La propuesta del Gobierno colombiano de aumentar los aranceles de importación para vehículos de combustión interna y motocicletas provenientes de países sin tratados de libre comercio generó una fuerte reacción en el sector automotor. La Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (Andemos) expresó su rechazo a la iniciativa al advertir sobre las posibles consecuencias negativas para consumidores, fabricantes y la modernización del parque automotor en el país.
De acuerdo con el gremio, el decreto castiga el origen de los vehículos e impone barreras al libre comercio. Para este, no hay justificación técnica ni económica para tomar una decisión que encarezca los precios, limite la oferta y afecte la libre competencia en el sector automotor.
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Al respecto, el presidente ejecutivo del gremio, Andrés Chaves, sostuvo que la medida, contenida en un borrador de decreto publicado el 7 de noviembre de 2025 por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT), carece de sustento técnico y económico y representa un retroceso en los esfuerzos por renovar el parque automotor colombiano.
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Detalles del decreto propuesto y países afectados
De acuerdo con la asociación, “en la práctica, penaliza el origen de los vehículos provenientes de países sin tratados de libre comercio con Colombia, afectando la libre competencia, el comercio internacional y el bolsillo de los consumidores”. Además, advirtió que la medida podría restringir el acceso de los ciudadanos a una oferta más amplia y competitiva de vehículos, al tiempo que desincentivaría la compra de automóviles nuevos, más seguros y con mejores estándares ambientales.
El borrador de decreto establece que los automóviles incluidos en la partida 87.03 del Arancel de Aduanas enfrentarían un gravamen del 40%, mientras que las motocicletas de la partida 87.11 tendrían un arancel del 35%. La entrada en vigor de la medida se prevé entre 15 y 90 días después de la publicación definitiva del decreto.
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Carros japoneses y chinos, los más afectados
Así las cosas, entre los países más afectados por la propuesta se encuentran Japón, reconocido por su tradición en la industria automotriz, y China, con quien Colombia busca fortalecer lazos comerciales. Andemos remarcó que la imposición de estos aranceles podría limitar la competencia y el acceso a vehículos de diferentes orígenes, lo que impactaría tanto a los consumidores como a los fabricantes.
Impacto en precios, oferta y consumidores
El impacto previsto sobre los precios de carros y motos y la oferta de vehículos y motocicletas es uno de los principales motivos de preocupación para el sector. Andemos anticipa que el aumento de los aranceles se traduciría en un alza notable de los precios de los vehículos importados de combustión interna, así como en una reducción de la oferta disponible para los compradores.
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En el caso de las motocicletas, el efecto podría ser muy relevante, dado que en Colombia existen más de 11 millones de motos registradas y cada año se venden cerca de 800.000 nuevas, muchas de ellas utilizadas como herramienta de trabajo. Un incremento en los precios afectaría de manera directa a miles de familias y trabajadores que dependen de este medio de transporte.
Hasta el momento, la Subdirección de Estudios Económicos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) no publicó estimaciones oficiales sobre el recaudo fiscal que podría generar la medida. Sin embargo, Andemos y analistas del sector coinciden en que el costo recaería principalmente sobre los consumidores, en especial aquellos de segmentos populares o que utilizan motocicletas para su actividad laboral.
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Por ejemplo, el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco), Jaime Cabal, calificó la propuesta como “improvisada y equivocada”, y cuestionó la efectividad de este tipo de políticas. Recordó que “Colombia ha intentado mecanismos de protección arancelaria desde la década de 1950 para estimular la producción local. Los resultados demuestran que estas políticas no lograron consolidar una industria de gran escala, ni atraer la inversión necesaria para hacerla competitiva a nivel internacional”.
Para el dirigente gremial, insistir en un modelo que ya ha mostrado ineficacia no ofrece garantías de éxito.
Por medio de un video, Cabal enfatizó la importancia de la estabilidad normativa para atraer capitales. “En lugar de emprender iniciativas improvisadas, si Colombia realmente quiere atraer inversión masiva, no solo en el sector automotor, sino en cualquier ámbito estratégico, el Gobierno debería garantizar estabilidad jurídica, reglas claras, estables y confiables”, apuntó.
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Argumentos del Gobierno y llamado al diálogo
Por su parte, el Gobierno defendió la propuesta como parte de su política de reindustrialización verde. Según el MinCIT, el objetivo es desincentivar la importación de vehículos contaminantes y promover la producción y el ensamblaje local de tecnologías limpias, como los híbridos y eléctricos. El Ministerio argumenta que esta política busca reorientar el mercado hacia una movilidad más sostenible, recordando que el 95,9% de la demanda energética del país aún depende de combustibles fósiles como la gasolina y el diésel.
A pesar de los argumentos oficiales, los gremios insisten en que la medida no responde a una política pública coherente ni a criterios ambientales verificables. La Asociación Nacional de Movilidad Sostenible considera que penalizar el origen de los vehículos representa un obstáculo para la modernización del parque automotor y para la libre competencia en el sector. Además, recalca la necesidad de diseñar políticas públicas basadas en evidencia, que promuevan la renovación del parque automotor sin castigar al consumidor.
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Así las cosas, el mismo solicitó al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo la apertura de un espacio de diálogo técnico para revisar el alcance del decreto y garantizar que las decisiones se fundamenten en criterios objetivos y en el interés de los ciudadanos.
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