Defensa de Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, justificó ante la Fiscalía compra de lujoso penthouse en el norte de Bogotá: buscan demostrar su “legalidad”

La defensa de Ricardo Roa Barragán, presidente de Ecopetrol, entregó ante la Fiscalía General de la Nación un extenso paquete de pruebas para sustentar la procedencia de los fondos usados en la compra de un penthouse valorado en 1.800 millones de pesos en el barrio El Chicó, en Bogotá.

Según informó W Radio, este expediente consta de 76 folios que detallan los movimientos financieros relacionados con la adquisición del inmueble.

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El abogado Juan David León, representante de Roa, aseguró que la documentación presentada recoge registros bancarios, contratos de préstamo, y certificaciones financieras para probar la legalidad en la compraventa del inmueble y descartar cualquier vínculo con recursos de la petrolera estatal.

“El día de hoy, la defensa del ingeniero Ricardo Roa tuvo un acercamiento con la Fiscalía para presentar todos los elementos materiales, probatorios, documentales y declaraciones que hemos podido recaudar, donde se evidencia que el apartamento 901 fue adquirido de manera lícitamente pagado en su integralidad y adicionalmente no existe ninguna tacha de irregularidad sobre este adquisición”, dijo el jurista, en declaraciones conocidas por el medio radial.

Agregó: “De hecho, si se puede ver y como se lo podrá corroborar la Fiscalía en los documentos aportados, todo fue hecho con base en el sistema financiero. Una trazabilidad totalmente legítima que incluso se soportó en créditos bancarios que adquirió el ingeniero Ricardo Roa para cancelar su obligación, como lo hace cualquier ciudadano en la cotidianidad”.

Ante la Dirección Especializada contra la Corrupción, la defensa radicó tanto virtual como físicamente los documentos que, afirma el abogado, muestran la legitimidad de la transacción.

En declaraciones recogidas por el medio, León explicó: “Se detalla con una claridad casi diáfana los cheques que fueron entregados, los extractos financieros y bancarios donde se reflejan las transacciones, los contratos que fueron suscritos, los préstamos que fueron adquiridos por Roa”.

Agregó: “Nosotros seguimos haciendo una actividad investigativa exhaustiva para lograr esclarecer cualquier afirmación y cualquier tacha de irregularidad que se ha tratado de crear, pero que, como hemos visto en la trazabilidad documental, es inexistente”, dijo.

También aseguró que buscan aportar todo lo que las autoridades requieran en medio de la investigación.

“Es importante y, sobre todo, manifestar que hay una confianza legítima en la Fiscalía, quien desarrolla su actividad investigativa de manera integral y de manera independiente y autónoma, buscando el esclarecimiento de la verdad. Y, por supuesto, la defensa va a contribuir para ese esclarecimiento, para que esos rumores que se han venido creando, pues no subsistan, sino que se encuentre la verdad sobre una operación lícita que realiza cualquier ciudadano en su diario vivir. La adquisición de vivienda no es una irregularidad y más cuando se ha cancelado, pues la totalidad de esos precios acordados”, dijo el abogado.

Por qué se volvió polémica la compra del apartamento

El medio mencionado detalló que la adquisición del penthouse se ha convertido en objeto de investigación luego de que, en septiembre, el periodista Daniel Coronell publicara documentos sobre supuestas contradicciones en las fechas y formas de pago del inmueble.

De acuerdo con los registros revelados, el apartamento, anteriormente propiedad de la empresa Princeton International, situada en un paraíso fiscal y controlada por Serafino Iácono, fue transferido a Roa el 7 de diciembre de 2022 mediante una escritura de la Notaría 34 de Bogotá.

El caso también involucra al coronel retirado Juan Guillermo Mancera, quien, según Coronell, en un trabajo periodístico entregado a la W Radio, habría realizado pagos asociados al apartamento inclusive después del cambio de titularidad a nombre de Roa, extendiéndose hasta febrero de 2024.

La Fiscalía inspeccionó las oficinas de Mancera en Bogotá e Ibagué el 29 de septiembre de 2025. Los documentos cotejados por la investigación oficial incluyen una carta del representante legal de Princeton International dirigida al CTI, en la que se listan seis pagos efectuados a cuentas de Bancolombia en fechas posteriores al traspaso del inmueble.

En referencia a la génesis de la compraventa, Serafino Iácono afirmó al diario El Tiempo que vendió el apartamento a Mancera antes del inicio del actual gobierno colombiano y que el oficial retirado le notificó meses después la decisión de venderlo a un tercero.

“Mancera canceló el precio pactado a cuotas”, puntualizó Iácono, aunque documentos en poder de la Fiscalía confirman pagos posteriores al registro oficial de Roa como propietario.

Esta situación motivó la apertura de una noticia criminal por presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.