Embajada soviética celebró un cóctel en medio del asalto al Palacio de Justicia según documentos desclasificados en Estados Unidos

En la tarde del 7 de noviembre de 1985, mientras el Palacio de Justicia de Bogotá era escenario de un asalto militar y la atención nacional se centraba en la crisis, la embajada soviética mantuvo su agenda diplomática y celebró un cóctel soviético según lo previsto.

Este episodio, insólito por el contraste con la tragedia que se desarrollaba a escasos kilómetros, revela una dimensión poco explorada de la toma del Palacio de Justicia, ocurrida hace 40 años: la simultaneidad de la vida diplomática y la violencia, y el trasfondo de la inteligencia internacional en uno de los episodios más oscuros de la historia colombiana.

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El cóctel en la embajada soviética se realizó en la tarde del 6 de noviembre, justo cuando las fuerzas de seguridad colombianas intentaban retomar el control del Palacio de Justicia, tomado por el grupo guerrillero M-19 el día anterior.

Los documentos estadounidenses desclasificados indican que el evento diplomático transcurrió con un refuerzo notable de seguridad.

Cuando un funcionario estadounidense, el cual no se ha revelado su identidad, preguntó a un representante soviético si estas medidas respondían a la crisis en curso, el diplomático soviético reconoció que, aunque la embajada no era un objetivo principal, estaban al tanto de la gravedad de la situación.

Los informes confidenciales señalan que los soviéticos también disponían de información sobre la posibilidad de un ataque al Palacio, lo que sugiere que la inteligencia internacional seguía de cerca los acontecimientos en Bogotá.

La existencia de información previa sobre la toma no se limitó a la delegación soviética. Los documentos desclasificados en 2023 revelan que tanto la embajada estadounidense como la soviética manejaban advertencias sobre un posible ataque al Palacio de Justicia.

Un cable confidencial estadounidense, fechado más de una semana antes de la crisis, advertía que el edificio había sido identificado como un posible objetivo del M-19. Esta alerta llevó a las fuerzas de seguridad colombianas a interceptar dos camiones con armas y simpatizantes del grupo guerrillero, aunque la medida no logró evitar el asalto posterior.

Durante la toma, personal estadounidense mantuvo contacto con al menos dos personas dentro del Palacio, incluida una en la oficina de la Corte Suprema, lo que evidencia el nivel de seguimiento internacional sobre la crisis.

El papel de la inteligencia internacional se hizo aún más evidente cuando, en medio del asalto, el gobierno colombiano solicitó asistencia militar a Estados Unidos. Hacia las 4:00 p.m. del 6 de noviembre, Washington recibió la petición y envió un avión C-130 a Bogotá, que debía llegar esa misma noche.

Además, ante la magnitud del incendio en el Palacio, las autoridades colombianas pidieron la disponibilidad de 12 trajes de asbesto para los equipos de rescate. Los informes estadounidenses también detallan la coordinación y los conflictos entre las fuerzas militares y policiales colombianas, señalando una “considerable superposición de esfuerzos y conflictos potenciales” que dificultaron la respuesta al ataque.

Las implicaciones políticas de la crisis se manifestaron rápidamente.

El análisis diplomático estadounidense sugería inicialmente que el presidente Belisario Betancur saldría fortalecido tras la operación militar, pero la realidad fue más compleja. La decisión de lanzar un asalto total al Palacio generó reacciones divididas: mientras algunos sectores respaldaron la línea dura del gobierno, otros, como los 30.000 empleados judiciales sindicalizados, convocaron una huelga en protesta por la negativa a negociar con los insurgentes.

El informe diplomático consideró que la reticencia de Betancur a dialogar con el M-19 respondía al temor de perder legitimidad ante los militares y la opinión pública. Además, la embajada estadounidense interpretó que el M-19 buscaba principalmente visibilidad para criticar al gobierno y promover su causa, aunque el desenlace fue devastador: la muerte de todos los guerrilleros, 15 de los 24 magistrados de la Corte Suprema y decenas de civiles.

En los días posteriores, la diplomacia estadounidense anticipó un giro hacia la derecha en la política colombiana y una mayor dependencia de la acción militar para restaurar el orden.

Aunque estas tendencias se consideraron favorables para los intereses de Estados Unidos, también se advirtieron riesgos de radicalización y de un endurecimiento autoritario en el país.

El proceso de toma de decisiones durante la crisis fue objeto de especulación: algunos sugirieron que Betancur actuó bajo presión militar, pero los informes diplomáticos concluyeron que la mayoría de los líderes, incluido el presidente, coincidieron en que negociar habría dañado la legitimidad del gobierno.

Persistieron, no obstante, dudas sobre la retirada de la protección militar y policial del Palacio el día del ataque y sobre posibles conspiraciones entre el M-19 y el narcotráfico, aunque los documentos no aportaron pruebas concluyentes al respecto.

Las secuelas de la toma del Palacio de Justicia marcaron un antes y un después en la política colombiana. El ejército asumió una posición más fuerte frente a las guerrillas, salvo en el caso de las Farc, con quienes existían negociaciones en curso.

Los líderes militares esperaban que la administración estadounidense de Ronald Reagan respaldara un enfoque más contundente contra la insurgencia.

Un panel de jueces determinó que Betancur actuó dentro de sus atribuciones al ordenar el contraataque, aunque consideró que debió haber intentado un diálogo con los atacantes.

Sin embargo, el informe judicial no esclareció por qué se retiró la protección del Palacio ni pudo confirmar los rumores de conspiración entre el M-19 y el Cartel de Medellín.