“Dejen de llamar”: por qué no debe contestar así si se comunican a cobrarle una deuda

Muchas personas reciben llamadas de números desconocidos a lo largo del día.

Algunas prefieren no responder por temor a estafas, propuestas comerciales o intentos de cobranza.

Otras sí contestan, con la esperanza de escuchar buenas noticias, y en más de una ocasión se encuentran con agentes de casas de cobranza.

Estas llamadas frecuentes pueden ser abrumadoras, y la forma de responder influye en el manejo de la situación, ya que una mala comunicación puede afectar directamente el historial crediticio, al no llegar a acuerdos para saldar una deuda.

En este contexto, Jessica Santodomingo, abogada especialista en deudas, datacrédito e insolvencia, advierte que responder con frases como “dejen de llamarme ya” no resulta útil.

Según explica la consultora legal en su cuenta de Instagram, una actitud confrontativa dificulta cualquier opción de negociación y no resuelve el problema de fondo.

Santodomingo recomienda, en primer lugar, pedir una copia del título valor que respalda la deuda y el estado actualizado de la obligación. Esto ayuda a comprender el motivo del cobro y confirma la legitimidad de la exigencia.

En segundo lugar, sugiere solicitar la autorización y la notificación previa en caso de que la deuda se reporte ante las centrales de riesgo. Este derecho está contemplado en la legislación colombiana y protege la información financiera del titular.

Como tercer paso, si las llamadas resultan excesivas o presionan, la abogada aconseja invocar la Ley 2300 de 2023, denominada “ley Dejen de Fregar”. Esta norma limita la frecuencia de los contactos y protege frente al acoso telefónico.

“Recuerde que las casas de cobranza sí pueden cobrar, pero siempre tiene que ser con dignidad”, publicó Santodomingo en su perfil de Instagram.

Las recomendaciones de la abogada buscan regular las conversaciones entre cobradores y deudores, garantizando respeto y legalidad.

El objetivo consiste en brindar información clara, establecer procesos transparentes y evitar abusos o malentendidos en la gestión de cobranzas.

¿Qué hacer si no puede pagar una deuda?

En Colombia, las personas que enfrentan problemas para pagar sus deudas disponen de varias alternativas legales y prácticas, según lo establecido en el Código General del Proceso. Estas opciones buscan aliviar la carga financiera y evitar el agravamiento de la situación económica.

La primera alternativa consiste en la negociación directa con los acreedores. Las entidades financieras suelen ofrecer canales de atención y líneas telefónicas mediante las cuales informan sobre pagos próximos a vencer.

En este contexto, el deudor puede establecer un diálogo directo con el banco o la entidad correspondiente para pactar un nuevo plan de pagos. Este acuerdo no elimina la deuda, pero sí puede facilitar el cumplimiento de las obligaciones mediante cuotas reestructuradas o nuevos plazos que se ajusten a la capacidad de pago del afectado.

Otra opción, prevista en la ley, es acudir a centros de conciliación autorizados por el Ministerio de Justicia o a una notaría, para tramitar un proceso de negociación de deudas. Esta vía se activa cuando la persona se encuentra en “cesación de pagos”, es decir, cuando han transcurrido más de noventa días con al menos dos obligaciones incumplidas ante dos o más acreedores, y el monto adeudado representa al menos el 50% de todas las obligaciones. Bajo este procedimiento, se busca llegar a un acuerdo formal ante las autoridades, con la intervención de un mediador.

Si la situación financiera se agrava, existe la posibilidad de solicitar la declaración de insolvencia. El trámite se realiza también en centros de conciliación o notarías, una vez se cumplen los requisitos de cesación de pagos durante 120 días y las deudas superan el 60% del total de los acreedores. Esta figura permite al deudor acogerse a un mecanismo judicial para reorganizar sus obligaciones y, eventualmente, proteger ciertos activos.

Por último, existe la alternativa de ajustar el presupuesto personal sin formalizar procesos legales. Analizar los ingresos y priorizar gastos puede ser fundamental para evitar la acumulación de deudas y recuperar el equilibrio financiero. Identificar áreas donde reducir gastos y destinar esos recursos al pago de obligaciones resulta clave para superar situaciones complejas sin recurrir a trámites adicionales.