El impacto de las fuertes lluvias que han azotado a Colombia en los últimos meses llevó al presidente Gustavo Petro a prorrogar por un año (hasta el 11 de noviembre de 2026) la declaratoria de situación de desastre nacional.
La decisión, formalizada mediante el Decreto 1193 de 2025, responde a la magnitud de los daños reportados: 250 municipios afectados y 842.000 personas damnificadas, según los organismos de socorro.
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El documento firmado por el mandatario, expedido el miércoles 12 de noviembre de 2025, fundamenta la extensión en la persistencia de fenómenos de variabilidad climática, como El Niño y La Niña, que han intensificado sequías, incendios de cobertura vegetal, desabastecimiento de agua, vendavales e inundaciones.
El decreto subraya que estos eventos han tenido consecuencias graves sobre la población, la infraestructura, los servicios y la economía del país.
El texto oficial destaca la importancia de las proyecciones de modelos de predicción internacionales, que anticipan la continuidad de las lluvias intensas durante el año en curso.
En uno de los apartados se señala: “Que sumado a ese patrón excesivo de las lluvias en el presente año, es importante mencionar las proyecciones de los diversos modelos de predicción a nivel mundial, las cuales refuerzan la necesidad de la extensión del decreto. Existe una alta probabilidad de continuación del decreto ‘Por el cual se prorroga la Situación de Desastre Nacional declarada mediante el Decreto 1372 de 2024, con ocasión de los fenómenos de variabilidad climática que han afectado gravemente al país’”.
La prórroga, que se extiende por doce meses a partir de la entrada en vigencia del decreto, tiene como objetivo fortalecer la capacidad de respuesta y la ejecución de tareas de recuperación, rehabilitación y reconstrucción ante emergencias.
El documento precisa: “Se considera procedente prorrogar por doce (12) meses la Situación de Desastre Nacional, con el fin de fortalecer la capacidad de respuesta y la ejecución de las tareas de recuperación: rehabilitación y reconstrucción ante la ocurrencia de emergencias, así como la coordinación interinstitucional del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres”.
El decreto también establece que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) continuará supervisando y controlando las acciones de respuesta y recuperación, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 1372 de 2024.
“Que durante la vigencia de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD, desde la expedición de Decreto 1372 de 2024 hasta la fecha, se han ejecutado las acciones de las entidades que integran el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, iniciativas orientadas a la atención, rehabilitación y recuperación de las zonas afectadas, así como la implementación de acciones y recursos para reducir el riesgo y evitar nuevas afectaciones”, dice el documento.
Además, se mantendrá la aplicación de las normas especiales del capítulo VII de la Ley 1523 de 2012, lo que implica que entidades públicas, privadas y comunitarias deberán implementar las acciones necesarias para garantizar la eficacia de estas disposiciones dentro de sus competencias.
El análisis presentado por la Ungrd evidencia la necesidad de mantener la declaratoria para asegurar la atención de los efectos y la implementación de medidas del Plan de Acción Específico, así como el acceso a recursos y mecanismos extraordinarios que permitan una respuesta oportuna y efectiva a la población y los territorios afectados.
El decreto recuerda que, según el parágrafo del artículo 64 de la Ley 1523 de 2012, la declaratoria de situación de desastre puede prorrogarse una sola vez y por el mismo periodo de la declaratoria inicial, siempre que exista un concepto favorable del Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Este organismo, en sesión extraordinaria celebrada el 12 de noviembre de 2025, emitió el aval necesario para la extensión.
La vigencia del Decreto 1193 de 2025 inicia desde la fecha de su expedición, estableciendo así el marco legal para la continuidad de las acciones de emergencia y recuperación frente a los desafíos que plantea la variabilidad climática en Colombia.
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