El asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay ha derivado en un amplio debate sobre las investigaciones del crimen y la manera como este hecho ha sido abordado desde la política.
El abogado Alejandro Carranza, que representa los intereses del presidente Gustavo Petro y de su hijo mayor Nicolás Petro, afirmó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) que hay una “agenda política” que rodea el magnicidio del congresista y que el crimen está siendo instrumentalizado para “crear narrativas en contra del presidente”.
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Esto llevó a la Firma Víctor Mosquera Marín Abogados, en calidad de representante judicial de la familia de Uribe Turbay, a expresar su rechazo absoluto a las declaraciones de Carranza. La firma calificó de “grave acto de desinformación” las afirmaciones del abogado.
“Revictimización contra una familia que ha perdido a un hijo, un padre, un esposo, un senador y un precandidato presidencial, en un hecho que atenta directamente contra la democracia colombiana. El caso de Miguel Uribe Turbay no es ni será una bandera política: es una causa de derechos humanos, un crimen de lesa humanidad y un atentado contra la libertad política y el Estado de Derecho”, señaló la firma.
Indicó, además, que es “inaceptable” que se pretenda manipular el contexto judicial, tanto interno como internacional, para, presuntamente, desviar la atención de los procesos judiciales que involucran a Nicolás Petro Urrego —que tiene dos procesos penales en curso por un incremento injustificado de su patrimonio e irregularidades en la celebración de contratos—, y que se señale “falsamente” la se están gestando deliberadamente “narrativas en contra del Presidente”.
Aunado a ello, la firma señaló a Carranza de actuar en contra del deber de respetar a las víctimas, de la autonomía judicial y de la independencia procesal. Asimismo, advirtió sobre una presunta banalización del derecho internacional de los derechos humanos al recurrir al sistema interamericano con el fin de desinformar o relativizar el asesinato del congresista opositor.
Asimismo, advirtió que se ha tratado de no centrar la atención en las falencias que derivaron en el asesinato del precandidato presidencial del Centro Democrático y de la conducta del presidente Gustavo Petro que, a juicio de la firma y de la familia del senador, habría servido para exacerbar la violencia.
“Rechazamos las insinuaciones que buscan culpabilizar a terceros o encubrir omisiones institucionales, entre ellas las relacionadas con la Unidad Nacional de Protección (UNP), cuya actuación y fallas fueron debidamente denunciadas ante la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, así como los discursos de odio y estigmatización del presidente Gustavo Petro”, añadió.
En consecuencia, informó que se transmitió una protesta formal ante la Cidh por las afirmaciones del abogado y solicitó que se apliquen medidas cautelares teniendo en cuenta las afectaciones causadas por Carranza.
“Insistimos en la adopción de medidas cautelares en favor de la familia del señor Miguel Uribe Turbay, dado que las declaraciones del mencionado abogado evidencian el cumplimiento de los requisitos de gravedad, urgencia y riesgo irreparable, conforme a lo establecido en el artículo 25 del Reglamento de la CIDH”, concluyó.
En septiembre de 2025, el abogado Mosquera presentó una queja ante la Relatora Especial sobre la independencia de jueces y fiscales de Naciones Unidas contra el Ejecutivo en contra del primer mandatario por exponer distintas teorías sobre el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.
Según explicó, la Fiscalía General de la Nación está a cargo de las investigaciones y el jefe de Estado no debe influir en su trabajo. No obstante, el presidente ha dado declaraciones públicas en las que ha informado que, presuntamente, las mafias o personas ligadas al negocio de las esmeraldas estarían detrás del crimen.
“Exigimos que el presidente de la República se abstenga de teorizar o formular afirmaciones carentes de respaldo jurídico y probatorio, y respete el mandato constitucional que garantiza la autonomía de la Fiscalía. Resulta inaceptable que, mediante declaraciones infundadas, se mancille la memoria de Miguel Uribe y se vulnere la dignidad de sus familiares”, señaló el abogado.
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