
La familia de Valeria Afanador continúa enfrentando una profunda incertidumbre tres meses después del hallazgo sin vida de la menor en el río Frío, en el municipio de Cajicá. El abogado que representa a los familiares, Julián Quintana, denunció la ausencia de avances significativos en la investigación, lo que mantiene a la comunidad en estado de conmoción.
Según explicó Quintana a Citytv, el acceso al expediente permitió constatar que “muchas de las labores de investigación, hasta el día de hoy, no se han concluido”. El jurista subrayó que, pese a que se confirmó que la menor fue “lamentablemente asesinada”, persisten las incógnitas sobre la identidad del responsable y el contexto en que ocurrieron los hechos.
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“Hoy ni siquiera sabemos las circunstancias exactas de cómo Valeria fue sustraída del colegio”, afirmó el abogado, resaltando la falta de claridad en aspectos fundamentales del caso.
Entre los procedimientos pendientes, Quintana mencionó la ausencia de resultados de las pruebas de ADN y la falta de una reconstrucción de los hechos. Además, señaló que existe una técnica de investigación que permitiría determinar si una persona ajena al sector estuvo presente en el lugar, pero hasta el momento no se ha aplicado. El abogado también precisó que, aparte de los profesores, “hay un trabajador que manifestó que, en los días de la desaparición de Valeria, realmente no se encontraba allí”.
La demora en el esclarecimiento de los hechos impide establecer detalles clave, como si un tercero ingresó a la institución, si la menor fue persuadida para salir, o si abandonó el recinto por un sector específico de la pared, incluido el área que presentaba daños. Quintana expresó al medio citado: “Hay una incertidumbre total, y creo que la familia merece la verdad”.

El representante legal de la familia reveló que el equipo de investigadores les informó que la fiscal encargada del caso tiene bajo su responsabilidad más de 1.500 procesos, lo que, en palabras de Quintana, “humanamente es imposible que pueda brindar una atención prioritaria a la investigación de Valeria”.
En cuanto a las líneas de investigación, Quintana detalló que la defensa contempla dos hipótesis principales sobre la desaparición de la menor en la institución educativa. La primera apunta a la posible responsabilidad de los empleados del colegio, la rectora y los profesores. “La responsabilidad, en nuestra opinión, recae en los empleados del colegio, la rectora y los profesores”, explicó el abogado.
La segunda hipótesis considera la intervención de un tercero, apoyada en un informe de una investigadora que observó en los videos de seguridad “una sombra detrás de la reja, y se presume que podría tratarse de una persona que estaba llamando a la niña”.
Dadas las circunstancias, Quintana solicitó a la Fiscalía General de la Nación que refuerce el apoyo a la fiscal asignada o que traslade el caso a una seccional con menor carga laboral, con el objetivo de garantizar una investigación más ágil y efectiva del caso.
A las denuncias del togado se sumó Manuel Afanador, padre de la menor, que sostuvo que no hay resultados a pesar de que el caso fue considerado como prioritario por las autoridades.

Incluso, sostuvo que las declaraciones juramentadas de funcionarios de la institución educativa donde estudiaba su hija, según él, faltan a la verdad.
A reglón seguido explicó que: “Me señalan a mí como el responsable del asesinato de la niña, donde me señalan a mí que lo único que yo quería era reclamar la póliza. Entonces, toda esa desinformación genera, pues, que en redes sociales la gente tenga unas reacciones bastante agresivas conmigo. Tuve la oportunidad de que una persona en la calle me dijo que me tenían que matar porque yo era el responsable de la niña”.
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