Deudores tendrían beneficios si se aprueba nueva idea en el cobro de impuestos que permitirá al Gobierno recibir más dinero

El Congreso de la República se dispone a debatir un nuevo proyecto de ley de reactivación económica que busca recaudar entre $5 y $6 billones, en un escenario marcado por la ausencia de consenso político para aprobar una nueva reforma tributaria del Gobierno de Gustavo Petro. La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo y varios congresistas, surge como respuesta a la urgencia de cubrir el déficit fiscal generado tras la aprobación del Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2026, cuyo monto por $546,9 billones está desfinanciado.

Así las cosas, la propuesta nace como una alternativa temporal ante la imposibilidad de avanzar con la ley de financiamiento. La representante a la Cámara Olga Lucía Velásquez, coordinadora ponente del proyecto, explicó que, hasta el momento, solo se convocó a coordinadores y ponentes para escuchar al ministro de Hacienda, Germán Ávila, y recoger las posturas de los distintos sectores.

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Según la congresista, la Comisión Tercera del Senado ya manifestó que más de nueve de sus miembros no respaldarían la reforma tributaria, lo que bloquea cualquier posibilidad de aprobación.

El proyecto de reactivación económica comenzará su trámite Legislativo en la tercera semana de noviembre con el primer debate programado en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes. Velásquez expresó su expectativa de que la iniciativa avance y logre sumar el respaldo del Ejecutivo: “Esperamos que coja rumbo esta reactivación económica y que se sume el gobierno a nuestra iniciativa”.

Medidas tributarias y fiscales del proyecto de reactivación económica

Entre los objetivos centrales del proyecto se encuentra la obtención de recursos para enfrentar el déficit fiscal, mediante una combinación de medidas tributarias, ambientales y sociales. El texto plantea:

• Una reducción temporal de sanciones e intereses para los contribuyentes con deudas ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y los entes territoriales. Quienes se acojan a la medida podrán pagar solo el 10% del valor total de las sanciones, lo que equivale a una amnistía fiscal del 90%.
• Se prevé la conciliación de procesos administrativos y judiciales en materia tributaria, aduanera y cambiaria, con el fin de resolver litigios pendientes y mejorar el recaudo.
• Durante los seis meses posteriores a la entrada en vigencia de la ley, los intereses moratorios se reducirán al 50% de la tasa vigente, como incentivo para que los contribuyentes normalicen sus obligaciones.

• El articulado también introduce un impuesto complementario de normalización tributaria para el año 2026, dirigido a quienes posean activos omitidos o pasivos inexistentes. La tarifa será progresiva, con tasas del 3 %, 6% y 8% según el monto declarado, y permitirá regularizar bienes no reportados sin sanciones ni acciones penales, siempre que no provengan de actividades ilícitas.

Medidas ambientales, sociales y sectoriales

En el ámbito ambiental, el proyecto contempla:

• Exención del IVA para pequeños transportadores que sustituyan sus vehículos por unidades eléctricas o de tecnologías limpias durante los próximos cuatro años.
• Creación de una estrategia nacional de hidrógeno verde y azul, que incluirá programas de cooperación internacional y formación de talento humano.

De igual forma, el documento destaca que “se promoverá la formación técnica, tecnológica y profesional en el sector del hidrógeno, consolidando a Colombia como actor relevante en los mercados internacionales”.

Financiamiento de obras

El texto también autoriza a las entidades territoriales a reorientar rentas hacia gastos de inversión entre 2025 y 2027, con el objetivo de financiar obras locales y proyectos de desarrollo económico. Según la propuesta, se busca que los municipios “fortalezcan su autonomía fiscal sin comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas”.

Otros puntos tienen que ver con el plano social y sectorial:

• Se propone que el Fondo Nacional del Ahorro podrá otorgar créditos sin garantía hipotecaria para la mejora de viviendas, con el fin de ampliar el acceso al crédito y estimular la construcción.
• Una tarifa de impuesto al consumo del 6% en 2026 y del 7% a partir de 2027, como mecanismo de alivio gradual para el gremio.
• Descuento tributario del 50% en renta para personas o empresas que hagan aportes al Fondo Nacional de Protección y Apoyo a Personas con Discapacidad y sus Cuidadores, con el propósito de fortalecer la atención social a esta población.

Nuevos impuestos digitales y de salud pública

El proyecto incorpora además nuevos impuestos digitales y medidas de salud pública:

• La tarifa para servicios digitales prestados por no residentes aumentará del 3% al 4,5%, y las importaciones de bajo valor comenzarán a pagar IVA de forma gradual: 9% en 2026 y 19% en 2027.
• Se extiende el impuesto al consumo de tabaco a vapeadores, cigarrillos electrónicos y otros dispositivos con nicotina, con incrementos anuales ajustados al IPC más cuatro puntos porcentuales.

Velásquez habló de la responsabilidad política que enfrenta el Congreso ante la falta de voluntad para aprobar una reforma tributaria. “Estamos aquí para ver qué construimos, pero si no hay voluntad política, porque esto finalmente es con votos, si no están los votos, pues necesitamos ser responsables”, afirmó. La congresista insistió en que la aprobación de un presupuesto desfinanciado obliga a buscar soluciones inmediatas para cubrir el hueco fiscal.

De cara a los próximos pasos, la coordinadora ponente reconoció que el trámite de la ley de reactivación económica representa apenas el inicio de un proceso que requerirá consensos y decisiones responsables. Por eso, el futuro de la iniciativa dependerá de la capacidad del Congreso para encontrar una salida viable a la crisis fiscal y avanzar en la discusión de alternativas que permitan garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas.