La captura de Angie Liset Jaramillo Arias, conocida como “la Crespa”, ha reavivado el debate sobre la vulnerabilidad de las instituciones locales en zonas afectadas por el conflicto armado en el departamento de Guaviare.
Jaramillo, quien ejercía funciones en la Personería de Calamar, es investigada por la Fiscalía General de la Nación por presuntamente filtrar información reservada a las disidencias de las Farc, facilitando la comisión de crímenes graves en la región.
Aunque algunos medios la identificaron como secretaria, su verdadero rol era el de contratista y judicante, una distinción clave para comprender su vínculo con la administración pública y el alcance de sus responsabilidades.
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Según información obtenida por El Tiempo, Jaramillo Arias inició su relación contractual con la alcaldía de Calamar en 2017, desempeñándose como contratista en diferentes periodos.
En marzo de 2024, pasó a la Personería municipal, donde asumió el cargo de abogada judicante. Su contrato más reciente, firmado el 13 de junio de 2024 por un valor de $11 millones, tenía como objeto la prestación de servicios de asistencia jurídica y administrativa en la Personería de Calamar.
Esta trayectoria contractual desmiente la versión que la ubicaba como secretaria de la entidad, una confusión que ha circulado en algunos sectores y medios.
La personera municipal Emeling Adriana Mosquera Peña aclaró a EL TIEMPO que Jaramillo no ocupaba el cargo de secretaria. “Ella no era secretaria, era judicante. Tenía contratos de prestación de servicios más o menos desde 2022”, explicó Mosquera Peña, que también manifestó desconocer detalles de la investigación en curso.
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La funcionaria subrayó que la Personería está dispuesta a colaborar con las autoridades para esclarecer los hechos y reiteró que la información sobre la supuesta condición de secretaria es incorrecta.
La investigación de la Fiscalía, citada tanto por el medio de comunicación, El Colombiano, sostiene que Jaramillo Arias habría aprovechado su posición para acceder a información privilegiada sobre operativos de la Fuerza Pública y movimientos de líderes sociales y religiosos en Calamar.
De acuerdo con el ente acusador, la funcionaria transmitía estos datos al frente Armando Ríos, una estructura disidente de las Farc, lo que permitió a los armados planificar y ejecutar el asesinato de ocho líderes religiosos y sociales el 4 de abril de 2024. La Fiscalía detalló que la Personería de Calamar, como representante del Ministerio Público, tenía acceso a información sensible, la cual fue presuntamente utilizada para facilitar la acción criminal.
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El operativo que culminó con la masacre fue liderado por Miller Leonardo Garrafa Neira, alias Miller, junto a otros miembros de la organización, entre ellos alias Yucape. Las víctimas, originarias de Arauca, fueron citadas bajo el pretexto de investigar una supuesta vinculación con el ELN, retenidas y posteriormente ejecutadas en una zona selvática conocida como Cofre, cerca del río Itilla.
Los cuerpos fueron hallados y exhumados en julio, tras una operación conjunta de la Fiscalía, el Ejército Nacional, la Policía y el Instituto Nacional de Medicina Legal, según reportó El Colombiano.
La Fiscalía imputó a los tres detenidos —Miller, Yucape y Jaramillo Arias— los delitos de concierto para delinquir agravado, desaparición forzada, homicidio agravado y porte ilegal de armas de uso privativo. Ninguno de los implicados aceptó los cargos.
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La investigación, iniciada el 4 de abril de 2024, ha puesto en evidencia la compleja red de complicidades y la facilidad con la que actores armados han logrado penetrar las estructuras administrativas locales.
El análisis de El Colombiano destaca que el caso de Jaramillo Arias ilustra la manera en que el conflicto armado ha permeado los espacios del Estado en municipios como Calamar. La presunta participación de una funcionaria pública en la filtración de información a grupos armados no solo ha conmocionado a la comunidad, sino que también ha encendido las alarmas sobre la fragilidad institucional en territorios donde la violencia y la intimidación condicionan la vida cotidiana.
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La historia de Angie Liset Jaramillo Arias evidencia los riesgos que enfrentan las instituciones locales cuando el conflicto logra infiltrarse en sus estructuras, dejando a la población expuesta y debilitando la confianza ciudadana.
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