El régimen de pensiones de la Fuerza Pública en Colombia enfrenta un riesgo fiscal estructural de gran magnitud, según la alerta de la Contraloría General de la Nación.
Un estudio sectorial de la entidad reveló que el gasto en pensiones de este sector superó los $11.68 billones en 2023, mientras que los pasivos futuros podrían rebasar los $140 billones.
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Ante este panorama, la Contraloría advirtió sobre la urgencia de reformas para garantizar la sostenibilidad fiscal del sistema, sin afectar los derechos adquiridos de los miembros activos y retirados.
El diagnóstico presentado por la Contraloría General de la Nación, a través de su Dirección de Estudios Sectoriales, subraya que el régimen de pensiones de la Fuerza Pública representa un riesgo fiscal para el Estado.
El informe, basado en el análisis de más de doscientos millones de registros entre 2008 y 2023, señala que la presión sobre las finanzas públicas es creciente.
Solo en 2023, el gasto en pensiones representó el 0.71% del PIB, con proyecciones actuariales que estiman un pasivo entre $42.3 y $62.3 billones para las Fuerzas Militares y entre $58.0 y $80.6 billones para la Policía Nacional.
La entidad enfatizó que este pasivo es altamente sensible a variaciones en la inflación y en las tasas de descuento, lo que incrementa la vulnerabilidad fiscal del país.
Entre 2008 y 2023, el personal activo de las Fuerzas Militares disminuyó de 173.900 a 158.400 efectivos, mientras que el número de retirados aumentó hasta representar el 12.8% del total en 2023.
Este cambio refleja un envejecimiento progresivo de la fuerza laboral, especialmente en los grados de oficiales y suboficiales, así como modificaciones en las políticas de incorporación y en la dinámica del conflicto armado.
La edad media se mantuvo estable entre los 34 y 35 años, aunque se observó una mayor dispersión hacia edades avanzadas. La participación femenina, aunque baja (3.4%), mostró una tendencia al alza.
En el ámbito financiero, la nómina ajustada a valor presente creció de $5.31 a $7.59 billones, aunque su peso en el PIB descendió del 0.50% al 0.42%, lo que indica una mayor eficiencia relativa en el gasto militar.
El costo anual promedio por militar alcanzó los $47.9 millones en 2023, con una marcada jerarquización salarial: oficiales y suboficiales concentran la mayor parte del gasto, pese a ser menos numerosos.
La estructura salarial evolucionó hacia una menor participación del sueldo básico y un mayor peso de las primas por antigüedad y carga familiar, reforzando la importancia de la permanencia institucional.
Además, el número total de beneficiarios del sistema exceptuado, incluyendo asignación de retiro, pensión de invalidez y pensión de sobrevivencia, creció de 41.227 en 2008 a 111.908 en 2023, impulsado principalmente por el aumento en las asignaciones de retiro, que representaron el 71.7% del total en el último año analizado.
A pesar de los avances en la estandarización de bases de datos y la creación de variables analíticas, la Contraloría General de la Nación identificó persistentes problemas en la calidad de los datos históricos, especialmente entre 2008 y 2013.
Se detectaron registros duplicados, errores en fechas de nacimiento y dificultades en la homologación de grados, lo que afectó la precisión de variables clave y complicó la trazabilidad de las prestaciones.
Aunque se implementaron medidas de corrección, algunas inconsistencias permanecieron, lo que llevó a la entidad a recomendar la modernización urgente de los sistemas de información institucional y la consolidación de una política de datos interoperables que respalde la gestión actuarial y fiscal del régimen.
La Contraloría General de la Nación propuso una serie de recomendaciones orientadas a fortalecer la sostenibilidad del sistema.
Entre ellas, destaca la necesidad de revisar los requisitos de asignación de retiro para soldados y policías de menor rango, promoviendo criterios más equitativos.
La entidad también sugirió la creación de reservas actuariales y mecanismos de monitoreo automático para anticipar riesgos y ajustar parámetros demográficos y financieros de manera oportuna.
Además, recomendó diversificar las fuentes de financiamiento, incrementando los aportes de los miembros en servicio, estableciendo fondos de reserva y utilizando recursos extraordinarios, como bienes incautados.
La Contraloría subrayó la importancia de implementar reformas graduales que equilibren la responsabilidad fiscal del Estado con la protección de los derechos adquiridos de los integrantes de la Fuerza Pública.
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