La jornada de caos y violencia registrada en la tarde del viernes 17 de octubre en el noroccidente de Bogotá ―donde sujetos encapuchados y manifestantes de comunidades indígenas atacaron de manera violenta a integrantes de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo), frente a la embajada de Estados Unidos―, no habría ocurrido por mera casualidad ni por intimidación de las autoridades.
De acuerdo con lo revelado por La FM, el ataque, en el que habría participado un grupo de al menos 30 encapuchados, habría sido coordinado previamente y con expectativas más violentas.
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Las autoridades habrían recibido las alertas sobre una preparación que incluyó vigilancia de los accesos y posible uso de artefactos explosivos, con el objetivo de causar daños de mayor gravedad a las instalaciones diplomáticas.

Así se habría fraguado el plan contra la embajada de EE. UU. en Bogotá
De acuerdo con lo conocido en el informe, varios encapuchados salieron desde la Universidad Nacional hacia la embajada, donde iniciaron enfrentamientos con la unidad antidisturbios de la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog).
El informe señala que 10 de ellos se posicionaron cerca de las salidas sobre la calle 26, portando cizallas industriales para intervenir los accesos durante el movimiento del grupo. Se investiga si parte de los involucrados tenían explosivos listos para ser utilizados.
La Secretaría de Seguridad confirmó que al menos cuatro miembros de la Policía resultaron herido por flechas lanzadas por ciudadanos indígenas durante los disturbios. El reporte advirtió que la Policía mantiene vigilancia sobre el perímetro de la embajada con el fin de evitar que los disturbios se convirtieran en un ataque mayor.
Ante estos hechos, la Defensoría del Pueblo regional fue notificada de la situación, aunque su representante permanece en diálogo con los sectores señalados de planear los desmanes.
Según el reporte, la prioridad oficial es “proteger la ciudad y evitar enfrentamientos que puedan ser utilizados como provocación”. El monitoreo policial en la zona universitaria y los alrededores de la embajada continúa de forma permanente para impedir un nuevo escalamiento de los disturbios y garantizar el orden público en la capital.
Esta versión coincide con lo afirmado por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, en su más reciente pronunciamiento de los hechos, realizado en la noche del viernes 17 de octubre de 2025, al asegurar que lo ocurrido es evidentemente planeado y premeditado.
“Hoy un grupo de delincuentes, algunos de ellos encapuchados, de manera premeditada, planeada evidentemente, se organizaron para atacar a la Policía en inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos con artefactos explosivos, incendiarios, con flechas, con arcos. Rechazamos estos hechos”, comenzó diciendo el mandatario capitalino a través de un video.
Enfatizó en la necesidad que la Fiscalía General de la Nación inicie con una investigación que permita individualizar a los delincuentes que provocaron caos en la ciudad.
“Inmediatamente, le pedí a la Policía Metropolitana que actuara y que por medio de la fuerza controlara la situación con tanquetas y con otras herramientas. Y lo haremos las veces que sea necesario. Rechazamos además el hecho de que cuatro miembros de la policía resultaron heridos en estos hechos. Yo le pido que inmediatamente la Fiscalía General de la Nación investigue a esos grupos y a los miembros de esos grupos que promovieron estos hechos hoy en Bogotá. Esos son hechos violentos que no podemos, por ningún motivo, dejar pasar”, anotó.

Por último, hizo un vehemente llamado al Gobierno nacional a que no continúe negociando con “hombres armados”: “Le pido además al gobierno nacional, le exijo a este Gobierno que está negociando con estos grupos que desarme los grupos con los que está hablando. No puede estar negociando con unos grupos que están armados y están utilizando herramientas como estas para afectar a la población y a la policía. En Bogotá no le vamos a dar cabida a la violencia y las veces que sea necesario vamos a ordenarle a la policía que actúe para proteger los bienes y la integridad de los bogotanos”.
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