Fiscalía le imputó seis nuevos delitos a Nicolás Petro: pidieron medida de aseguramiento contra el hijo del Presidente

En el Juzgado 41 de control de garantías de Barranquilla se reanudó este lunes, 10 de noviembre de 2025, la audiencia contra Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, por presuntas irregularidades en procesos de contratación con la Gobernación del Atlántico.

En la audiencia, el juez rechazó las peticiones presentadas por la defensa de Nicolás Petro, encabezada por el abogado Alejandro Carranza, que alegaba una supuesta vulneración al derecho de defensa.

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Así las cosas, la fiscal Lucy Laborde le imputó seis nuevos delitos al hijo mayor del presidente, que son: interés indebido en la celebración de contratos, tráfico de influencias, peculado por apropiación, falso testimonio, falsedad en documento público y falsedad en documento privado.

“Se le imputa por el concurso heterogéneo, homogéneo y sucesivo de las siguientes conductas punibles. El interés indebido en la celebración de contratos a título de coautor interviniente, especulado por apropiación a favor de terceros a título de coautor interviniente, el tráfico de influencias a título de autor interviniente”, señaló la fiscal Laborde.

Según la fiscal Lucy Laborde, Nicolás Petro se apropió, supuestamente, de 111 millones de pesos.

“Siendo una continuidad del beneficio entre el año 2021 y 2022, cuya materialización de los rendimientos de su actuar criminal corresponden a la suma de 111 millones de pesos entre esos dos contratos entre la Gobernación del departamento del Atlántico y la Fundación Conciencia Social (Fucoso)”, indicó la fiscal.

Y agregó: “Es decir que la apropiación por parte suya, señor Nicolás Fernando Petro Burgos, es de una suma aproximada de 111 millones de pesos por esos dos contratos”.

En la imputación de cargos, Laborde aseguró que Nicolás Petro nunca tuvo interés en la celebración de contratos, pero, según ella, estuvo pendiente desde el minuto uno en su entrega y ejecución.

“Porque usted, señor Nicolás Fernando Petro Burgos, no tenía administración funcional directa sobre esos recursos públicos, contratos, es por esto que su responsabilidad se estructura a título de interviniente en el peculado por apropiación cometido por quienes sí administraban o custodiaban los dineros públicos, que son los ordenadores y los gestores de recursos del contrato y los ejecutores que manejaron los anticipos”, aseveró Lucy Laborde.

La fiscal precisó que existen pruebas documentales y técnicos sobre el supuesto dinero apropiado por Nicolás Petro, motivo por el cual pidió medida de aseguramiento contra Petro Burgos.

“Correspondientes a los anticipos y al contrato en sí, los cuales se hicieron en efectivo, entregados en forma y lugar privados como la residencia de María Angélica Name Delgado. Por otra parte, se habrían canalizado mediante la entrega de cheques y dinero en efectivo de manera fraccionada”, indicó Laborde.

Asimismo, la fiscal puso de presente que los fondos que habría apropiado de manera ilegal el hijo mayor del mandatario colombiano eran “de la contratación estatal, de la Gobernación del Atlántico” y “fueron dirigidos mediante contratación directa a la Fundación Fucoso”.

Según la investigación, en 2021 habría ocurrido una contratación irregular donde, junto a Day Vásquez, su expareja, se habrían favorecido personalmente. Estas operaciones se vinculan a la Fundación Consciencia Social (Fucoso), entidad en la que resultaron designados conocidos de la familia de ese momento.

Entre las personas mencionadas en la investigación figuran Pedro Name, Raúl Lacouture y Gustavo de la Ossa, quien funge como representante legal de la fundación, aunque ninguno de ellos ha sido imputado hasta ahora.

El anuncio inicial sobre la imputación se realizó a principios del año anterior y estuvo a cargo del exfiscal Mario Burgos, quien fue removido del proceso. Posteriormente, el caso pasó a manos de Lucy Laborde, quien recientemente presentó formalmente la solicitud para la audiencia de cargos. Al mismo tiempo, Nicolás Petro enfrenta un proceso por supuesto lavado de activos y enriquecimiento ilícito en un tribunal especializado de Barranquilla.