La Defensoría del Pueblo alertó sobre el agravamiento de la situación humanitaria en el Bajo Calima, en el Valle del Cauca, y en el sur de Bolívar, debido al recrudecimiento del conflicto armado en estas zonas del país.
En un informe divulgado por El Tiempo, la entidad indicó que la débil presencia institucional ha permitido el aumento de desplazamientos, confinamientos y hechos de violencia que afectan principalmente a comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas.
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De acuerdo con la Defensoría, en el Bajo Calima se verificó la situación de 516 familias pertenecientes al Consejo Comunitario del territorio, donde persisten amenazas, asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, reclutamiento de menores, violencia sexual y uso de drones para ataques indiscriminados.
“Hemos constatado la ocurrencia de asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, reclutamiento forzado de menores de edad, graves hechos de violencia sexual, especialmente contra mujeres y niñas, uso de drones para realizar ataques indiscriminados y ocupación de viviendas y bienes civiles por parte de los grupos armados ilegales”, señaló la Defensoría.
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El organismo estatal precisó que el pasado 22 de septiembre la columna “Wilson González”, del frente Jaime Martínez de las disidencias de “Iván Mordisco”, irrumpió en una institución educativa durante clases y hostigó a la Fuerza Pública. Días después, el 29 de septiembre, el mismo grupo armado patrulló zonas pobladas, pintó grafitis en viviendas y lanzó una granada con un dron cerca del Sena y un colegio, dejando heridas a dos mujeres.
Pese a la gravedad de los hechos, la Defensoría advirtió que las comunidades permanecen confinadas y no cuentan con la asistencia necesaria. La entidad recordó que desde el 23 de septiembre ha solicitado acciones urgentes a los ministerios del Interior y de Defensa, a la Gobernación del Valle, a la Alcaldía de Buenaventura, a la Unidad para las Víctimas y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para garantizar ayuda humanitaria inmediata.
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Según el informe, estos eventos confirman los riesgos advertidos en la Alerta Temprana 039-23, que ya había señalado la presencia de grupos armados en el distrito de Buenaventura. “Se requiere la activación de mecanismos de atención integral para las comunidades afectadas”, indicó la Defensoría.
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, explicó que la situación en el sur de Bolívar es igualmente crítica. La Serranía de San Lucas se ha convertido en un punto de enfrentamiento entre el “clan del Golfo”, el ELN y las disidencias de las FARC. Solo en lo corrido de 2025, se han registrado 27 emergencias humanitarias, 15 desplazamientos masivos y 12 confinamientos, que han afectado a más de 24.000 personas en municipios como Santa Rosa del Sur, Montecristo, Arenal del Sur, Cantagallo, Morales y Río Viejo.
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La Defensoría reportó secuestros de líderes comunales, como los presidentes de las Juntas de Acción Comunal de las veredas Los Robles y La Marizosa, en Santa Rosa del Sur. Uno de ellos fue liberado tras gestiones humanitarias, pero persisten los ataques con drones, la instalación de minas antipersonal y la ocupación de viviendas y escuelas por parte de los grupos armados.
El organismo subrayó que estas conductas representan graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario, al utilizar civiles como escudos humanos y restringir el acceso a bienes esenciales. Aunque se ha entregado asistencia a más de 3.500 familias, la magnitud de la crisis desborda las capacidades locales. “La respuesta institucional debe ser integral, con enfoque territorial y de derechos”, puntualizó la Defensoría.
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En su comunicado, la entidad solicitó fortalecer la presencia estatal y garantizar medidas de protección para mujeres, niños, niñas y personas mayores. También pidió activar mecanismos de desminado, programas educativos en emergencia y mayor coordinación entre el Gobierno Nacional y las administraciones locales.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo reiteró su llamado a los grupos armados para que cesen las hostilidades y respeten la vida de la población civil. “Se exhorta a las entidades del Estado a garantizar un retorno seguro y digno a las comunidades afectadas”, concluyó el pronunciamiento.
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