El 31 de octubre de 2025, la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, se refirió al caso del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, manifestando su deseo de que no sea necesario solicitar la intervención de Interpol para asegurar su comparecencia ante la justicia colombiana, por su presunta participación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
La alta funcionaria recordó que algunos de los actuales prófugos, cercanos al presidente Gustavo Petro ―como el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) Carlos Ramón González―, habían sido figuras destacadas en la consulta anticorrupción, pero ahora se encuentran en el centro de este proceso judicial.
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“Que esas personas respondan ante la justicia, que no comparezcan dado el alto cargo que ocuparon como Carlos Ramón González, esperaría que no haya que hacer labores de Interpol como hemos tenido que hacerlo en el caso de César Manrique y de González, para lograr su comparecencia en una investigación que ha sido reservada y moderada”, afirmó la fiscal Camargo.
En reacción, el exjefe de la cartera utilizó sus redes sociales para aclarar que no tiene ningún interés de fugarse del país para no responder por el proceso judicial. En efecto, sostuvo que puso a disposición del ente acusador su pasaporte y otros documentos como acto de buena fe.
“Sra Fiscal @FiscaliaCol, puse pasaporte a disposición y asistí a todas diligencias. El 16 octubre pedimos al Tribunal verificar, con la UIAF, que no tengo recursos para salir del país. En audiencia se acreditó mi salud, atendible solo en Colombia y conocida por FD ante la Corte”, escribió Bonilla en su cuenta de X.
En su mensaje, también compartió una serie de documentos en los que expone su intención de atender los requerimientos de la administración de Justicia, además de su disposición de colaborar con el ente acusador.
El testimonio que enlodó a Ricardo Bonilla en el escándalo de la Ungrd
El testimonio de María Alejandra Benavides, entonces asesora del ahora exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, denunció cómo la llamada “gobernabilidad” se tradujo en la entrega de multimillonarios contratos a congresistas a cambio de su respaldo político.
En su declaración, que se extendió por más de 50 horas y que publicó Semana, Benavides detalló que su principal tarea en el Ministerio de Hacienda consistía en asegurar la “gobernabilidad” mediante la satisfacción de los intereses de los congresistas de la Comisión de Crédito Público. Para ello, gestionaba los denominados cupos indicativos, un mecanismo que permitía asignar proyectos y recursos a legisladores específicos, condicionando su apoyo en votaciones clave.
Entre las funciones que asumió, la exfuncionaria destacó la necesidad de “mantener felices” a los congresistas de la Comisión de Crédito Público, quienes aparecen en los registros de seguridad del Ministerio de Hacienda y en la sala contigua al despacho del ministro Bonilla. Benavides recordó que, bajo la jefatura de Andrea Ramírez, se solicitaba a la secretaria administrativa que recibiera correos electrónicos informando qué congresista solicitaba cita con el ministro y cuál era el tema a tratar.
Incluso, aportó detalles sobre el ambiente de las reuniones y la dinámica de las negociaciones y escribió cómo se evaluaba la disposición de los congresistas para votar las iniciativas del Gobierno Petro.
“Había un acuerdo tácito, porque ninguno de los otros miembros que estaban en esta reunión se opuso. En ella se dijo que, como un gesto con el ministro, recuerdo esa parte, se iba a votar un crédito. Para ellos, era una forma de mostrar que sí estaban dispuestos a colaborarle al ministro Ricardo Bonilla, pero que ya era cuestión de que el ministro demostrara alguna gestión en el interior de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo”, expuso el medio citado.
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