Ministro de Justicia siguió su pelea con el procurador Eljach y ahora también se enfrentó a senadores: “Dios los cría y ellos se juntan”

La disputa entre el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, y el procurador general, Gregorio Eljach, se agudizó luego de una carta firmada por más de treinta congresistas —entre ellos, el presidente del Senado, Lidio García— que salieron en defensa de Eljach y acusaron al ministro de hacer declaraciones “calumniosas e injuriosas”.

Montealegre no tardó en reaccionar. En entrevista con Blu Radio, defendió su derecho a opinar sobre la vida política del país y anunció que interpuso una denuncia penal contra el procurador, asegurando que tiene “pruebas suficientes” para respaldar sus afirmaciones.

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“Tengo muchos elementos de juicio para sostener lo que dije. Por esa razón formulé una denuncia penal en contra del procurador y me constituí en víctima en ese proceso para demostrar las afirmaciones que estoy haciendo. Quien debe responderle al país es el procurador, ¿por qué no contesta? ¿por qué no dice? ¿por qué no responde?”, declaró el ministro.

El origen de la disputa se remonta a una entrevista concedida por Montealegre a la revista Semana, en la que abordó temas de coyuntura nacional y realizó un análisis sobre el expresidente Álvaro Uribe y el precandidato presidencial Abelardo de la Espriella.

Sus declaraciones provocaron la apertura de una investigación disciplinaria por presunta participación en política, adelantada por la Procuraduría.

Sin embargo, el ministro insiste en que sus palabras fueron una reflexión académica y no una intervención en política.

“Ese tipo de opiniones, donde uno expresa su concepción de Estado, su concepción de la sociedad, donde no implica intervenir directamente en una contienda electoral o inclinar balanzas, sino simplemente hacer descripciones y opiniones de la vida nacional, pues indiscutiblemente eso no constituye ninguna intervención en política”, afirmó en la misma entrevista radial.

La carta de los congresistas, que dio pie a la respuesta del ministro, advierte que las expresiones de Montealegre constituyen un agravio a la institucionalidad democrática y desconocen la autonomía de la Procuraduría General de la Nación.

No obstante, Montealegre cuestionó duramente la postura de los legisladores y lanzó una crítica directa al Senado.

“Ellos eligieron a Eljach y la responsabilidad política de haber nombrado a Eljach, con todos los cuestionamientos que tiene su vida pública, pues es una responsabilidad política del Senado. ¿Entonces por qué no piden también un llamado a la objetividad del procurador general en sus decisiones? ¿Por qué el llamado solo es para el ministro de Justicia para que no piense lo que dice, y no hacen el llamado también para que no existan excesos por parte de la Procuraduría?”.

El ministro subrayó que la autonomía e independencia del Ministerio Público no son absolutas y que deben ejercerse dentro de los límites de la ley.

“La Procuraduría también debe moverse en el marco de la ley. Por más autonomía que tenga, la independencia tiene unos límites. Y los límites es que no puede iniciar o hacer interpretaciones caprichosas de la ley para convertir en intervención en política lo que es una opinión en un medio de comunicación y en una entrevista académica”, puntualizó.

El debate sobre los límites de la libertad de expresión de los funcionarios públicos frente al control disciplinario de la Procuraduría se desarrolla en un contexto político tenso. Montealegre ha sostenido que, aunque aún no han comenzado formalmente las campañas electorales, los servidores públicos no pierden su condición de ciudadanos ni su derecho a opinar sobre los asuntos nacionales.

El ministro y la “paz total”

Además de la controversia con Eljach, el ministro también se refirió a otro tema que genera debate: la solicitud de diálogo de paz enviada por Larry Álvarez, alias Larry Changa, cofundador del Tren de Aragua, dirigida al presidente Gustavo Petro, al Ministerio de Justicia y a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. La defensa del líder del grupo criminal pidió que esa organización sea incluida en la política de “paz total”.

Sobre este asunto, Montealegre explicó que la suspensión de extradiciones solo se aplica bajo dos condiciones: que las negociaciones con el grupo estén avanzadas y que exista una colaboración efectiva en los diálogos de paz.

“En todos esos casos se ha suspendido la extradición, pero hay un primer elemento común y es que las negociaciones con el grupo ya se encuentran avanzadas. Y en segundo lugar, el segundo presupuesto es el de que esas personas tienen que estar contribuyendo efectivamente en los diálogos de paz”, afirmó.

Finalmente, Montealegre recordó que la clasificación de una organización como criminal o terrorista no depende de designaciones extranjeras, sino de los procedimientos internos de Colombia, en los que la Fiscalía y el Ministerio de Defensa juegan un papel clave.

En sus palabras, “la clasificación de una organización como criminal para efectos de negociación no es arbitraria, sino que responde a procedimientos definidos por la legislación interna y el derecho internacional”.