Este martes, el Tribunal Superior de Bogotá dará a conocer su decisión en segunda instancia sobre la condena del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien en primera instancia fue hallado responsable de fraude procesal y soborno en actuación penal.
La lectura del fallo se realizará el martes 21 de octubre de 2025, a partir de las 8:00 de la mañana, en una audiencia virtual que promete ser histórica. Se trata del primer exmandatario colombiano en ser juzgado por la justicia ordinaria, lo que ha generado una gran expectativa política y judicial.
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El pasado 1 de agosto, la jueza Sandra Liliana Heredia condenó a Álvaro Uribe Vélez a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. La sentencia también incluye una inhabilitación para ejercer funciones públicas por 8 años, 4 meses y 20 días, además de una multa equivalente a 2.420 salarios mínimos legales vigentes.
El fallo, de 1.114 páginas, sostiene que Uribe Vélez instigó y promovió una serie de actuaciones ilegales para desacreditar los testimonios de los testigos Juan Guillermo Monsalve, Carlos Enrique Vélez y Euridice Cortés, con el fin de alterar declaraciones judiciales a su favor. Según la sentencia, el exmandatario ordenó a su abogado Diego Cadena realizar gestiones para influir en los testigos, incluyendo visitas a la cárcel La Picota y la elaboración de cartas de reclusos de Cómbita (Boyacá) para reabrir un proceso archivado contra el senador Iván Cepeda.
Recursos de apelación y controversias
Tras la condena, la defensa de Uribe, liderada por los abogados Jaime Granados y Jaime Lombana, interpuso un recurso de apelación cuestionando la imparcialidad del fallo. Según Granados, la sentencia realizó un ejercicio parcializado de la prueba testimonial, favoreciendo a los testigos en su contra y desestimando los que lo respaldaban.
Uno de los puntos más controvertidos es la legalidad de las interceptaciones telefónicas entre Uribe y Diego Cadena, que la defensa sostiene fueron obtenidas sin orden judicial, vulnerando el secreto profesional entre abogado y cliente.
Presunción de inocencia y libertad del expresidente
A pesar de la condena de primera instancia, Uribe mantiene su libertad. Una tutela interpuesta por la defensa revocó la prisión domiciliaria, funcionando como un “escudo jurídico” según el presidente del Colegio de Abogados de Colombia, Francisco Bernate. Esto significa que una eventual reclusión solo podría ocurrir si la Corte Suprema de Justicia confirma la condena mediante un recurso de casación.
Expertos legales aclaran que la presunción de inocencia solo se pierde con una sentencia ejecutoriada, por lo que, incluso si el Tribunal confirma la condena, Uribe seguirá siendo considerado inocente ante la ley mientras se resuelvan los recursos extraordinarios.
Escenarios del fallo de segunda instancia
El Tribunal Superior de Bogotá podría optar por tres caminos:
- Confirmar la condena en su totalidad, manteniendo los 12 años de prisión domiciliaria.
- Modificar la condena, eliminando alguno de los delitos y reduciendo la pena.
- Revocar el fallo y absolver al expresidente, si considera que no existen pruebas suficientes.
Cualquiera de estas decisiones podrá ser recurrida ante la Corte Suprema de Justicia por la defensa, el Ministerio Público o las víctimas, según corresponda.
Origen del proceso
El caso se remonta a 2012, cuando Uribe denunció a Iván Cepeda por supuestos vínculos con exparamilitares del Bloque Metro de las AUC. En 2018, la Corte Suprema descartó procesar a Cepeda y abrió investigación contra Uribe por indicios de manipulación de testigos, con la mediación de Diego Cadena.
El expediente incluyó solicitudes de preclusión negadas, varios recursos legales y finalmente la sentencia histórica de primera instancia, que determinó que Uribe conocía y autorizó las maniobras para influir en los testimonios judiciales.
Expectativa nacional
La audiencia de mañana, virtual y con pruebas de conectividad previas para los convocados, será seguida con atención en todo el país. La decisión tendrá repercusiones inmediatas tanto en el ámbito judicial como en el político, dado que Uribe continúa siendo una figura influyente en la política nacional.
El fallo del Tribunal Superior de Bogotá marcará un precedente histórico sobre la responsabilidad penal de expresidentes y determinará los pasos a seguir en el proceso, incluyendo posibles recursos de casación ante la Corte Suprema de Justicia, manteniendo abierto el debate sobre justicia y política en Colombia.
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