos casos podrían marcar un precedente en la aplicación de la justicia transicional en el país.
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Durante el periodo de prórroga, los gestores solo realizaron un evento oficial: una reunión privada en Valledupar.
Allí, según información conocida por W Radio, se acordó iniciar recorridos por municipios golpeados por la violencia paramilitar, con el objetivo de presentar recomendaciones y escuchar a las poblaciones más afectadas.
A pesar de este anuncio, las instituciones estatales no han especificado cuál será la metodología de medición del impacto ni los parámetros para evaluar el aporte de estos gestores al objetivo de la paz total.
En el documento de diez páginas emitido por la Oficina de Justicia Transicional de la Fiscalía General de la Nación se sostiene que “dichos nombramientos no modifican la situación jurídica, las medidas de aseguramiento vigentes o el régimen de libertad de estas personas, ni conllevan otros beneficios judiciales”, agregó la misma cadena radial.
Sin embargo, el informe advierte sobre la fragilidad procesal de algunos gestores, señalando especialmente los casos de Triana Mahecha y Murillo Bejarano, quienes podrían salir del programa Justicia y Paz debido al presunto incumplimiento de sus obligaciones.
El caso de Arnubio Triana Mahecha, alias Botalón
Arnubio Triana Mahecha, identificado durante el conflicto como ‘Botalón’, fue uno de los líderes del Bloque Centauros de las AUC, uno de los más temidos en su momento.
Su desmovilización se produjo durante el gobierno de Álvaro Uribe y, desde entonces, se acogió a los beneficios de Justicia y Paz.
No obstante, su permanencia está en entredicho. En el documento que compartió la misma emisora se recalcó: “Es importante mencionar que actualmente la Fiscalía 34 Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá adelanta un trámite de exclusión […] teniendo en cuenta el fallo proferido por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Bucaramanga el día 29 de enero de 2014 por los delitos de concierto para delinquir con fines de extorsión y tráfico de estupefacientes”.
El proceso judicial de Triana Mahecha ya fue objeto de decisión por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, que el 14 de enero de 2025 decretó su exclusión formal.
A su vez, la defensa de ‘Botalón’ apeló esta determinación y ahora será la Corte Suprema de Justicia la encargada de decidir de forma definitiva sobre su futuro en el sistema transicional.
Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna: ¿incumplimiento desde el extranjero?
En una situación similar se encuentra Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, uno de los exjefes paramilitares con mayor influencia en la historia reciente del conflicto armado en Colombia.
Murillo está detenido en Estados Unidos, y este detalle ha representado una serie de obstáculos para el cumplimiento de sus compromisos judiciales en Colombia.
La Fiscalía consignó en el informe: “Es importante mencionar que actualmente la Fiscalía 04 Delegada ante el Tribunal Superior adelanta un trámite de exclusión […] al parecer porque incumplió con sus compromisos al no volverse a presentar a las diligencias de versión libre programadas por la Fiscalía General de la Nación y las distintas audiencias de la Magistratura”.
En 2022, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín decidió no excluir a Murillo Bejarano; sin embargo, víctimas del conflicto y la propia Fiscalía apelaron el fallo. Ahora, el expediente de ‘Don Berna’ está bajo análisis de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que deberá pronunciarse sobre si se da o no la exclusión del sistema.
La vigencia de los postulados y las dudas del sistema
Dos décadas después de la promulgación de la Ley de Justicia y Paz, sigue abierta la lista de exjefes paramilitares postulados, entre los que figuran nombres principales (entre otros) como:
- Salvatore Mancuso Gómez (alias Mancuso).
- Ramiro Vanoy Murillo (“Cuco Vanoy”).
- Luis Eduardo Cifuentes Galindo (“El Águila”).
- Manuel de Jesús Pirabán (“Pirata”).
- Juan Francisco Prada Márquez (“Juancho Prada”).
- José Baldomero Linares Moreno (“Guillermo Torres”).
- Rodrigo Pérez Álzate (“Julián Bolívar”).
- Freddy Rendón Herrera (“El Alemán”).
- Edwar Cobos Téllez (“Diego Vecino”).
- Carlos Mario Jiménez (“Macaco”).
- Hernán Giraldo (“El Señor de la Sierra” o “Taladro”).
- Rodrigo Tovar Pupo (“Jorge 40″).
- Héctor Germán Buitrago (“Martín Llanos”)
- Héctor Buitrago Rodríguez (‘El Patrón’).
Sumado a todo lo anterior, tanto funcionarios judiciales como analistas han cuestionado la efectividad y permanencia de los beneficios para quienes enfrentan graves señalamientos.
El informe de la Fiscalía puntualizó también que “los nombramientos de gestores de paz no alteran los controles judiciales ni otorgan ventajas procesales adicionales”, al tiempo que resalta el riesgo de que nuevos condenas u omisiones conduzcan a la expulsión de los implicados.
La Corte Suprema tendrá la última palabra sobre la permanencia de “Botalón” y “Don Berna” en el sistema, mientras la sociedad colombiana sigue atenta a los mecanismos de justicia, verdad y reparación que rigen uno de los capítulos más complejos del posconflicto nacional, y que ha sido motivo de discusiones entre la bancada de oposición y el Gobierno Petro.
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