El fortalecimiento de los mecanismos de control en el sector de los juegos de azar en Colombia dio un paso significativo con la creación de una unidad de policía judicial especializada, según lo dispuesto por Coljuegos en una resolución emitida el lunes 6 de octubre.
Esta nueva dependencia, integrada dentro de la estructura de la Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar, tiene como propósito central prevenir fraudes y responder de manera ágil ante irregularidades en la industria, que representa una fuente clave de recursos para el sistema general de seguridad social en salud.
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La resolución de Coljuegos establece que la unidad de policía judicial estará conformada por un coordinador y un equipo de funcionarios seleccionados para llevar a cabo investigaciones orientadas a detectar y evitar prácticas ilícitas por parte de las compañías que operan juegos de azar en el país.
Entre sus atribuciones, la unidad podrá actuar tanto ante alertas provenientes de fuentes formales como informales, así como iniciar procesos de seguimiento en respuesta a denuncias ciudadanas.
Además, tendrá la capacidad de coordinar operativos conjuntos con otras autoridades y realizar inspecciones técnicas en el desarrollo de sus funciones.
Según lo dispuesto por Coljuegos, la nueva unidad deberá cumplir tareas de vigilancia, control y fiscalización, con el objetivo de fortalecer el control en tiempo real y aportar evidencias probatorias que permitan comprobar la ocurrencia de hechos y el daño ocasionado a los recursos públicos.
La entidad subrayó que la policía judicial del sector operará bajo principios de legalidad, imparcialidad y eficacia, lo que implica que sus miembros deberán realizar un seguimiento detallado a los concesionarios, verificar la exactitud de las liquidaciones de derechos de explotación y exigir la presentación de registros contables.
El funcionamiento de la unidad se articulará a partir de alertas emitidas por las diferentes gerencias de Coljuegos, así como de la evaluación de denuncias relacionadas con riesgos para los recursos públicos o posibles afectaciones al sistema de salud.
Desde su entrada en vigor, la policía judicial de juegos de suerte y azar fue habilitada para ejecutar tareas de auditoría, fiscalización, observación y seguimiento, apoyándose en protocolos internos que permiten priorizar los casos según su complejidad, nivel de riesgo y posible impacto en el patrimonio público.
Para el desarrollo de sus investigaciones, los funcionarios de la unidad podrán utilizar herramientas tecnológicas avanzadas y métodos especializados de análisis de información, lo que facilitará la identificación de patrones de irregularidades o fraudes en las operaciones de los concesionarios.
Con base en estos análisis, la unidad podrá generar alertas preventivas destinadas a corregir conductas ilegales y garantizar la transparencia en el sector.
Entre las funciones más relevantes de la nueva dependencia se encuentra la facultad de citar a los concesionarios para que presenten informes o respondan a interrogatorios en casos de posible evasión de los derechos de explotación.
Además, los miembros de la policía judicial podrán ordenar la exhibición y examen parcial de libros, comprobantes y documentos, con el fin de verificar la exactitud de las operaciones realizadas por las empresas del sector.
En situaciones donde se detecten irregularidades con alto impacto social, fiscal o económico, la unidad cuenta con la potestad de realizar entrevistas, tomar fotografías y generar imágenes forenses.
También está autorizada para recibir, gestionar y entregar pruebas a laboratorios especializados, lo que permitirá sustentar los procesos de fiscalización por presunto fraude al sistema general de seguridad social en salud.
Coljuegos espera que la creación de esta unidad de policía judicial represente un avance sustancial en la lucha contra la ilegalidad en los juegos de azar, al dotar al sector de herramientas más eficaces para la detección, investigación y sanción de conductas que puedan afectar los recursos públicos y la integridad del sistema de salud.
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