Revelan cómo el Gobierno Petro perdió más de $80.000 millones en accidentes y aseguramiento de aeronaves en el Ejército Nacional

La gestión de los seguros de aeronaves militares en Colombia quedó en entredicho tras una serie de accidentes que, entre marzo de 2023 y abril de 2024, costaron la vida a 17 militares y dejaron 15 heridos.

Los helicópteros identificados con las matrículas EJC-4227, EJC-3378, EJC-2188 y EJC-3395 protagonizaron estos siniestros, cuyas consecuencias dejaron a las familias de las víctimas sin explicaciones satisfactorias sobre las causas y responsabilidades. Eliana Barrera, esposa del coronel David Carvajal —fallecido en uno de los accidentes—, expresó: “Llevamos dos años esperando una respuesta de la investigación”, según recoge Semana.

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La Contraloría General de la República intervino tras los accidentes y detectó una serie de errores administrativos graves en el manejo de los seguros de las aeronaves del Ejército Nacional de Colombia.

El organismo fiscalizador determinó que ninguna de las poderosas máquinas accidentadas estaba asegurada, lo que derivó en un daño patrimonial para el Estado colombiano superior a $57.000.000.000 por las pérdidas materiales, cifra a la que se suman $25.000.000.000 correspondientes al costo de asegurar otras aeronaves que ni siquiera estaban en condiciones de volar.

Según el informe de la Contraloría, “se materializa un daño al patrimonio de la entidad (Ejército) por una gestión fiscal ineficaz, ineficiente y antieconómica por asegurar aeronaves que no se encontraban en condiciones de aeronavegabilidad en el periodo de 2023 y 2024 hasta el mes de octubre”. El ente de control concluyó que el Ejército incurrió en la paradoja de asegurar aeronaves inoperativas, mientras que las que sí estaban en servicio, como las identificadas con los códigos 4227, 3378, 2188 y 3395 —esta última bajo el mando del coronel Carvajal—, permanecieron sin cobertura.

Las consecuencias humanas de estos errores administrativos fueron devastadoras. Eliana Barrera, viuda del coronel Carvajal, sugirió que las deficiencias detectadas por la Contraloría en el aseguramiento podrían reflejar un manejo inadecuado de las aeronaves en la División de Aviación de Asalto Aéreo del Ejército (DAVVA).

Barrera manifestó al medio citado: “Es preocupante porque todos ellos (militares) se montan en las aeronaves pensando que están cubiertas por lo que le pase a la nave y si ya hay falencias en la asegurabilidad de las naves. Es un tema gravísimo para quienes entregan la vida por un país”.

La auditoría de la Contraloría reveló además inconsistencias en la información suministrada por el Ejército. “Se cuestiona la falta de valoración de la cobertura de las aeronaves de ala rotatoria, que quedaron por fuera de la póliza de seguros vigencia 2022, 2023, 2024. (...) es decir, las 93 aeronaves de ala rotatoria (helicópteros) no fueron cubiertas por el riesgo operacional de esa flota”, señala el documento revelado por Semana.

El informe también indica que no se remitió el avalúo de las aeronaves de ala rotatoria, lo que impidió a la aseguradora incluir la cobertura casco todo riesgo / casco de guerra para los helicópteros del Ejército. La Contraloría advirtió: “Esta situación demuestra falencias en la planificación al momento de negociar la póliza”.

Las explicaciones del Ejército Nacional

Los accidentes ocurrieron en distintos puntos del país. El Bell UH-1N se precipitó el 19 de marzo de 2023 en Quibdó, Chocó, causando la muerte de cuatro militares. El 15 de octubre de 2023, un MI-17 cayó sobre viviendas en Anorí, Antioquia, con un saldo de doce heridos. El 5 de febrero, en la base militar Cutí, en la frontera con Panamá, un Black Hawk se desplomó, provocando cuatro muertes y tres heridos. El 29 de abril de 2024, el helicóptero 3395, pilotado por el capitán Carvajal, se estrelló en el sur de Bolívar, falleciendo él y los otros 8 ocupantes.

Durante la auditoría, la Contraloría solicitó mediante el documento 9598 el listado de aeronaves de ala rotatoria que debían estar cubiertas por casco de guerra / casco todo riesgo en las pólizas contratadas para las vigencias 2022, 2024 y 2025, encontrando posibles omisiones graves. El ente de control fiscal subrayó: “Lo anterior evidencia una presunta omisión en la valoración de las coberturas requeridas para casco todo riesgo para la flota de helicópteros”.

En su defensa, el Ejército Nacional de Colombia presentó un documento técnico denominado “Análisis de Riesgo”, elaborado junto con el corredor de seguros, que recomendaba solicitar presupuesto para garantizar el aseguramiento de los bienes e intereses patrimoniales. No obstante, la institución castrense argumentó que, aunque recomendó contratar los ramos de seguros sugeridos, no tenía competencia para definir las coberturas sin el soporte de dicho análisis.

La respuesta del Ejército no disipó las inquietudes de la Contraloría, que la calificó como “no clara e imprecisa”, y señaló que la responsabilidad del aseguramiento del inventario recae en los comandantes de las unidades militares, quienes serían responsables fiscales. El informe fue categórico: “Al preguntarles a los diferentes miembros del Ejército, ninguno supo dar respuesta de dicha matriz de riesgo (...) es claro para este ente de control que no hay personal en el Ejército capacitado e idóneo en temas relacionados específicamente con los seguros de las aeronaves”.

La intervención de la Contraloría destapó además que, por la flota de helicópteros accidentada durante las vigencias 2018-2022 y 2022-2024 en condición de pérdida total, no se gestionó la reposición del costo de las aeronaves, “estableciendo un inadecuado aseguramiento del patrimonio público por parte del Ejército”.