Dos presuntos disidentes de las Farc, señalados de organizar un ataque contra la gobernadora del Tolima, fueron capturados en la vereda Tuamo, ubicada en la zona rural del municipio de Rovira. El operativo se realizó como parte de una investigación impulsada por la reciente ola de amenazas dirigidas a la mandataria departamental, Adriana Magali Matiz.
La captura se llevó a cabo después de labores de inteligencia y allanamientos en los que participaron unidades del Ejército Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional. De acuerdo con información difundida por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, a través de sus redes sociales, se incautaron armas cortas, escopetas y munición de varios calibres durante la operación.
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En palabras del ministro: “capturados dos disidentes que amenazaban a la gobernadora del Tolima. Gracias a una operación conjunta en la vereda Tuamo (Rovira, Tolima), fueron capturados dos criminales, de las disidencias, señalados de amenazar a la señora Gobernadora del Tolima”. Sánchez agregó que estas acciones afectan las capacidades criminales de estos grupos y refuerzan la seguridad institucional en la región.
El operativo es parte de una estrategia para frenar los planes delictivos de estructuras armadas residuales en el centro del país.
Señalados, estructura criminal y antecedentes
Los capturados pertenecen a la estructura armada conocida como las disidencias de las Farc, responsables de diversas actividades ilícitas en Tolima y departamentos cercanos. El ataque contra la gobernadora presuntamente habría sido ordenado por alias ‘Calarcá’, uno de los principales cabecillas del grupo, mientras que alias ‘Arley’ o ‘El Paisa’ figura como líder de la estructura implicada en el plan.
Alias ‘Arley’ ocupaba la posición de segundo cabecilla de finanzas dentro del frente Joaquín González. Este individuo es señalado de encabezar extorsiones contra agricultores, ganaderos y comerciantes en municipios como San Antonio, Roncesvalles, Rovira, Cajamarca, Valle de San Juan y áreas rurales de Ibagué. Según revelaciones del Ministerio de Defensa, ‘Arley’ fue detenido el 23 de octubre en la vereda Tolda Vieja, jurisdicción del municipio de Roncesvalles.
Las autoridades informaron que, bajo órdenes de alias ‘Calarcá’, alias ‘Arley’ habría recaudado unos 800 millones de pesos mensuales mediante extorsiones, remitiendo el 70% de los fondos al Meta para financiar el Bloque Jorge Suárez Briceño.
Avances en la judicialización y riesgos para las autoridades
La captura de estos dos implicados eleva a tres los detenidos bajo sospecha de planear atentados contra la gobernadora Adriana Magali Matiz. La presión de los grupos disidentes y la presencia creciente de estructuras ilegales en la región han puesto en alerta a las autoridades locales y nacionales sobre el peligro que enfrentan los funcionarios electos en Tolima.
En su mensaje público, el ministro de Defensa subrayó: “Ningún grupo criminal intimidará a las autoridades legítimamente elegidas ni a ningún colombiano. Las operaciones ofensivas continúan en la región para desarticular estas estructuras y garantizar tranquilidad a las comunidades”.
El operativo también incluyó un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier acto sospechoso través de líneas telefónicas como el 314 358 7212, la línea 107-157, los canales GAULAS: 147 – 165 y el número 141, destinado a reportar casos de reclutamiento infantil. Las autoridades reiteraron la importancia de preservar la confidencialidad en las denuncias y recordaron: “El Estado somos todos y… los buenos somos más”.
Contexto regional y acciones en curso
Estos hechos se desarrollan en un contexto de incremento de las amenazas a dirigentes políticos en zonas rurales del Tolima y de otros departamentos. El proceder de las disidencias de las Farc afecta tanto la seguridad de las autoridades como la tranquilidad de las comunidades. Medios nacionales han documentado la presión que ejercen estos grupos sobre la población y el impacto que tienen las acciones de extorsión y financiamiento delictivo en la región.
Las investigaciones y acciones judiciales dirigidas por la Fiscalía General de la Nación y los organismos de inteligencia ponen el foco en la desarticulación de las redes de financiamiento ilegal y la protección de las figuras públicas bajo amenaza.
Las autoridades mantienen presencia militar y policial en zonas rurales de Roncesvalles, Cajamarca y Rovira, regiones identificadas como puntos clave en el plan criminal y en la financiación de las estructuras ilegales.
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