El reciente operativo de desalojo en la hacienda Japio, ubicada en la zona rural de Santander de Quilichao, Cauca, desencadenó una serie de enfrentamientos violentos entre la fuerza pública y comunidades indígenas que permanecen en el predio desde hace más de dos años.
La intervención, ejecutada por unidades de la Policía, el Ejército y la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo, antes Esmad), responde a una orden judicial que busca restituir la propiedad a sus dueños legítimos, que denunciaron la ocupación ilegal del terreno.
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La mañana del domingo 2 de noviembre marcó el inicio de la operación, cuando efectivos del Ejército Nacional y la Undmo arribaron al lugar con el objetivo de desalojar a los indígenas asentados en la hacienda.
Estas comunidades, originarias de Caloto, Toribío y otras áreas rurales de Santander de Quilichao, construyeron viviendas y ranchos en distintos puntos del predio, donde desarrollan actividades agrícolas. La presencia de la fuerza pública provocó una reacción inmediata y enérgica por parte de los indígenas, los cuales defienden su permanencia en el terreno y rechazan el desalojo.
Durante los disturbios, se reportaron quemas de viviendas, vehículos y cultivos, así como daños ambientales que afectaron ojos de agua y terrenos agrícolas, muchos de ellos resultado del trabajo de las comunidades indígenas.
Los líderes nativos denunciaron, según El Páis, que el ingreso de la fuerza pública se realizó de manera violenta, ocasionando destrozos y lesiones entre los habitantes del lugar.
Con base en un testimonio difundido en un vídeo, “El cuento es aquí el indígena daña la reserva y miren como nos han enseñado a cuidar la naturaleza, cuidar la reserva, esto no está dañado, lo hemos cuidado durante estos años... el cuento de ellos es que nosotros mantenemos dañando acá y por eso están metiéndose a dañar los cultivos de plátano y las casas de la gente, atropellando a la gente”.
Por su parte, las autoridades sostienen que la intervención tiene como único propósito recuperar predios que consideran invadidos de manera ilegal. La situación en la hacienda Japio permanece tensa y en desarrollo, mientras organismos de derechos humanos intentan mediar para evitar una escalada mayor en el conflicto.
Antecedentes del conflicto
El origen de la ocupación actual se remonta a agosto de 2022, cuando, de acuerdo con los reportes, “las comunidades de esta parte del norte del Cauca ingresaran violentamente a la hacienda”.
La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, fue la primera en denunciar públicamente estos hechos, señalando que más de 100 indígenas llegaron en chivas y motos para tomar el predio, y calificó la acción como una arbitrariedad.
La disputa por la Hacienda Japio no es reciente. En 2004, los indígenas ocuparon nuevamente el terreno, lo que derivó en un desalojo por parte de la fuerza pública y un enfrentamiento que dejó 19 heridos entre civiles y uniformados.
En ese contexto, declararon: “Indígenas Paeces, de los resguardos de Caldonó, Pueblo Nuevo, Pioyá, La Aguada, La Laguna y las Mercedes seguimos en ocupación pacífica de la Hacienda el Japio, jurisdicción del municipio de Caloto – Cauca, para revindicar nuestro derecho al territorio ancestral y ampliación del mismo como principio inherente a los derechos humanos – situación que debe ser atendida con diligencia por parte del gobierno central”.
A pesar de la reciente intervención de la fuerza pública, los indígenas continúan en el lugar, manteniendo la disputa por el control de la hacienda. Los propietarios, por su parte, continúan con las acciones legales ante las autoridades competentes para salvaguardar su derecho a la propiedad privada, mientras la tensión persiste en la región.
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