
La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó el martes 21 la renuncia del congresista Andrés Calle, expresidente de esa corporación, que está implicado en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Calle, del Partido Liberal, es señalado de haber recibido un presunto soborno de 1.000 millones de pesos, hecho que investiga la Corte Suprema de Justicia dentro del entramado de presuntos pagos irregulares a congresistas a cambio de apoyo político al Gobierno.
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En la carta de renuncia, el exrepresentante aseguró que su decisión no pretende evadir la justicia, sino concentrarse en su defensa personal y política. “Esta renuncia no busca evadir mi fuero judicial, pues a pesar de todos los acontecimientos espero poder demostrar mi inocencia ante la honorable Corte Suprema de Justicia, y por ende no presentaré ni promoveré ninguna actuación tendiente a cambiar mi juez natural”, escribió Calle en la misiva dirigida a la Mesa Directiva de la Cámara.
Con la aceptación de su renuncia, el legislador dejó oficialmente su curul, poniendo fin a su paso por la Cámara de Representantes, mientras el alto tribunal mantiene abierta la investigación en su contra. La Corte Suprema deberá determinar si los señalamientos que lo vinculan con los contratos irregulares en la Ungrd tienen sustento suficiente para avanzar hacia una imputación formal o si serán archivados.
El caso forma parte del mayor escándalo político que enfrenta el Gobierno Petro, en el que también fueron mencionados otros congresistas y exfuncionarios públicos relacionados con la presunta entrega de sobornos. Por ahora, la Cámara notificará oficialmente la vacancia del cargo y el Consejo Nacional Electoral (CNE) deberá definir en los próximos días la persona que asumirá la curul del Partido Liberal.
Corte confirmó llamado a juicio
El caso judicial, que involucra a los expresidentes del Congreso, Iván Name y Andrés Calle, entró en una nueva etapa tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de negar el recurso de reposición presentado por sus defensas. Con esta determinación, se mantiene en firme el llamado a juicio por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros, lo que significa que ambos legisladores continuarán detenidos en el pabellón de funcionarios públicos de la cárcel La Picota, mientras avanza el proceso.

En su recurso, Calle insistía en que el procedimiento judicial presentaba fallas en la recolección de pruebas y cuestionaba la solidez de la imputación por peculado a favor de terceros, una acusación que, según su defensa, carecía de sustento probatorio suficiente y debía ser reevaluada por el alto tribunal. A pesar de esos alegatos y de los argumentos expuestos por su equipo jurídico, la Corte desestimó los reclamos y mantuvo los cargos.
Algunos magistrados, entre ellos Cristina Lombana, manifestaron reservas frente al contenido del fallo, señalando inconsistencias en las conclusiones que atribuyen a los antiguos presidentes del Congreso la comisión de los delitos de cohecho impropio y peculado. Sin embargo, la mayoría de los miembros de la Sala respaldó la ponencia del magistrado que lidera el caso, reafirmando la continuidad del proceso judicial contra ambos excongresistas.

De acuerdo con esa decisión, está acreditado que Name y Calle habrían recibido un soborno por 4.000 millones de pesos, 3.000 millones al primero y 1.000 millones al segundo, a cambio de impulsar en el Congreso de la República iniciativas legislativas favorables al Gobierno de Gustavo Petro. El dinero, según la investigación, habría salido de un contrato de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo destinado originalmente a la compra de 40 carrotanques con sobreprecio para abastecer de agua a comunidades en La Guajira.
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