
En una situación que causó cierta extrañeza en las redes sociales, solo tres de los 11 senadores listados en el documento de ponencia para el segundo debate sobre el monto del Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2026, entre coordinadores y ponentes, firmaron dicho texto. El proyecto, que será discutido en las plenarias del órgano legislativo, plantea la aprobación de $546,9 billones para la próxima vigencia.
En la proposición aparecen John Jairo Roldán, Claudia Pérez y Aída Avella, integrantes de las comisiones Tercera y Cuarta. Roldán y Pérez, del Partido Liberal, y Avella del Pacto Histórico, establecieron su rúbrica, de cara al análisis del presupuesto que se llevará a cabo en la plenaria; y está en cierto modo atada a al proyecto de reforma tributaria, la 3.0, radicada por el Ejecutivo, por $26,3 billones.
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La ponencia, que ya fue anunciada para la sesión plenaria prevista para el miércoles 15 de octubre, debía contar con la participación de cinco coordinadores y seis ponentes, pero únicamente estos tres legisladores respaldaron el documento. Todo esto en medio de la incertidumbre sobre el Gobierno bajará sus pretenciones con la referida ley de financiamiento, o hará recortes en otros sectores.
Las comisiones económicas del Congreso ya habían dado luz verde el 24 de septiembre al monto del Presupuesto General de la Nación para 2026, luego acordarse una reducción de $10 billones respecto a la propuesta inicial del Gobierno, que ascendía a $556,9 billones. Un acuerdo que se forzó ante el riesgo de que el presidente Gustavo Petro aprobara el presupuesto por decreto, como para 2025.
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La reforma tributaria que se atraviesa en la discusión del Presupuesto General de la Nación
Es válido remarcar que la aprobación de este presupuesto en primer debate por las comisiones económicas del Congreso está condicionada a la sanción de una reforma tributaria o ley de financiamiento, de la cual depende la obtención de los recursos necesarios ante el fracaso de la iniciativa en la vigencia anterior, siendo esta la propuesta de gravamen más alta de la historia.
“El monto del PGN corresponde al 28,9% del PIB. De este total del proyecto original, $26,3 billones son contingentes: dependen de una ley de financiamiento que fue presentada a consideración del Honorable Congreso de la República el 1 de septiembre (283 de 2025 Cámara y 262 de 2025 Senado)“, se expresó en el documento entregado a los presidentes de las comisiones, Enrique Cabrales y Jairo Castellanos.
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Del gasto total, se precisa que el 19% del PIB está destinado a funcionamiento, 5,3% a pagar el servicio de la deuda pública y 4,6% a inversión. “Sus fuentes de financiación son 16,5% del PIB ingresos corrientes, 9,5% del PIB recursos de capital y 1,5% de contribuciones parafiscales y fondos especiales. Dentro de los primeros, 15,6% del PIB corresponde a ingresos tributarios y 0,1% del PIB”, se agregó.
Entre los puntos centrales de la propuesta se encuentran el aumento de impuestos al consumo, que abarca mayores gravámenes al licor, los juegos de suerte y azar y ciertos eventos de entretenimiento; el incremento gradual del IVA a la gasolina y el diésel; el aumento de la carga tributaria para los sectores financiero y minero, y nuevas reglas para los activos digitales.
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A su vez, se prevén ajustes para personas naturales de altos ingresos, y la eliminación de beneficios y ampliación del IVA en el sector turismo. Con ello, se plantea la reforma -al menos por parte del Gobierno- como un complemento esencial para el financiamiento del presupuesto aprobado y para cubrir parte del déficit fiscal del país, en medio de duras críticas al Ejecutivo por la distribución de recursos.
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