La salud mental aparece hoy entre las prioridades públicas en Colombia: datos recientes, citados por Semana, ubican en 66,3 % la proporción de personas que han atravesado algún problema emocional.
Entre las enfermedades más diagnosticadas figuran ansiedad y depresión, con una mayor incidencia entre jóvenes, mientras la cobertura de atención especializada sigue siendo desigual, sobre todo fuera de las principales ciudades.
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La aprobación de la Ley 2460 de 2025 marca un intento por reducir las barreras de acceso a servicios psicológicos, incorporando garantías legales para la atención oportuna. Sin embargo, autoridades sanitarias y colegios profesionales advierten que la norma necesita implementación efectiva: capacidades locales, recursos humanos y estrategias de prevención en entornos educativos y comunitarios son todavía insuficientes para cubrir la demanda.
En ese sentido, la representante del Campo Psicología y Familias del Capítulo Bogotá y Cundinamarca del Colegio Colombiano de Psicólogos —Colpsic—, Paloma Carvajalino Suárez, recordó que el rol de los especialistas no se limita al diagnóstico: deben también educar y promover prácticas de acompañamiento en la sociedad.
“La ciudadanía también debe asumir su rol: Aprender a escuchar sin imponer soluciones, sin minimizar el dolor ajeno ni emitir juicios, es parte del compromiso social con la salud mental. Escuchar con empatía es, en sí mismo, una forma de intervención”.
Esa idea de “escucha activa” se traduce en acciones concretas que las comunidades, colegios y empresas pueden adoptar sin necesidad de esperar a una cita clínica: crear espacios de diálogo, capacitar docentes y líderes comunitarios en detección temprana y establecer rutas claras para derivar casos que requieren atención especializada. Según profesionales consultados por Semana, estas medidas simples pueden reducir el riesgo de crisis y facilitar la búsqueda de apoyo.
Las recomendaciones prácticas difundidas por Colpsic incluyen técnicas comunicativas —como la regla del 80/20 en las conversaciones— y la práctica de reformular lo expresado por la persona en crisis, evitando interpretaciones apresuradas. En palabras de la experta, cuando se trata de motivar a alguien a consultar con un profesional conviene evitar mandatos: “en lugar de decir ‘debes ir al psicólogo’, podemos decir: ‘Lo que estás viviendo merece más apoyo del que yo puedo darte, y un Profesional en Psicología puede acompañarte con herramientas específicas’”. Ese matiz en la comunicación, sostienen, facilita la derivación y reduce resistencias.
Pese a la difusión de buenas prácticas, persistente es la brecha entre la demanda y la oferta de servicios. Regiones apartadas mantienen bajas densidades de psicólogos y psiquiatras por habitante; muchas instituciones de salud no cuentan con equipos completos de salud mental y los tiempos de espera para atención pública pueden ser prolongados. Además, el estigma sigue siendo un freno: miedo a la discriminación laboral, familiar o comunitaria evita que algunas personas busquen ayuda.
La Ley 2460 introduce mecanismos para aproximar la atención a escuelas y centros de salud primaria, y obliga a sistemas de aseguramiento a fortalecer rutas. No obstante, operadores locales piden mayor claridad en la asignación de recursos y en la capacitación de equipos. Centroamérica y varios países de la región muestran que políticas integrales que combinan atención clínica, prevención escolar y redes comunitarias logran reducir la carga de enfermedad mental; expertos en Colombia proponen replicar esos modelos con adaptaciones territoriales.
Entre las señales de alarma figuran las tasas de ideación suicida y las consultas por consumo de sustancias en jóvenes. Instituciones académicas y organizaciones sociales advierten que los servicios de primera línea deben estar preparados para intervenir con protocolos claros y recursos suficientes. Asimismo, llaman a desarrollar campañas de educación emocional dirigidas a padres, docentes y adolescentes.
El Colegio Colombiano de Psicólogos —Colpsic— exhorta a reforzar la formación en salud mental en profesiones vinculadas a la infancia y adolescencia, y a destinar recursos para la atención psicosocial en emergencias y eventos colectivos.
Al mismo tiempo, organizaciones de la sociedad civil piden que la implementación de la Ley 2460 no se quede en el papel y que se priorice la medición de resultados: tiempos de espera, cobertura efectiva en zonas rurales y satisfacción de usuarios.
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