Revelan crueles torturas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada: “Sumergen a personas en ríos, casi hasta ahogarlos”

La circulación de videos que documentan torturas y castigos públicos en la Sierra Nevada de Santa Marta puso en evidencia el control que ejercen las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn) sobre la vida cotidiana de cientos de habitantes en los departamentos de Magdalena, La Guajira y César.

El más reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Colombia advierte sobre la gravedad de la situación y exige una respuesta inmediata del Estado para proteger a la población civil.

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La ONU recopiló 19 registros audiovisuales en los que se observa a civiles sometidos a humillaciones y agresiones físicas por parte de la Acsn.

En estos videos, los castigos incluyen la exhibición de carteles con mensajes de arrepentimiento, solicitudes públicas de perdón, trabajo forzado, inmovilización de extremidades y violencia física.

Las sanciones se imponen por presuntas faltas como el expendio de sustancias psicoactivas, hurtos, violencia de género, violencia intrafamiliar y riñas, según el informe de la ONU.

La activista e investigadora Norma Vera Salazar denunció de manera reiterada que la Acsn replica el modelo de la llamada “limpieza social” instaurado durante dos décadas por el paramilitar Hernán Giraldo Serna, conocido como el Patrón de la Sierra.

Vera Salazar explicó a El Espectador y Colombia+20 que los castigos van desde golpizas con cepos y sumersión en ríos helados hasta el rapado de cabello y la obligación de realizar trabajos comunitarios, prácticas que afectan especialmente a las mujeres.

“Este grupo impone castigos que van desde golpear con cepos, sumergir a las personas en los ríos helados de la Sierra durante la madrugada —casi hasta provocarles el ahogamiento—, cortarles el cabello o obligarlas a barrer y realizar trabajos comunitarios, especialmente a las mujeres”, afirmó la investigadora a Colombia+20.

La ONU señaló que el rapado de cabello constituye una forma de tortura física y psicológica, pues atenta contra la autoestima y la identidad de las mujeres, elementos estrechamente ligados a su autonomía y control personal.

El organismo internacional recordó que, según el Relator contra la Tortura Nils Melzer en su informe A/HRC/43/49 de 2020, estas acciones pueden ser consideradas violencia por razón de género.

“Estas acciones contra las mujeres atentan contra su autoestima y su identidad, estrechamente vinculadas con su autonomía y control personal, como lo señaló en 2020 el Relator contra la Tortura, Nils Melzer, en su Informe A/HRC/43/49, y pueden constituir formas de violencia por razón de género”, consignó la ONU en su informe.

La violencia de género se perpetúa también a través de castigos derivados de conflictos domésticos. Vera Salazar detalló que las mujeres son castigadas por disputas intrafamiliares, en lo que localmente se denomina “pelear marido”.

Además, la investigadora advirtió a El Espectador que el cuerpo de la mujer ha sido instrumentalizado para cometer asesinatos en nombre de los hombres de su familia: “El cuerpo de la mujer no solo ha sido usado para ser violada, violentada o expuesta públicamente; también ha sido usado para cometer asesinatos en nombre de los hombres de su familia”.

En los últimos 16 meses, se han documentado veintiún casos en los que mujeres han sido víctimas de crímenes instrumentales perpetrados por el clan del Golfo y las Acsn. El 22 de junio de 2025, en el municipio de Fundación (Magdalena), Geo Martínez y Mabel Ponce, dos adultas mayores, fueron asesinadas en un acto de retaliación criminal.

Informes de la Defensoría del Pueblo también registran el asesinato en 2023 de Sindry Mugno y sus hijas Betsy Liliana Vergara Mugno y Michel Mugno, en un contexto de acusaciones cruzadas entre la Acsn y el clan del Golfo.

La difusión masiva de estos videos en redes sociales, especialmente en TikTok, ha amplificado el impacto de la violencia. Vera Salazar señaló que los videos, que superan el millón de reproducciones, son replicados por medios de comunicación y redes sociales, lo que revictimiza a quienes aparecen en ellos. “Se muestra a las personas pidiendo perdón y dando las gracias a las Conquistadoras de la Sierra por haberles perdonado la vida”, relató la defensora de derechos humanos.

La ONU calificó estos actos como crímenes de guerra y ha subrayado que la aplicación de torturas y castigos por parte de actores armados no estatales vulnera la dignidad humana, debilita la gobernabilidad local y erosiona la confianza ciudadana en las instituciones estatales.

“Estos actos de tortura, como formas de castigo, vulneran la dignidad humana de las víctimas. Al ser aplicadas por actores armados no estatales, estas conductas debilitan la gobernabilidad local y erosionan la confianza ciudadana en las instituciones del Estado”, advirtió la ONU en su informe.

El organismo internacional instó al Estado colombiano a cumplir con sus obligaciones internacionales para prevenir, proteger y garantizar los derechos humanos de la población víctima de estas agresiones, así como a investigar y sancionar a los responsables y reparar adecuadamente a las víctimas. Además, la ONU reiteró su apoyo a Colombia para implementar la Política de Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana de manera adecuada.

Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada surgieron tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 2006, según el Sistema de Análisis de Grupos Armados (Saga). Aunque la Acsn ha manifestado su disposición a participar en las negociaciones de la Paz Total, no se han producido avances concretos. En enero de 2024, se intentó instalar una mesa de diálogo, pero la ausencia de delegados de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (Oacp) impidió cualquier progreso, según el informe de Saga.

Las estimaciones sobre el tamaño de la Acsn varían: la Oacp calcula unos 800 miembros, la propia organización afirma contar con 1.100, y la inteligencia militar reduce la cifra a 250. La estructura armada del grupo es hermética y poco clara en cuanto a su operatividad.

Saga documentó que la Acsn impone normas de convivencia, sustituye la competencia de los comités de convivencia de las Juntas de Acción Comunal (JAC) y establece tarifas extorsivas por los “servicios” que presta a la comunidad.