La Contraloría General de la República alertó que la desnutrición infantil en comunidades indígenas triplica el promedio nacional y persisten brechas estructurales en atención y garantía de derechos.
El organismo presentó sus hallazgos durante el foro “La primera infancia indígena: deberes del Estado, compromiso de la sociedad”, en el que reiteró los desafíos del Estado en materia de salud y nutrición para los pueblos originarios.
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El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, señaló que, pese a algunos avances institucionales, las tasas de mortalidad por desnutrición infantil en pueblos indígenas siguen siendo entre tres y cuatro veces más altas que en el resto del país. Según dijo, persisten deficiencias en la articulación institucional y en la continuidad de los programas enfocados en la primera infancia.
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Los departamentos con mayores afectaciones
El informe, elaborado por la Contraloría Delegada para Población Focalizada, evaluó la eficacia de los programas dirigidos a niños indígenas durante 2023 y 2024. Los resultados muestran que Amazonas, Arauca, Guainía, Guaviare, Vaupés, Vichada y Putumayo presentan los indicadores más críticos en materia de protección y bienestar infantil.
Estas zonas, que coinciden con territorios de mayor presencia indígena, reflejan una situación de vulnerabilidad persistente, donde los menores enfrentan altos niveles de desnutrición, enfermedades infecciosas y dificultades de acceso a servicios básicos.
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Dificultades en el registro y monitoreo de datos
De acuerdo con cifras del DANE, en Colombia hay más de 250.000 niños y niñas indígenas entre 0 y 5 años, de los cuales 200.000 pertenecen a pueblos en riesgo de extinción. Sin embargo, la Contraloría advirtió que la falta de actualizaciones censales y de registros completos del Ministerio del Interior impide obtener datos precisos, lo que limita la formulación de políticas públicas efectivas.
La entidad también revisó el cumplimiento de la Sentencia T-187 de 2018, que protege los derechos de la primera infancia indígena en Pueblo Rico (Risaralda). Aunque se evidencian avances parciales, el organismo concluyó que los esfuerzos siguen siendo insuficientes.
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Llamado al Gobierno y a las autoridades indígenas
La Contraloría instó al Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) a fortalecer su rol de articulador entre las instituciones responsables de la atención a la niñez indígena. El organismo pidió crear mecanismos permanentes de seguimiento y evaluación para garantizar la sostenibilidad de los programas.
Finalmente, el ente de control hizo un llamado al Gobierno Nacional y a las autoridades indígenas para priorizar políticas diferenciales que aseguren el acceso a derechos básicos como salud, nutrición, agua potable y educación inicial.
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La advertencia de la Contraloría, divulgada por Revista Semana, se suma a los recientes informes sobre mortalidad infantil indígena en el país, especialmente en Risaralda, Vaupés y Putumayo, donde las enfermedades diarreicas y la desnutrición continúan siendo las principales causas de muerte entre los menores.
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