La Fiscalía General de la Nación decidió precluir la investigación penal contra el mayor (r) José Fernando Calvache Reyes por su presunta participación en el magnicidio del dirigente político Luis Carlos Galán Sarmiento, ocurrido el 18 de agosto de 1989 en Soacha, Cundinamarca.
La determinación fue adoptada por la Fiscalía 128 especializada de la Unidad contra las Violaciones a los Derechos Humanos, que concluyó que no existen pruebas suficientes para mantener la acusación contra el oficial retirado, hoy fiscal de derechos humanos en Medellín.
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El ente investigador sostuvo que el testigo que había vinculado a Calvache Reyes con la planeación del crimen incurrió en múltiples contradicciones. Dicho testimonio fue el único elemento que sustentaba la imputación por los delitos de homicidio con fines terroristas en concurso homogéneo y tentativa de homicidio.
“Precluir la investigación, decisión que favorece los intereses del procesado José Fernando Calvache Reyes (...) tal como se consideró en la motiva, acreditados los requisitos para pronunciarse de esta manera, concretamente porque no cometió los delitos que le fueron imputados de homicidio con fines terroristas en concurso homogéneo (…) y el de tentativa de homicidio de la misma naturaleza”, señaló la Fiscalía.
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Testimonio sin respaldo probatorio
El proceso se originó a partir de la declaración de un hombre identificado como Mario Rueda, aunque no existe certeza de que ese sea su nombre real. Según su versión, después de confirmarse la muerte de Galán Sarmiento, el entonces capitán Calvache se reunió con sus hombres en la Estación de Policía de Soacha para celebrar la noticia.
El testigo aseguró que Calvache formaba parte de la organización del narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el Mexicano, que habría financiado el crimen del líder político junto al Cartel de Medellín, dirigido por Pablo Escobar Gaviria. De acuerdo con la declaración, Rodríguez Gacha habría conseguido a los sicarios debido a sus vínculos con bandas del departamento de Cundinamarca.
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En ese momento, Calvache Reyes se desempeñaba como subjefe de la Sijín de la Policía de Cundinamarca y, según el testigo, habría colaborado con la reducción del esquema de seguridad del precandidato presidencial durante el evento político en Soacha; sin embargo, la Fiscalía estableció que esa versión no pudo ser corroborada con pruebas o documentos oficiales.
El fiscal del caso señaló que existía información que permitía inferir que Calvache no se encontraba en el lugar de los hechos y no tuvo participación en la planeación ni en el operativo de seguridad del acto político. Por esa razón, el despacho decidió archivar el proceso a su favor.
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Apelación de la Procuraduría
El Ministerio Público anunció que apelará la preclusión decretada por la Fiscalía, argumentando que deben ser revisados otros testimonios que también relacionaron al entonces capitán Calvache con el magnicidio.
Esta no es la primera vez que se ordena el cierre del caso en favor del oficial. En abril de 2017, la Fiscalía 39 de la Dirección de Contexto había concluido que no existían motivos para continuar la investigación, aunque el proceso fue reabierto posteriormente en 2021, cuando el testigo Rueda dio su versión.
Actualmente, el juicio por el asesinato de Luis Carlos Galán continúa en curso contra otros exmiembros de la Fuerza Pública. Entre ellos están los generales en retiro Óscar Peláez Carmona, exdirector de la Dijín; Argemiro Serna Arias, exsubcomandante de la Policía de Cundinamarca; y el exdetective del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Héctor Ernesto Muñoz, conocido como la Bruja.
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Un crimen declarado de lesa humanidad
El magnicidio de Galán Sarmiento, ocurrido durante un acto público en Soacha, fue calificado por el Consejo de Estado en junio de 2016 como un delito de lesa humanidad. En esa decisión se señaló que el crimen “constituye un delito de lesa humanidad y, por ende, es imprescriptible”, lo que garantiza que las investigaciones continúen sin límite temporal.
La decisión reciente de la Fiscalía representa un nuevo episodio dentro de un proceso judicial que se mantiene abierto más de tres décadas después de los hechos, en el marco de la búsqueda de responsabilidad por uno de los asesinatos más relevantes de la historia política del país.
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