
No paran las críticas contra el presidente Gustavo Petro tras insinuar la presunta relación entre el magistrado asesinado Manuel Gona Cruz y el grupo guerrillero M-19, además de advertir que fue el Ejército Nacional el que habría acabado con su vida durante la retoma del Palacio de Justicia en 1985.
Sin embargo, la Comisión de la Verdad concluyó, tras un análisis detallado de testimonios y pruebas forenses, que el magistrado Gaona Cruz fue asesinado por un disparo de arma de fuego realizado por un miembro del grupo guerrillero M-19.
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Esta determinación se fundamenta en la coincidencia de los relatos de los testigos presenciales y en los hallazgos de la necropsia, y representa un avance en el esclarecimiento de uno de los episodios más dolorosos de la historia reciente de Colombia.
José Roberto Herrera, autor del informe de la Comisión de la Verdad y exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, explicó a la revista Semana que la investigación se apoyó en un análisis riguroso de las circunstancias en las que Gaona perdió la vida.

Según Herrera, el magistrado se encontraba entre los rehenes retenidos en los baños de los entrepisos del Palacio, bajo vigilancia de guerrilleros del M-19. Al intentar salir del lugar, Gaona fue alcanzado por un disparo a corta distancia efectuado por un miembro de ese grupo armado.
“En el caso específico de la muerte de Manuel Gaona, la Comisión fue sumamente cuidadosa en el análisis de las evidencias que le permitieron concluir, en grado de certeza, que su muerte, sin duda alguna fue causada por un guerrillero del M-19 que se encontraba vigilando la salida de quienes trataban de escapar del infierno de baños de los entre pisos, donde se encontraba el doctor Gaona, junto con otros rehenes”, afirmó Herrera en diálogo con Semana.
El informe detalla que los testimonios del magistrado auxiliar José Gabriel Salom, así como de los magistrados Nemesio Camacho y Hernando Tapias y del conductor Reina, resultaron determinantes para reconstruir los hechos. Salom relató que el cuerpo de Gaona cayó sobre él y que presenció el momento exacto del disparo, la trayectoria de la bala y la identidad del autor.
Los otros testigos confirmaron esta versión, y la necropsia practicada al cadáver del magistrado respaldó la hipótesis de un disparo a quemarropa. Además, la posición de las Fuerzas Militares en ese momento descartó la posibilidad de que el proyectil proviniera del Ejército.

La unanimidad de los testimonios y la evidencia forense llevaron a la Comisión a concluir, con certeza, la responsabilidad del M-19 en la muerte de Gaona. Esta conclusión ha sido respaldada por el propio hijo de la víctima, el jurista Mauricio Gaona, quien, tras un análisis técnico detallado, sostuvo que
“Las conclusiones de la comisión, sobre este hecho, se ciñen estrictamente a la verdad de que el M-19 fue el único responsable del asesinato del magistrado Gaona Cruz”, según recogió Semana. Esta postura contrasta con versiones públicas recientes, como la del presidente Gustavo Petro, quien atribuyó la muerte al Ejército, afirmación que fue rechazada por Mauricio Gaona.
El informe de la Comisión de la Verdad, elaborado dos décadas después de los hechos, surgió en un contexto de persistente impunidad y de una “verdad a medias” que, según Herrera, se había instalado en la conciencia colectiva.
El documento identificó tres grandes responsables institucionales de la tragedia: el M-19, por el ataque armado; el Gobierno, por el vacío de poder; y la fuerza pública, por la retoma desproporcionada del edificio, que no contempló la protección de los civiles. La investigación se apoyó en más de 100 testimonios, expedientes judiciales, documentos y grabaciones de los militares involucrados.
“Todos los testigos coinciden en el relato y no hay nadie, de las personas que presenciaron los hechos, que declare lo contrario”, comentó el exmagistrado al diario nacional.

La toma y retoma del Palacio de Justicia dejó un saldo de 115 personas muertas, entre ellas la mitad de los magistrados de la Corte Suprema, así como varios desaparecidos y la destrucción del edificio.
El drama de los 60 rehenes confinados durante 28 horas en los baños de los entrepisos, en un espacio de apenas 20 metros, ilustra la magnitud de la tragedia. Herrera señaló que la verdad plena sobre lo ocurrido nunca se alcanzará mientras algunos de los responsables guarden silencio y no reconozcan los hechos ni pidan perdón a las víctimas.
La conmemoración de los 40 años de la toma coincide con un momento de crisis institucional y debate sobre la vigencia de la Constitución de 1991, que surgió como respuesta a la tragedia.
El informe de la Comisión de la Verdad, relanzado recientemente en la Universidad del Rosario, mantiene su relevancia al ofrecer un análisis detallado de los antecedentes y consecuencias del conflicto, así como recomendaciones vigentes para el presente. Herrera destacó la importancia de preservar la memoria histórica y de evitar la manipulación de los hechos, advirtiendo sobre el riesgo de la “posverdad” y la revictimización de quienes sufrieron la tragedia.
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