El cálculo de las semanas cotizadas se ha convertido en un aspecto central para quienes se preparan para la jubilación en Colombia, especialmente tras la aprobación de la Ley Pensional 2381 de 2024 o reforma pensional como también se conoce.
En este contexto, la pregunta sobre a cuántos años equivalen 1.250 semanas cotizadas ha cobrado especial relevancia, sobre todo para las mujeres que se acercan a la edad de retiro.
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El calculo resulta sencillo que el resultado sale de dividir 1.250 semanas entre las 52 semanas que tiene un año arroja como resultado 24 años, lo que significa que una persona que haya cotizado durante ese periodo cumple con uno de los requisitos fundamentales para acceder a la pensión bajo las nuevas disposiciones.
El sistema pensional colombiano establece que las mujeres pueden pensionarse a los 57 años y los hombres a los 62 años. En el caso de Colpensiones, se exige haber cotizado 1.300 semanas, mientras que en los fondos privados el requisito es de 1.150 semanas.
Otro cálculo sencillo es sería para los hombres que por ley deben cumplir 1.300 semanas cotizadas.
Al igual que la operación anterior, se debe tomar el número se semana y se divide por 52 que es la cantidad de semanas que tiene el año, el resultado es de 25 años de cotización para lograr jubilarse.
- Mujeres: 1.250 (semanas) / 52 (semanas año) = 24 años cotizando para pensionarse.
- Hombres: 1.300 (semanas) / 52 (semanas año) = 25 años cotizando para pensionarse.
Sin embargo, la reciente reforma introducida por la Ley 2381 de 2024 busca ampliar la cobertura y facilitar el acceso a la seguridad social, especialmente para quienes no logran acumular el tiempo necesario para la pensión por vejez.
A partir de 2026, el número de semanas requeridas para pensionarse será de 1.250, lo que representa un cambio significativo en el sistema.
Este ajuste responde a la necesidad de adaptar el régimen a las condiciones laborales actuales y a la expectativa de vida de la población.
Para las mujeres, este dato adquiere una importancia particular, ya que la reforma contempla el pilar solidario, una medida que permitirá a aquellas con 50 años y que cumplan ciertos criterios socioeconómicos acceder a la pensión si alcanzan las 1.250 semanas cotizadas.
La aplicación de estos cambios será independiente del régimen de pensión al que pertenezca la trabajadora, ya sea Colpensiones o un fondo privado, y no estará condicionada a la aprobación final de la reforma.
Sin embargo, cada proceso de jubilación es individual y requiere que la persona verifique que todos sus aportes hayan sido correctamente registrados en el fondo de pensión correspondiente.
Para cumplir con las nuevas directrices, las mujeres deben seguir una serie de pasos: revisar su historial laboral, contar con los soportes de sus aportes, identificar el fondo al que pertenecen y los beneficios que este ofrece, reunir la documentación necesaria para el trámite pensional y asegurarse de cumplir con los criterios de edad y semanas cotizadas.
Ante cualquier duda, es fundamental acudir a las entidades correspondientes y consultar las disposiciones vigentes para determinar si se puede acceder a las alternativas que ofrece el sistema.
En el caso de los hombres, el requisito se mantiene en 62 años de edad y 1.300 semanas cotizadas, mientras que para las mujeres es de 57 años y 1.300 semanas. No obstante, la cantidad de semanas exigidas disminuirá de manera gradual a partir de 2025, hasta llegar a 1.000 semanas en 2036.
Corte Constitucional iniciará debate clave sobre reforma pensional
El debate sobre la reforma pensional en la Corte Constitucional podría iniciar el martes 14 de octubre, tras la radicación de la ponencia por parte del presidente del alto tribunal, Jorge Enrique Ibáñez, el jueves 9 de octubre.
Con este paso, los nueve magistrados están en condiciones de analizar el futuro de una de las leyes más discutidas de los últimos años.
El eje central de la discusión será determinar si el vicio de trámite detectado en la ley fue corregido durante las sesiones extraordinarias convocadas por el Gobierno.
El proceso ha estado marcado por un prolongado enfrentamiento jurídico y político entre el Gobierno Nacional y la Corte Constitucional. En agosto de 2024, el alto tribunal admitió la demanda de la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, quien solicitó la nulidad de la ley por presuntas irregularidades en su trámite legislativo.
En junio de 2025, la Corte devolvió el proyecto a la Cámara de Representantes tras identificar un error en la aprobación del último debate, lo que obligó al Gobierno a convocar nuevas sesiones extraordinarias y remitir la documentación corregida al tribunal.
Las sesiones extraordinarias estuvieron rodeadas de controversia, ya que varios congresistas denunciaron irregularidades en las actas.
Esta situación llevó al despacho del magistrado Ibáñez a solicitar reiteradamente los documentos y a establecer un ultimátum a la Cámara.
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