El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reconoció el aumento de los hechos violentos en el norte de Antioquia, donde se ha intensificado la confrontación entre el Clan del Golfo y las disidencias del Frente 36 de las Farc. La región, una de las más golpeadas por los enfrentamientos entre grupos armados ilegales, enfrenta una nueva ola de desplazamientos y ataques selectivos que mantienen en alerta a las autoridades nacionales.
El jefe de la cartera de Defensa admitió que la violencia se ha recrudecido por la disputa de territorios donde operan estructuras vinculadas a economías ilícitas, principalmente narcotráfico y minería ilegal. Durante una visita al departamento, Sánchez anunció una ofensiva militar que incluye el envío de 200 soldados adicionales, la entrega de nuevas embarcaciones fluviales y la incorporación de tecnología aérea para reforzar la vigilancia.
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El funcionario aseguró que las operaciones militares se centrarán en municipios como Briceño, Tarazá, Anorí, El Bagre y Valdivia, zonas donde las comunidades han denunciado desplazamientos masivos y amenazas. Según cifras oficiales, más de 2.700 personas han sido desplazadas en las últimas semanas, siendo Briceño el municipio con mayor número de familias afectadas.
“Estas estructuras criminales buscan controlar las rutas del narcotráfico, los puntos de extracción minera y los corredores estratégicos hacia el norte del país. Esa disputa es la que genera el incremento de homicidios y desplazamientos”, explicó el ministro Sánchez en declaraciones recogidas por Blu Radio.
El alto funcionario también hizo un llamado a las autoridades locales para fortalecer la cooperación interinstitucional y evitar que las comunidades queden bajo dominio de las economías ilegales. “No hay ningún tipo de cese al fuego con organizaciones criminales. En Antioquia se han desarrollado más bombardeos que en cualquier otro departamento durante este año”, puntualizó.
El Ministerio de Defensa dispuso un plan de intervención que contempla presencia militar permanente en las zonas rurales del norte y Bajo Cauca antioqueño. En ese marco, se desplegarán drones de reconocimiento, botes de bajo calado y unidades especializadas de inteligencia para combatir las estructuras armadas. Sánchez destacó que estas acciones se complementan con el trabajo articulado entre el Ejército, la Policía y la Fiscalía General de la Nación.
La situación humanitaria preocupa a los organismos de control, que han solicitado medidas urgentes para atender a las familias desplazadas. La Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General instaron al Gobierno nacional a activar las rutas de atención y protección, mientras que la Gobernación de Antioquia anunció la creación de un fondo de emergencia para asistir a las comunidades más afectadas.
En su intervención, Sánchez insistió en que el control de las economías ilegales es el eje del conflicto. “Estas organizaciones ponen a las comunidades a depender del negocio criminal. Cuando se rompen los acuerdos entre ellos por las rutas o los precios, las disputas derivan en asesinatos y ataques indiscriminados”, señaló.
El ministro también advirtió que antes del 15 de noviembre se intensificará la erradicación de la minería ilegal en el Bajo Cauca, una de las principales fuentes de financiamiento de los grupos armados. Para ello, se conformará una fuerza especial integrada por unidades del Ejército, la Policía Ambiental y la Fuerza Aérea, con el objetivo de intervenir las zonas de explotación no autorizada.
En paralelo, el Ministerio de Defensa implementará una estrategia de prevención del reclutamiento infantil en los municipios de mayor riesgo. El plan contempla jornadas educativas, presencia de psicólogos y fortalecimiento de programas sociales dirigidos a los jóvenes de las áreas rurales.
El gobernador Andrés Julián Rendón reiteró la necesidad de una intervención sostenida. “No podemos permitir que la violencia vuelva a expulsar a las familias campesinas de sus tierras. Se requiere presencia institucional permanente”, afirmó el mandatario departamental.
El Consejo de Seguridad Departamental, convocado tras la visita de Sánchez, definió la creación de un puesto de mando unificado para monitorear los desplazamientos y coordinar la asistencia humanitaria. Las autoridades locales esperan que los refuerzos militares permitan recuperar el control en las zonas donde los enfrentamientos han recrudecido.
El Ministerio de Defensa confirmó que las operaciones continuarán hasta neutralizar las estructuras responsables de los ataques y desplazamientos. La prioridad, según Sánchez, es restablecer la seguridad en los corredores estratégicos del norte antioqueño y garantizar el retorno seguro de las comunidades afectadas.
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