La historia del único juez que llamó a juicio a la cúpula del M-19 por la toma del Palacio de Justicia

Durante la conmemoración de los 40 años de la toma y la retoma del Palacio de Justicia, uno de los hechos más históricos en la historia de Colombia, se han vuelto a generar debates sobre la responsabilidad de todos los involucrados en lo registrado entre el 6 y 7 de noviembre.

Se ha recordado que las únicas condenas por este hecho han sido en contra del Estado colombiano, lo que ha sido cuestionado por las familias de más de 100 víctimas fatales que dejó el holocausto.

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Debido a que las nuevas generaciones no tienen claridad de varios aspectos que se registraron en ese momento, es pertinente recordar que nadie del M-19 fue juzgado por este y otros crímenes por la amnistía que recibieron en el acuerdo de paz que el grupo guerrillero firmó con el gobierno.

Sin embargo, este proceso de paz se consolidó en marzo de 1990; antes, durante los más de cinco años que se mantuvieron los diálogos, solo un juez intentó juzgar al grupo armado por la toma del Palacio de Justicia.

Se trató de Uriel Alberto Amaya, que en 1989 llamó a juicio a la cúpula del aún grupo armado para que respondieran por lo registrado en la toma del Palacio de Justicia.

En diálogo con Noticias Caracol, Amaya, que era juez 30 de instrucción criminal, indicó que le delegaron ocho juzgados en los que se recolectó toda la información del holocausto de la toma para determinar la responsabilidad de los guerrilleros y uniformados por las 96 muertes que notificó el informe oficial (A esta cifra se sumó el hallazgo los restos de seis desaparecidos).

“En esa medida hubo un desmedido uso de la fuerza, hubo desapariciones de personas que salieron vivas del Palacio de Justicia, alguna de ellas reconocidas, incluyendo magistrados de las altas cortes; dos guerrilleras que también salieron con vida. Una de ellas logró escapar y terminó en México, la otra desapareció; personal de la cafetería que seguramente fue tomado como si fueran auxiliares de la guerrilla y que también desaparecieron", es el balance que hizo Uriel Alberto Amaya sobre el fallo que emitió a finales de 1989.

Aunque reafirmó que la responsabilidad inicial es del M-19, que irrumpió de manera violenta y armada con más de 30 personas en el edificio, Amaya indicó que en la investigación se determinó que varias muertes se registraron en el fuego cruzado con balas de las autoridades.

“Se determinó que varias de estas muertes al interior del palacio, incluso de los propios rehenes, se debió al propio fuego de la institucionalidad pública a través de las Fuerzas Militares”, indicó el exjuez.

Sobre la condena que pudieron haber recibido los guerrilleros que protagonizaron la toma, Amaya indicó que estos eran asociados al actuar en el hecho, principalmente la toma de rehenes; sin embargo, aclaró que hubiera sido difícil que pagaran, porque la mayoría murieron en la retoma.

A pesar de ello, reafirmó que no es posible defender el accionar de los miembros del M-19, que se encargaron de asesinar a policías, magistrados y hasta personas que solo estaban recorriendo las zonas cercanas del palacio por temas turísticos.

“Varios de ellos, además de las muertes que causaron cuando ingresaron al propio establecimiento, incluido de policías que estaban prestando servicio de vigilancia, celadores, personas ajenas que estaban simplemente de visita, fueron asesinados por ellos para efectos de inmediatamente acceder a esa al edificio”.

Con la investigación también se determinó que tanto el M-19 como las Fuerzas Militares violaron varios aspectos del derecho internacional humanitario, puesto que a ninguna de las partes les importó la integridad de los rehenes.

“Como jueces lo que hicimos fue determinar responsabilidades penales en cabeza, tanto de las autoridades públicas que actuaron allí en condición de militares como de la guerrilla”.

Amaya recordó que el gobierno de turno priorizó el proceso de paz y promovió mecanismos que terminaron alterando la investigación y con ello cualquier oportunidad de juzgar a los responsables de todo lo registrado en la toma.

“No ha sido compensado históricamente, tanto porque las responsabilidades que se determinaron allí al final del día no tuvieron ningún efecto, como por el nulo esclarecimiento de muchas de esas desapariciones que se dieron allí, que hasta la fecha los familiares interesados no tienen respuesta alguna”, puntualizó.