La Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) llevó a cabo una operación de evacuación aeromédica para trasladar a dos civiles que sufrieron graves heridas tras la explosión de una mina antipersonal en una zona rural del municipio de Anorí, ubicado en el departamento de Antioquia.
El incidente, que reitera el peligro al que se expone la población civil y los miembros de la fuerza pública por la presencia de artefactos explosivos en áreas apartadas del país, requirió la intervención rápida y efectiva de las autoridades para asegurar la atención médica adecuada a las víctimas.
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Desde el Comando Aéreo de Combate No. 5, la FAC desplazó un helicóptero “Ángel”, equipado para brindar atención médica de emergencia, con el fin de realizar el traslado de los afectados desde Anorí hasta Medellín.
Si bien los dos heridos recibieron los primeros auxilios en el lugar del accidente, tuvieron que ser trasladados a un centro asistencial de mayor complejidad debido a la gravedad de las lesiones, así como las implicaciones de estas para la vida de cada uno.
El primero de los heridos, un hombre de 38 años, sufrió la amputación de su miembro inferior izquierdo. Por su parte, el segundo, un joven de 22 años, presentó severas lesiones oculares a causa de la explosión.
La gravedad de estas heridas demandó un traslado urgente para garantizar que ambas personas recibieran atención especializada que pudiera salvar sus vidas y mejorar su pronóstico.
Durante el traslado, el equipo médico y de rescate de la FAC brindó atención constante a los pacientes, logrando mantenerlos estables y conscientes. Esta atención continua durante el viaje en helicóptero fue fundamental para preservar su estado mientras eran transportados hacia el Hospital Pablo Tobón Uribe en Medellín.
Este tipo de intervenciones también subraya la importancia de la coordinación entre distintas fuerzas del Estado. En este caso, la FAC trabajó en estrecha colaboración con el Ejército Nacional para asegurar el traslado seguro de los dos hombres heridos, lo que refleja la efectividad de las operaciones articuladas de las instituciones militares.
Minas antipersona suelen afectar a la población rural
La presencia de minas antipersona en el territorio colombiano sigue siendo una problemática crítica, que pone en riesgo la vida de la población civil, especialmente en zonas rurales donde la accesibilidad a servicios médicos puede ser limitada.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, la presencia de minas antipersona se intensificó entre 2021 y 2025, esto pese a los avances en la implementación de los Acuerdos de Paz firmados en 2016 entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc, lo cuales establecían un plazo para eliminar estos elementos del territorio nacional.
No obstante, por cuenta del incremento en el uso de estos elementos por parte de los grupos armados al margen de la ley, el Estado tuvo que solicitar que dicho plazo fuera extendido hasta 2030.
Entre 2021 y 2024, los artefactos de minas antipersonal y municiones sin explotar aumentaron diez veces, pasando de 1.069 a 11.498, y las personas en riesgo se duplicaron, alcanzando aproximadamente 607.000 personas en riesgo de accidentes, desplazamientos o confinamientos.
Con base en estas cifras, Colombia sigue siendo uno de los países con mayor número de víctimas, según la Defensoría, con más de 12.600 personas afectadas desde 1990, entre civiles, menores y miembros de la fuerza pública. Las zonas más afectadas comprenden 499 municipios y departamentos como Antioquia, Nariño, Meta, Norte de Santander y Caquetá, donde se concentra la mayoría de víctimas.
Pese a que en 2023 se registró una reducción en el número de víctimas, la cantidad de eventos con artefactos explosivos se duplicó, evidenciando un uso creciente por parte de grupos armados ilegales. Además, más de 14.700 personas fueron desplazadas o confinadas por la presencia de estos artefactos.
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