El presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Octavio Augusto Tejeiro, explicó las razones por las cuales el presidente de la República, Gustavo Petro, no fue invitado al acto de conmemoración de los 40 años de la toma y retoma del Palacio de Justicia, que se realizará el viernes 7 de noviembre en Bogotá.
Durante declaraciones a medios de comunicación, Tejeiro enfatizó que el evento tendrá un carácter estrictamente institucional y reservado para los miembros de la Rama Judicial, así como para los familiares de las víctimas de los hechos ocurridos en 1985.
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“Es un acto de conmemoración, que es un acto solemne, íntimo, tristísimo. Y fundamentalmente es un acto solemne e íntimo de la Rama Judicial del poder público. De manera que otras ramas del poder público no necesariamente van a estar invitadas porque es un acto de intimidad de la Rama Judicial”, explicó el magistrado.
El magistrado Tejeiro aclaró que la decisión no obedece a razones políticas ni a un mensaje de exclusión hacia el Gobierno nacional, sino que corresponde a la tradición que ha mantenido la Rama Judicial en este tipo de ceremonias conmemorativas.
En respuesta a la pregunta de si históricamente se ha invitado a los presidentes de la República a este tipo de actos, Tejeiro precisó que ello “no siempre ha ocurrido y, al contrario, casi nunca ha ocurrido”, subrayando que la naturaleza de la ceremonia es privada y enfocada en el recuerdo institucional.
“No se trata de descalificación, se trata simplemente de que el poder judicial hace una reunión suya, íntima, de recuerdo, de dolor, y a esa reunión no necesariamente tiene que asistir ni el Ejecutivo ni el Legislativo. Les cuento: el Legislativo tampoco está invitado”, indicó el presidente de la Corte Suprema.
El evento conmemorativo, que se desarrollará en el Palacio de Justicia, busca rendir homenaje a los magistrados, funcionarios judiciales y civiles que perdieron la vida durante la toma y retoma del edificio los días 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando un comando del M-19 ingresó por la fuerza al recinto y el operativo militar posterior dejó decenas de víctimas. Desde entonces, las conmemoraciones han estado marcadas por la solemnidad y el respeto hacia la memoria de quienes fallecieron en el ejercicio de sus funciones, así como por el reconocimiento de las consecuencias institucionales y humanas que dejó el denominado Holocausto del Palacio de Justicia.
Memoria, justicia y legado institucional
El acto del 7 de noviembre forma parte de una programación académica y conmemorativa más amplia organizada por la Corte Constitucional, que también dedicará espacios al diálogo con los familiares de las víctimas y a la reflexión sobre el papel del poder judicial en la historia constitucional del país.
Según la información suministrada por la Corte, la jornada posterior —programada para el 7 de noviembre, de 3:00 p. m. a 5:00 p. m., en la Sala 3 del segundo piso del Palacio de Justicia— estará presidida por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, presidente de la corporación, que ofrecerá las palabras de apertura. Durante este encuentro se desarrollará el panel titulado “El legado de la Corte Suprema de Justicia como tribunal constitucional en Colombia: lecciones y reflexiones desde la toma y la retoma del Palacio de Justicia”, en el que participarán destacados juristas y familiares de magistrados fallecidos en los hechos.
Entre los panelistas confirmados se encuentran Carlos Medellín Becerra, exministro de Justicia y del Derecho e hijo del magistrado Carlos Medellín Forero; José Mauricio Gaona Bejarano, abogado constitucionalista e hijo del magistrado Manuel Gaona; y Ángela María Buitrago, exministra de Justicia y del Derecho. También está prevista la participación, aún por confirmar, de Yesid Reyes Alvarado, exministro de Justicia, y de Italia Medina, familiar del magistrado Álvaro Medina Ochoa.
La Corte Constitucional destacó que el propósito central de estas actividades es “abordar la construcción de la memoria colectiva como un eje axial a partir del legado de la Corte Suprema de Justicia para la historia constitucional de Colombia”, además de reflexionar sobre la vigencia de los valores democráticos y la búsqueda de justicia.
De acuerdo con el alto tribunal, la toma y retoma del Palacio de Justicia evidenció en 1985 la fragilidad institucional y la violencia política que atravesaba el país, lo que derivó en una crisis que posteriormente impulsó la necesidad de reformar las estructuras del Estado y de fortalecer el papel del poder judicial dentro del sistema democrático.
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