
La Corte Suprema de Justicia manifestó su respaldo institucional al procurador general Gregorio Eljach, en medio de la controversia generada por las declaraciones del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, quien anunció que presentaría una denuncia penal contra el jefe del Ministerio Público por presunto prevaricato. El pronunciamiento del alto tribunal se dio durante el congreso anual de la Asociación Pro Obras de la Justicia, celebrado en Valledupar, donde los magistrados expresaron su apoyo unánime al procurador.
El espaldarazo del alto tribunal llega tras una semana de tensiones entre el Ministerio de Justicia y la Procuraduría General, a raíz de la indagación preliminar abierta contra Montealegre por presunta participación en política.
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La Corte Suprema destacó la autonomía y legitimidad del organismo de control, y subrayó la importancia de preservar el respeto entre las instituciones del Estado.
Durante el encuentro, los magistrados coincidieron en que los órganos de control y justicia deben actuar con independencia y sin presiones externas. La declaración, que se conoció públicamente este jueves 16 de octubre, fue interpretada como un mensaje de respaldo a la labor disciplinaria del procurador Eljach frente a las actuaciones del ministro.
El pronunciamiento de la Corte se suma a la constancia firmada por un grupo de congresistas, quienes también rechazaron las declaraciones de Montealegre. En el documento, al menos 30 senadores —entre ellos el presidente del Senado, Lidio García, y los legisladores Carlos Motoa y Julio Elías Chagüi— señalaron que las afirmaciones del ministro resultan “calumniosas e injuriosas” y afectan la honra y el buen nombre de una autoridad legítimamente investida.

Los senadores sostuvieron que las expresiones del jefe de la cartera de Justicia constituyen un agravio a la institucionalidad democrática y desconocen la autonomía constitucional de la Procuraduría General de la Nación. El texto enfatizó que las diferencias entre autoridades deben resolverse dentro de los canales institucionales y no mediante declaraciones públicas que puedan debilitar la confianza ciudadana en las entidades del Estado.
La controversia se originó luego de que la Procuraduría confirmara la apertura de una indagación preliminar para determinar si el ministro Montealegre incurrió en presunta participación en política. El proceso busca establecer si algunas de sus declaraciones públicas sobre temas de coyuntura podrían haber vulnerado las normas que limitan la intervención política de los funcionarios del Ejecutivo.
En respuesta, el ministro anunció que denunciaría al procurador Eljach por presunto prevaricato, argumentando que la investigación carece de fundamento jurídico. Estas declaraciones generaron una amplia reacción en el escenario político y judicial, que incluyó mensajes de apoyo al jefe del Ministerio Público por parte de diferentes sectores.
Hasta el momento, Gregorio Eljach no ha emitido un pronunciamiento formal frente a las acusaciones del ministro. Sin embargo, en breves declaraciones a los medios, reiteró su compromiso con las funciones constitucionales de la Procuraduría. “Mi deber es concentrarme en las funciones que tengo como procurador general de la Nación”, señaló.

Durante uno de esos encuentros con la prensa, Eljach pronunció una frase que llamó la atención en medio del debate: “Colombia sabrá lo que hay detrás”. Con esa declaración, el funcionario dejó entrever que las acciones en su contra tendrían motivaciones que, a su juicio, se conocerán en su momento.
El respaldo de la Corte Suprema representa un gesto relevante en el escenario institucional, pues ratifica la independencia de la Procuraduría frente al Gobierno. Fuentes cercanas al alto tribunal señalaron que la posición de la Corte busca evitar que los choques entre entidades afecten la estabilidad del sistema judicial y el respeto mutuo entre los poderes públicos.
El pronunciamiento del alto tribunal también fue interpretado como un llamado a la prudencia en las relaciones entre el Ejecutivo y los órganos de control. Los magistrados recordaron que las diferencias entre funcionarios del Estado deben tramitarse con base en el diálogo y el respeto por las competencias de cada entidad.
Mientras tanto, en el Congreso, algunos legisladores han pedido que el ministro Montealegre presente explicaciones detalladas sobre sus declaraciones, mientras otros han defendido su derecho a cuestionar las decisiones del Ministerio Público. En todo caso, la discusión ha abierto un nuevo capítulo en la tensión entre el Ejecutivo y la Procuraduría, en momentos en que esta última mantiene abiertas investigaciones a varios funcionarios del Gobierno.
Gregorio Eljach, quien asumió la jefatura del Ministerio Público tras la salida de Margarita Cabello, ha reiterado su compromiso con la defensa de la función disciplinaria y la transparencia institucional. El procurador insistió en que continuará cumpliendo su mandato constitucional “sin atender presiones políticas ni personales”.
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