Más de la mitad de las mujeres rurales no acceden a servicios financieros en la región: un problema que va más allá del dinero

En los campos colombianos, donde la vida cotidiana transcurre entre cosechas, cuidados y trabajo comunitario, el dinero formal sigue siendo un territorio ajeno para millones de mujeres. No se trata solo de una cuestión de acceso a un crédito o de abrir una cuenta bancaria. El problema es más profundo, las raíces están en las desigualdades estructurales que atraviesan la vida de las mujeres rurales.

Un estudio de la Fundación WWB Colombia, titulado Recomendaciones para lograr una mayor inclusión financiera de las mujeres en la ruralidad, recoge la voz de 258 mujeres de municipios como Palmira, Buenaventura, Tuluá, Buga, Sevilla y Florida. Sus testimonios revelaron que la exclusión financiera está estrechamente ligada a factores sociales, culturales y económicos que limitan su autonomía.

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La investigación mostró que, más allá de las cifras, existe una cadena de obstáculos cotidianos. La sobrecarga de tareas domésticas y de cuidado, los bajos niveles de escolaridad y la persistencia de estereotipos de género impiden que muchas mujeres se acerquen a un banco o soliciten un préstamo. A ello se suma la desconfianza hacia las instituciones, una desconfianza que —como señalan los datos del informe— no es infundada, los trámites son complejos, los requisitos rígidos y las distancias hasta las sedes bancarias, enormes.

De acuerdo con el Dane, el 44% de las mujeres rurales en Colombia no cuenta con ingresos propios, una cifra que se traduce en dependencia económica y vulnerabilidad. En el contexto latinoamericano, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estima que solo el 38% de las mujeres tiene acceso a servicios financieros formales. La FAO, por su parte, advierte que si ellas tuvieran el mismo acceso que los hombres a recursos productivos y asistencia técnica, la productividad agrícola podría aumentar hasta un 30%.

Pero las estadísticas son solo la superficie. En la práctica, la pobreza extrema, la dispersión geográfica y la pertenencia étnica profundizan la exclusión. El informe calcula que vivir en condiciones de pobreza reduce en un 24 % la probabilidad de acceder al sistema financiero, y ser afrocolombiana, en un 11%. Estas cifras reflejan un entramado de desigualdades históricas que no solo limitan el acceso al crédito, sino también la posibilidad de construir proyectos productivos sostenibles o de participar plenamente en la economía local.

La tecnología, aunque abrió nuevas puertas, no siempre se traduce en oportunidades reales. Tener un teléfono móvil no garantiza el uso de aplicaciones bancarias ni de billeteras digitales. “En muchos casos, las mujeres tienen los dispositivos, pero no las herramientas para utilizarlos ni la conectividad necesaria”, concluyó el documento.

Frente a este panorama, la Fundación WWB Colombia plantea cinco rutas de acción:

1. Diseñar productos financieros con enfoque de género y territorialidad, ajustados a los ciclos del campo.
2. Fortalecer la educación financiera y digital, para pasar del acceso al uso efectivo.
3. Reconocer las finanzas comunitarias, como fondos rotatorios o cadenas de ahorro, e integrarlas al sistema formal.
4. Simplificar los procesos y criterios de riesgo, eliminando barreras documentales.
5. Promover alianzas público-privadas con acompañamiento continuo y enfoque rural.

Para Soraya Husain, directora de Investigación de la Fundación, “la inclusión financiera puede potenciar las capacidades de las mujeres, fortalecer sus emprendimientos y mejorar su calidad de vida. Es esencial que los servicios respondan a las realidades de sus territorios”.

El mensaje es claro, sin mujeres, no hay desarrollo rural sostenible. Ellas son protagonistas de la producción alimentaria, del comercio local y de la economía solidaria que sostiene buena parte del país. Integrarlas plenamente al sistema financiero no solo es un acto de justicia, sino una estrategia para reducir la pobreza y fortalecer las comunidades rurales.