El atentado contra el consultor político Luis Peche Arteaga y el activista de derechos humanos Yendri Velásquez, que recibieron varios disparos cuando salían del edificio donde residen como exiliados en Bogotá, desencadenó una tormenta política diplomática, en la que varios políticos colombianos y de América.
El presidente colombiano Gustavo Petro anunció, entre las medidas por el hecho, que se reforzará la seguridad de los activistas venezolanos, que según líderes de la oposición del vecino país, como María Corina Machado –recientemente galardonada con el Nobel de Paz–, eran víctimas de una persecución por parte del régimen de Nicolás Maduro.
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Las voces de la diplomacia internacional no fueron ajenas al ataque sicarial ocurrido en el barrio Cedritos: fueron varias las figuras políticas de oposición de Colombia, Venezuela y Estados Unidos las que condenaron el hecho.
Entre los políticos colombianos que rechazaron el caso destacaron los precandidatos presidenciales Vicky Dávila y Miguel Uribe Londoño, que coincidieron en que debe haber una investigación exhaustiva que establezca responsabilidades en torno al ataque. En esa misma línea se pronunció el concejal de Bogotá Daniel Briceño, que expresó preocupación por el atentado.
En paralelo se pronunció el expresidente Iván Duque, que además expresó su solidaridad con las víctimas y les deseó una pronta recuperación.
El alcance del caso también llegó hasta Washington: algunos congresistas republicanos como Carlos A. Giménez y María Elvira Salazar, que han sido críticos abiertos del Gobierno Petro, también se pronunciaron por el caso: mientras que Salazar pidió a Petro garantizar justicia y protección a los activistas y otros exiliados, Giménez extendió su crítica a Nicolás Maduro, al que acusó de extender la represión contra voces de oposición en la región.
A los parlamentarios estadounidenses se sumaron pronunciamientos de políticos y figuras venezolanas opositoras al régimen Maduro: además de María Corina Machado, otros representantes detractores del régimen chavista como Henrique Capriles, Leopoldo López y Juan Guaidó condenaron el ataque contra los activistas.
Los perfiles de Yendri Velásquez y Luis Peche, las víctimas del ataque armado
Testigos del caso relataron que el ataque armado contra los activistas, que se registró en plena vía pública, ocurrió cuando los agresores realizaron múltiples disparos antes de huir de un edificio residencial: vecinos y trabajadores de la zona acudieron en auxilio de las víctimas hasta la llegada de los servicios médicos, lo que permitió una rápida atención tras el incidente.
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó que los activistas venezolanos se encuentran estables y fuera de peligro tras el ataque armado, en el que recibieron hasta más de 10 disparos.
Yendri Velásquez, una de las víctimas, es reconocida por su labor en Amnistía Internacional y su activismo en la comunidad LGBTI de Bogotá, se estableció en el país tras haber sido víctima de detención y desaparición temporal por parte de agentes del régimen de Nicolás Maduro. Este episodio ocurrió cuando intentaba salir de Venezuela a través del Aeropuerto Internacional de Maiquetía con destino a una conferencia de la ONU.
Desde su llegada a Colombia hace más de un año, Velásquez ha solicitado refugio y se ha involucrado en campañas públicas orientadas a la defensa de los derechos de migrantes y minorías sexuales. Su presencia en la capital colombiana lo ha convertido en una figura de referencia para la comunidad migrante y para los movimientos de derechos humanos.
Por su parte, la otra víctima, Luis Peche, es director de la consultora política Sala 58 y ciudadano con doble nacionalidad venezolana y colombiana. Peche decidió abandonar Caracas en mayo pasado, motivado por el clima de hostigamiento y, especialmente, por el secuestro de su amigo cercano, el periodista Carlos Marcano, a manos de agentes de inteligencia del régimen chavista.
El caso de Peche fue documentado por organizaciones periodísticas y redes de apoyo a la prensa independiente, que subrayaron la persistencia de prácticas represivas contra la libertad de expresión y la seguridad de los comunicadores.
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